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El Gobierno prevé vender paquetes adicionales de AENA al estilo de las privatizaciones de los 90

El Ejecutivo pretende seguir con AENA el modelo puesto en práctica a finales de los 90 con privatizaciones como las de Telefónica, Endesa y Repsol, que también mantuvieron al principio el control del Estado para después perderlo en sucesivas ventas de acciones.

La ministra de Fomento Ana Pastor junto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en la inauguración del nuevo 'hub' de Air Europa.
La ministra de Fomento Ana Pastor junto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en la inauguración del nuevo 'hub' de Air Europa. EFE

El modelo elegido por el Gobierno para privatizar parte del gestor aeroportuario AENA permitirá al Estado mantener la mayoría del capital… pero sólo por el momento. El Ejecutivo prevé que la venta de un 49% del capital de la compañía sea el primer paso de un proceso que terminará con buena parte de AENA en manos privadas, al estilo de las privatizaciones de finales de la década de los 90 que tan buen resultado dieron, tanto para las arcas públicas como para los inversores.

Al modo de lo que sucedió en su día con empresas como Telefónica, Repsol y Endesa, en las que el Estado se fue deshaciendo paulatinamente de su participación aunque en la primera maniobra de privatización se quedó con el control, también sacará a la venta sucesivos paquetes de acciones de AENA a lo largo del tiempo, hasta terminar, como en las anteriores, con una participación simbólica o incluso completamente fuera.

La idea se ha extendido entre potenciales interesados en entrar en el capital de AENA a los que ha decepcionado un tanto la fórmula elegida para su venta, dado que la inversión que hagan en la compañía que controla la red de aeropuertos españoles y que es el primer operador del mundo por número de pasajeros no les permitirá tener la última palabra en las decisiones que marcarán el futuro de la empresa.

Y precisamente han sido los inversores el principal foco de preocupación del Gobierno paran diseñar la venta de AENA. El esquema elegido finalmente es menos agresivo que el que llegó a plantearse el Ejecutivo, que contemplaba que el Estado tan sólo se quedara con el 40% del capital de AENA y, por lo tanto, la mayoría de las acciones (y el control efectivo de la compañía) estuviera en manos privadas.

Decisión precipitada

Era el modelo preferido por la mayoría de los institucionales a los que había sondeado el Gobierno. Pero la batalla surgida en el seno del Gobierno por el sistema y la idoneidad de vender parte del capital de AENA ha provocado una decisión definitiva algo forzada, sobre todo por el calendario.

El tiempo se echaba encima y las últimas semanas antes de la llegada del verano eran la última posibilidad para que la operación pudiera completarse antes de la llegada de un 2015 políticamente muy intenso, marcado por las elecciones autonómicas y municipales y el fin de la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, con los correspondientes comicios generales.

El Ejecutivo trata así de tranquilizar a unos inversores que, no obstante, aprovecharán la precipitación a la hora de dar luz verde a la operación para abaratar su entrada en el capital de AENA.

En este sentido, el Gobierno es consciente de que los ingresos por la venta del 49% del gestor aeroportuario público serán inferiores a los que hubiera obtenido de haber llevado a cabo un proceso más agresivo.

Ingresos en torno a 2.500 millones

Los fundamentales de compañías comprables (grandes grupos aeroportuarios cotizados como Fraport o Aeroports de Paris) apuntan a una valoración que supondría multiplicar por diez el resultado bruto de explotación (Ebitda). Fuentes del mercado apuntan a que AENA cerrará 2014 con un beneficio antes de impuestos algo superior a los 1.700 millones de euros.

Tras descontar la deuda del grupo, que prosigue siendo abultada, cercana a los 11.000 millones de euros, la valoración del porcentaje que saldrá a la venta se sitúa en el entorno de los 3.000 millones de euros.

El modelo elegido por el Ejecutivo pondrá muy difícil llegar a esta cantidad, que se podría quedar en el entorno de los 2.500 millones de euros por la ausencia de la prima de control.

Eso sí, los inversores privados ya saben que finalmente acabarán teniendo ese control y quizá no tengan que esperar demasiado para hacerlo. Todo dependerá de un futuro político que ahora mismo se plantea más que incierto. En el Gobierno estiman que aún resta más de un año para las generales y que eso es mucho tiempo.


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