Publicado: 28/08/2013 04:00
Un cabreo cada vez más palpable se incuba estos días en los despachos de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Y de Renfe Operadora, aunque no es tan profundo como el malestar que recorre su empresa hermana. El enfado se dirige hacia el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor, muy distanciado de la cúpula directiva de las compañías estatales. Desde que se produjo el trágico accidente del Alvia en Santiago, 79 muertos, el pasado 24 de julio, Pastor ha acaparado el protagonismo con su omnipresencia en todos los actos públicos, ha creado una comisión de expertos muy criticada y, para rizar el rizo, su ministerio ejerce de vigilante entre Adif y el juez que instruye el caso, Luis Aláez, al que el Administrador remitirá esta semana una lista con nombres de imputados por el accidente.
Se trata, entre otras cuestiones, de la famosa lista con la relación de todas las personas que han intervenido en la seguridad del tramo Ourense-Santiago en los últimos años, a las que el juez Aláez ha llamado a testificar en calidad de imputados. Ha sido Pastor la que ha dicho que el envío se producirá “esta semana” y que el listado que contendrá será “exhaustivo”. Unas palabras que revelan algo más: de acuerdo con varias fuentes de Renfe Operadora consultadas, Adif ha entregado primero la lista a Fomento, que “supervisará” la relación de personas incluidas. Fomento a su vez dará la lista al Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago cuando lo crea conveniente.
Al parecer, varios miembros de Adif estuvieron deliberando acerca de la documentación a entregar o quién entraría en la lista hasta bien avanzada la madrugada del lunes; y ayer, por la mañana y por la tarde, tuvo lugar otro cónclave en los despachos del ministerio, con la lista ya entregada. Las fuentes ferroviarias consultadas desconocen la razón por la que Fomento exige la relación de puestos, pero algunas personas del sector critican que es precisamente en el ministerio, concretamente en la Dirección General de Ferrocarriles (a cargo de Manuel Niño), donde el organigrama apenas ha variado desde la etapa socialista.
Una comisión muy criticada
Este último detalle, la permanencia de altos cargos en Fomento cualquiera que sea el color político del Ejecutivo, no escapa a los directivos de Adif y Renfe, cuyos presidentes, cada vez más con la soga al cuello, han chocado de frente con el juez. En el auto en el que culpa parcialmente a Adif, Aláez señala “la omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad en la circulación ferroviaria”. En el caso del descarrilamiento de A Grandeira, Renfe y Adif serían, pues, los técnicos, y Fomento el actor político que decide cuál es el trazado o qué sistema de seguridad es mejor para la línea en cuestión.
También hay cierto enojo con el comité de expertos “científico-técnico” que asesora al Gobierno en materia ferroviaria y que emitirá un veredicto en un plazo de seis meses. Al parecer, a varios miembros la comisión, empezando por su presidente Ignacio Barrón, se les asocia con altos cargos de Fomento y Renfe, especialmente con el director del área de Viajeros del operador, Alberto García Álvarez (vinculado al PP). García Álvarez y Barrón forman parte de un consejo ferroviario dependiente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, así como otro de los expertos, Andrés López Pita.
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