Publicado: 23/07/2015 04:00
La documentación completa con los informes sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para desarrollar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares llegó al cuerpo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a sus consejeros (dos del PP, dos del PSOE y uno de CiU) horas antes del Pleno que tuvo lugar en la mañana de este miércoles en la sede del organismo.
Así lo confirman las fuentes conocedoras del proceso, que añaden que el presidente del CSN, Fernando Marti, colocado en el cargo por el ministro de Industria, José Manuel Soria, está haciendo todo lo posible para acelerar los procesos de aprobación de la "autorización previa" con el objetivo de que el basurero nuclear esté en marcha antes de que lleguen las elecciones generales de otoño.
Ante esta situación, algunos de los consejeros del CSN mostraron ayer en el Pleno su malestar por el retraso con el que han llegado los informes, que las fuentes consultadas califican de "pobres técnicamente".
De un día para otro, los consejeros y sus equipos no pueden analizar en profundidad los informes y tomar la decisión sobre si los terrenos elegidos en Villar de Cañas (Cuenca) son o no idóneos para construir allí un cementerio nuclear, un búnker que requerirá grandes medidas de seguridad y tendrá que ser construido a prueba de todo tipo de imprevistos (terremotos, fugas radiactivas, ataque terrorista…).
El presidente del CSN quería que los consejeros dieran el 'sí' este mismo miércoles, pero éstos han pedido tiempo para poder analizar los informes, algunos de los cuales llegaron menos de 24 horas antes de que se celebrara el Pleno
Dado que los informes han llegado tarde y que hay dudas fundadas desde el principio de que esos terrenos pueden no ser seguros y de que la elección de ellos fue más política (imposición de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha) que técnica, los consejeros se han decantado por aplazar la decisión para uno de los dos próximos plenos (última semana de julio y primera de agosto).
La "autorización previa" que tanto desea el Gobierno tendrá que esperar, porque los consejeros quieren realizar un análisis exhaustivo de toda la documentación. El hecho de que los informes hayan llegado tan tarde, para las fuentes consultadas, responde a las prisas del Ejecutivo por sacar adelante del proyecto a toda costa y al intento de que el Pleno lo apruebe con celeridad y sin un riguroso examen que podría demorar el plácet más allá de las elecciones.
Un cambio de Gobierno podría dar al traste con un proyecto, valorado inicialmente en unos 1.000 millones de euros, que es vital para garantizar la seguridad de la basura nuclear de toda España para las próximas generaciones.
Estas fuentes denuncian también la "opacidad y poca transparencia" con la que Marti y su equipo al frente del CSN está llevando el proceso. "La información y documentación llega con cuentagotas a los técnicos y a los consejeros", añaden. "Se están recibiendo presiones desde el Gobierno para que las primeras autorizaciones se aprueben a toda prisa y antes de que el consejo de vaya de vacaciones", señala otra fuente.
La propia Enresa solicitó la evaluación conjunta de las autorizaciones de emplazamiento y construcción, pero el CSN ha decidido de forma unilateral aprobar la primera por separado para acelerar el proceso
Otra prueba de las prisas y opacidad con la que se lleva el proceso la representa la decisión unilateral tomada por el CSN de aprobar por separado la autorización previa de emplazamiento y la de construcción. La sociedad pública Enresa, responsable del proyecto, solicitó la evaluación conjunta de esas dos autorizaciones, pero el presidente del CSN, por indicación del Ejecutivo, las ha separado porque la valoración de las dos a la vez necesitaría más tiempo que si ésta se hace por separado.
El CSN quiere dejar para más adelante la aprobación de la autorización de construcción, pero quiere llegar a las elecciones con el 'sí' a la autorización previa para que todo quede atado y bien atado.
El lío montado en torno al ATC se refleja en la paradoja de que el supervisor nuclear, que durante meses ha sido muy crítico y exigente con la elección e idoneidad del emplazamiento, va a conceder la autorización sin que los sondeos adicionales que le ha pedido a Enresa siquiera hayan empezado.
La sociedad pública ha convocado un concurso para que se hagan estos sondeos del terreno entre septiembre y mediados de 2016. Podría darse la circunstancia de que estas nuevas prospecciones concluyan que los terrenos no son aptos ni seguros para un almacén tan sensible, lo que obligaría a parar el proyecto y buscar un nuevo emplazamiento, aunque el CSN haya dado meses atrás la autorización previa para desarrollarlo.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.