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El actual presidente de Abengoa, imputado por la indemnización de Benjumea

Antonio Fornieles, presidente de Abengoa.

La juez Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, ha imputado a los tres consejeros de Abengoa que el 23 de septiembre de 2015 aprobaron una indemnización millonaria para el expresidente Felipe Benjumea. Entre ellos se encuentra el actual presidente del grupo, Antonio Fornieles.

Los tres consejeros imputados, además de Fornieles, las consejeras Mercedes Gracia, y Alicia Velarde, formaban parte de la comisión de retribuciones y nombramientos que aprobaron los pagos millonarios para los dos exejecutivos principales de la multinacional energética. El exministro José Borrell formaba parte de esa misma comisión, pero, como él mismo explicó en su comparecencia ante el juzgado, citado como testigo este año, se ausentó de esa reunión.

En el auto la magistrada señala que Fornieles actuó en su propio nombre y en represntación de Borrell “quien no consta que estuviera presente”.  En el auto la juez señala que es “procedente la declaración en calidad de investigados de las personas que formaron parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa y que adoptaron los acuerdos de 23 de septiembre de 2015”.  Los tres consejeros están citados en calidad de investigados el próximo día 6 de octubre.

El abogado Felipe Izquierdo y el despacho Iuis+Aequitas, al frente de la plataforma de perjudicados por Abengoa, presentaron querella contra Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones recibidas al abandonar sus cargos (11,4 millones en el caso de Benjumea y 4,5 millones en el de Sánchez Ortega).

Según el Informe de Gobierno Corporativo de Abengoa, Felipe Benjumea recibió en total el pasado ejercicio 15,6 millones y Manuel Sánchez Ortega 8,3 millones, entre salarios e indemnizaciones por cesar en sus puestos. Abengoa se declaró en preconcurso de acreedores el pasado mes de noviembre y en la actualidad ha alcanzado un acuerdo de refinanciación con los principales acreedores al que ahora se tiene que adherir el equivalente al 75% de pasivo total del grupo para evitar el concurso de acreedores.

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