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Cerco a Soria en el Supremo: los abogados renovables pedirán que declaren las consultoras de los informes fantasma

La legión de abogados que defiende a las empresas renovables quieren ir a por todas en el Supremo. Pedirán que testifiquen los responsables de los informes fantasma para averiguar si Soria y su equipo intentaron manipularlos y si optaron por no utilizarlos finalmente al constatar que no justificaban el hachazo de 3.000 millones.

El ministro de Industria, José Manuel Soria
El ministro de Industria, José Manuel Soria Gtres

El Tribunal Supremo tiene que decidir en los próximos días si cierra definitivamente el Expediente Administrativo abierto en relación a los más de 300 recursos presentados por los promotores renovables contra el recorte de junio de 2014 o si lo mantiene abierto para recabar documentación adicional.

Sea como fuere, la legión de abogados que representan a los miles de promotores que se agrupan en esos 300 recursos está estudiando ya la posibilidad de pedir que los responsables de los informes de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting declaren en el proceso.

Serán ellos los que podrán contribuir a esclarecer si el Ministerio de Industria y Energía y su 'brazo armado' energético, el IDAE, les presionó para que cambiaran las conclusiones de sus informes sobre los parámetros de costes.

Según fuentes del entorno de estas consultoras y del sector energético, los documentos iniciales recogían unos estándares de costes de las instalaciones muy diferentes a los que quería utilizar Industria para justificar el recorte previsto de 3.000 millones en la retribución a las plantas renovables y de cogeneración.

Estas fuentes confirman que el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, 'número dos' del ministro José Manuel Soria, echó para atrás estos informes y pidió que se rehicieran adaptándose a los criterios marcados desde el Ministerio.

Las consultoras llegaron a ser advertidas de que si no presentaban esos informes a la carta no cobrarían sus honorarios (ascendían a casi un millón de euros IVA incluido), tal y como publicó Vozpópuli.

¿Recibieron presiones de Industria para cambiar sus informes, sabían que éstos no iban a ser usados y sólo se pidieron de cara a la galería, qué incumplió Boston para ser expulsada? preguntarán a las consultoras si lo permite el Supremo

Roland Berger aceptó maquillar su informe, pero Boston se negó y su contrato quedó rescindido por "reiterados incumplimientos", según decidió el IDAE.

En este contexto, los abogados de las renovables quieren que el Supremo acepte la petición de declaración de los responsables de estos informes, una petición que se producirá en cuanto se cierre el proceso administrativo y se abra el de demanda. Será en la fase de prueba cuando se formalizará esta petición.

Los letrados quieren interrogar a las dos consultoras para que aclaren si recibieron presiones y amenazas y de si tenían conocimiento previo de que el Ministerio no iba a utilizar esos informes, dado que desde finales de 2013 ya se les había informado de que el recorte en la retribución a las renovables y cogeneración tendría que ser, sí o sí, de 3.000 millones de euros.

Fuentes jurídicas de algunos despachos señalan que "parece muy sospechoso que el informe que presentó Roland, que ha sido aportado al proceso por el Ministerio después de la petición expresa y reiterada del Supremo, tiene fecha de elaboración de noviembre de 2013, cuando aún no se había redactado ni el Real Decreto ni la Orden Ministerial. Y su fecha de presentación es de octubre de 2014, casi cinco meses de la aprobación de estas normas. ¿Qué retoques se hicieron en ese periodo?, nos preguntamos".

La Abogacía del Estado tendrá que aportar, si es que existen, la metodología y la memoria económica con los parámetros de costes de inversión, denuncian los bufetes

Adicionalmente, la parte defensora de los promotores renovables pedirá explicaciones a Boston de por qué no presentaron el nuevo informe ad hoc que les pidió Industria y cuáles fueron sus supuestos "incumplimientos" que según el IDAE les hizo merecedores de la rescisión del contrato.

Sea como fuere, finalmente Industria no utilizó ninguno de esos informes, ni los primeros que se elaboraron ni los informes fantasma que no llegaron a presentarse, tal y como ha reconocido el propio Nadal.

La Abogacía del Estado tendrá que dar una explicación de todo esto. "Los informes de Roland y Boston no eran vinculantes, se pidieron para contar con un apoyo externo y relativamente independiente, para dar mayor seguridad jurídica al fuerte recorte que se preparaba contra el sector renovable. Sin embargo, ni se han usado y no sabemos cuánto ha pagado el IDAE finalmente de ese millón de euros previsto por unos documentos que se han tirado a la basura", dice otro de los despachos de abogados involucrados en la defensa.

Todos estos abogados y las patronales del sector (Unef, Appa, Anpier) están coordinando estos días las estrategias a seguir ante el Supremo. Tras la aportación a regañadientes por parte de Industria los 170.000 páginas con toda la documentación, abogados y técnicos trabajan contrarreloj para escudriñar entre la hojarasca.

El objetivo es encontrar si Industria ha presentado una metodología y una memoria económica clara con los costes de inversión que justifiquen esa rentabilidad razonable del 7,5% y el hachazo posterior o si, como se temen, esta información no ha sido aportada.

De ser así, pedirán una ampliación del expediente exigiendo la documentación detallada de cómo se llegó a los estándares de costes que se aprobaron finalmente en junio del pasado año.


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