Publicado: 18/02/2014 12:01
El proyecto de construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) amenaza con dinamitar las relaciones entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la empresa pública que lo promueve, Enresa, que tras asegurar hace meses que el terreno elegido para ubicar el silo es “perfectamente viable”, a día de hoy todavía reconoce “la posible existencia de ciertas inestabilidades” en la parcela seleccionada que podrían disparar los costes de una instalación multimillonaria.
Varias fuentes confirman el creciente malestar en el seno del hólding público, dependiente del Ministerio de Hacienda, por la forma en que la empresa presidida por el exalcalde de Ciudad Real, Francisco Gil-Ortega, está llevando a cabo el proceso de construcción de la multimillonaria instalación.
Esas fuentes señalan, entre las razones del desencuentro, el temor a que el coste del proyecto (en principio, estimado en unos 900 millones de euros) se dispare por una mala elección de los terrenos; el riesgo de que las incertidumbres sobre el emplazamiento echen por tierra el objetivo de que el centro esté operativo en 2018 e, incluso, discrepancias por el fraccionamiento de contratos relativos al ATC, que contribuirían al consiguiente descontrol de costes.
La empresa pública, que está manejando todo lo que rodea el silo nuclear con una sensacional falta de transparencia, sigue a lo suyo, adjudicando, millón a millón, el rosario de licitaciones relativas al costoso proyecto que servirá para custodiar temporalmente (durante 60 años) los residuos nucleares de alta actividad generados en España.
La empresa que fichó al marido participa en los principales contratos adjudicados para construir el almacén
Mientras resuelve sus dudas sobre si el solar elegido es válido o no para albergar el ATC, Enresa ha vuelto a elegir a la empresa que fichó al marido de la gran valedora de Gil-Ortega para Enresa, la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, para un importante contrato vinculado a la instalación.
La empresa pública ha adjudicado, por un importe neto de 5,45 millones de euros, los servicios de ingeniería para el diseño del laboratorio de combustible gastado del futuro centro a una UTE formada por Westinghouse, Técnicas Reunidas y Ghesa, empresa participada por Iberdrola Ingeniería, la filial de la eléctrica que tiene como consejero desde hace año y medio al empresario inmobiliario Ignacio López del Hierro, casado desde 2009 con la secretaria general del PP.
Se trata del segundo mayor contrato licitado hasta ahora por Enresa para poner en marcha el basurero nuclear conquense y, de nuevo, ha recaído en parte en un consorcio participado por la antigua Iberinco, como ya ocurrió hace un año.
Entretanto, Enresa acaba de sacar a concurso un estudio para la "Investigación de las características del terreno" del ATC en cuyo pliego de condiciones encomienda al adjudicatario analizar “la posible existencia de ciertas inestabilidades del terreno localizadas, evaluando su posible descenso o elevación” e incluyendo “las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención, técnica y económicamente viables".
El riesgo de que el emplazamiento elegido requiera de cimentaciones especiales para sortear posibles cavidades en el subsuelo ya aparecía en un informe en manos del Ministerio de Industria desde hace un año y, según los expertos, si se materializa disparará el coste de la instalación.
El malestar de la SEPI con Enresa, que a esta última no le “consta”, en palabras de una portavoz, es, según varias fuentes consultadas, “monumental”. Un portavoz del hólding adscrito al Ministerio de Hacienda, preguntado sobre este asunto, ha señalado que no hay “nada que decir” sobre esta cuestión, que atañe a la SEPI como accionista minoritario de Enresa con el 20%. El resto pertenece al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de Economía.
Villar de Cañas fue elegida en una decisión política cuya autoría se atribuye a la presidenta castellano-manchega
El posible retraso en la construcción del almacén es un escenario que puede penalizar al maltrecho bolsillo de los consumidores y que ya no descarta ni el propio Gil-Ortega, un político con nula experiencia en el sector nuclear que hace un año ya reconoció en el Congreso, a puerta cerrada, la posibilidad de que aparecieran yesos en el subsuelo del terreno que Enresa adquirió en 2012, sin haberlo analizado primero. La localidad conquense fue elegida tras la decisión política (atribuida a Cospedal) del Gobierno de Mariano Rajoy de ubicar allí el cementerio nuclear, pese a que era la peor opción desde el punto de vista geológico entre los cuatro pueblos aspirantes.
El mes pasado, en un acto público celebrado en Madrid bajo la atenta mirada de una Cospedal cada vez más cuestionada dentro de su propio partido, el presidente de Enresa subrayó que tiene preparado un “plan de contingencia” para el supuesto de que el ATC se retrase más allá de 2018, cuando debería empezar a funcionar. El almacén, una infraestructura que lleva décadas pendiente, es “un proyecto de Estado en el que todos tenemos que darnos la mano”, indicó el directivo, quizás en una alusión al enfrentamiento con la SEPI.
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