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Las alarmas se encienden en el consorcio del AVE a La Meca: “Si nos lo quitan no hay árbitro al que recurrir”

Una comitiva del Ministerio de Fomento se desplazó a Arabia Saudí a mediados de la semana pasada para tomar el pulso de la situación. La amenaza del Gobierno local persiste aunque la visita de Juan Carlos I y los avances en los trabajos rebajan la tensión.

El Talgo que circulará por el desierto saudí embarcando hacia Oriente Medio
El Talgo que circulará por el desierto saudí embarcando hacia Oriente Medio

El futuro del contrato para la construcción del AVE La Meca-Medina, otorgado en 2011 a un consorcio de empresas españolas Al Shoula, sigue en el aire desde que poco antes de finalizar el año pasado el Gobierno de Arabia Saudí amenazara con su revocación debido a los retrasos que acumulan las obras. La preocupación tanto en las compañías implicadas como en el Ministerio de Fomento ha ido en aumento por este asunto. Fuentes empresariales constatan que si se diera una rescisión unilateral del contrato no existen mecanismos de arbitraje a los que reclamar.

Las amenazas del ministro saudí de Transportes, Abdulrahman Al-Muqrib, encendieron las alarmas y los acontecimientos posteriores no contribuyeron a tranquilizar los ánimos. El consorcio reaccionó con celeridad, introdujo cambios en su cúpula directiva y lanzó un mensaje de unidad. Sin embargo, los primeros contactos del nuevo consejero delegado, Santiago Ruiz, con Al-Muqrib no dejaban precisamente en buen lugar al Ministerio de Fomento: “no quiero hablar más con políticos”, le dijo.

Esta circunstancia ha hecho que, desde las amenazas, Fomento se haya quedado en un segundo plano, eso sí, trabajando en la sombra en el planteamiento de todos los posibles escenarios. Pero el peor de ellos, esto es, la revocación del contrato no tiene fácil solución. Fuentes próximas al consorcio así lo aseguran: “si nos quitan la obra, ni siquiera podemos recurrir a un árbitro”.

Para tomar el pulso a la situación, una comitiva del Ministerio de Fomento viajó a mediados de la semana pasada hasta Arabia Saudí, con el objetivo de comprobar de primera mano el verdadero riesgo de que el consorcio pierda el contrato, lo que sería un golpe mortal para la denominada ‘marca España’. La preocupación va en aumento en los despachos ante la peculiaridad de un cliente especialmente arbitrario.

“La obra es muy complicada pero el cliente tampoco es fácil”. Sin ir más lejos, las mismas fuentes atribuyen el cese del anterior consejero delegado del consorcio, Rafael Valero, a la escasa sintonía que tenía con él el ministro Al-Muqrib. “Literalmente exigió que tenía que salir del consorcio si queríamos seguir con el contrato”.

El particular antecedente de OHL

Mientras, la ministra Pastor ha optado por la prudencia y no ha repetido viaja a Riad. El pasado año tuvo que lidiar con los problemas que Sacyr tuvo en Panamá cuando también estuvo cerca de perder el contrato de ampliación del Canal debido a los problemas de liquidez de la obra.

Sin embargo, la experiencia no le vale de mucho a Pastor porque el escenario es totalmente distinto. En el país centroamericano, al menos, existían mecanismos de reclamación, lo que no se contempla en el caso del AVE a La Meca.

Precisamente uno de los miembros del consorcio, OHL, puede dar fe de cómo se desarrollan los acontecimientos en Oriente Medio. El verano pasado, el Gobierno de Qatar rescindió el contrato logrado por la compañía controlada y presidida por Juan Miguel Villar Mir para la construcción de un gran hospital en Doha alegando incumplimientos en el ritmo de trabajo y en los plazos de entrega.

Aunque la obra contaba con un avance del 95% y OHL negó las acusaciones, las autoridades qataríes actuaron de forma fulminante. La reclamación de OHL ante la Cámara de Comercio Internacional, organismo de arbitraje con sede en Londres, no impidió que, apenas una semana después, Qatar seleccionara a otra empresa para que finalizara los trabajos, casualmente una constructora propiedad del antiguo emir del país Hamad bin Khalifa Al-Thani. El contrato está valorado en unos 1.600 millones de euros.

Tras la rápida reacción del consorcio y una nueva mediación del rey Juan Carlos, que transmitió in situ a las autoridades saudíes el compromiso de que las empresas españolas cumplirían con lo establecido, el Ministerio de Fomento también se ha puesto manos a la obra para tratar de impedir un daño de consecuencias incalculables. Pero la ministra ya sabe a ciencia cierta que no será fácil.


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