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El Gobierno no descarta nuevos sobrecostes en el ATC porque "lógicamente puede tener imprevistos"

Señala que hay "motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente" por tratarse de un proyecto "para el cual no existe una referencia en el mundo que sea simultáneamente del mismo tipo".

De momento, el presupuesto del almacén nuclear ha pasado de 700 millones a 900 millones.
De momento, el presupuesto del almacén nuclear ha pasado de 700 millones a 900 millones. EFE

El Gobierno admite que el coste del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) puede seguir creciendo con respecto a los 900 millones de euros presupuestados actualmente.

Según el Ejecutivo, hay "motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente" para la infraestructura, como el hecho de que "un proyecto de esta naturaleza para el cual no existe una referencia en el mundo que sea simultáneamente del mismo tipo y del mismo tamaño, puede lógicamente tener imprevistos no contemplados en el diseño original o derivados de requisitos adicionales de las autoridades reguladoras durante el proceso de licenciamiento de la instalación".

El presupuesto del ATC se ha disparado de los 700 millones de 2007 a los 900 millones actuales, algo que el Gobierno atribuye en buena medida a "la actualización a euros de 2014", que, dice, ha tenido un impacto que cifra en 111 millones de euros.

El resto del sobrecoste se explica, según el Ejecutivo, por factores como la inclusión de nuevos edificios y sistemas para la gestión del combustible: almacén de espera de contenedores, taller de mantenimiento de contenedores y sistemas de tratamiento de residuos secundarios, "los cuales no habían sido contemplados en el diseño genérico de 2003". Además, "el presupuesto presentado en 2007 no contemplaba infraestructuras y equipamientos ligados al emplazamiento, tales como el Plan de mejora" de carreteras, una estación de transferencia y una subestación eléctrica. "En la actualidad, con la información disponible, se mantiene la cifra de 900 millones de euros como presupuesto", señala.

El cumplimiento de los plazos "dependerá fundamentalmente" de las autorizaciones que deben dar el CSN y Medio Ambiente

El proyecto que promueve Enresa, la mayor infraestructura pública que va a poner en marcha el actual Gobierno, está actualmente en fase de solicitud de autorización previa y de construcción por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá decidir sobre su viabilidad desde el punto de vista de la seguridad nuclear en torno a la primavera del próximo año.

En respuesta a una batería de preguntas del diputado de IUCayo Lara, el Gobierno insiste en que, tras la caracterización del emplazamiento llevada a cabo por Enresa, "los resultados obtenidos y presentados en la mencionada documentación de solicitud de autorizaciones confirman la idoneidad del área donde se ubicará la instalación", y asegura que "hasta la fecha, se están cumpliendo los plazos previstos en el programa".

No obstante, "el cumplimiento de este programa en el caso de las obras principales de la instalación nuclear dependerá fundamentalmente de los plazos que requieran la evaluación" del CSN y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá emitir la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental de la instalación.

Iberdrola Ingeniería se ha adjudicado casi el 10% del importe licitado hasta ahora

El Ejecutivo también sale al paso de las adjudicaciones que Enresa ha encomendado a Iberdrola Ingeniería, empresa que fichó como consejero al marido de la presidenta manchega, María Dolores de Cospedal (a la que se atribuye la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas). Dice el Gobierno que "en el sector de las ingenierías no existen muchas empresas con la capacidad necesaria para hacerse cargo de este tipo de proyectos y, entre ellas, esta empresa es una de las pocas españolas". Y añade que el montante de los contratos adjudicados hasta ahora a la filial de la eléctrica por Enresa "supone un porcentaje del 9,97% (4.576.121,88 euros, sobre 45.877.161,28 euros), adjudicaciones que, como se ha indicado anteriormente, se han ajustado a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público".

En su respuesta a Lara, también niega el Gobierno que se hayan fraccionado contratos durante las licitaciones en varios concursos, como aseguran diversas fuentes.

Señala que "existe un proceso de auditoría interna continuo sobre el ATC y, durante el periodo septiembre-octubre de 2013, fue realizada una inspección del Ministerio de Economía y Competitividad" que concluyó que "no se han detectado en el curso de la visita fraccionamientos de contratos a partir del cruce de datos de objeto y periodo, aunque sí se observan contratos con denominaciones similares en distintos periodos que, no obstante, están suficientemente justificados desde el punto de vista técnico".


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