El Gobierno sugiere por primera vez despedir con 20 días por año de indemnización en las compañías públicas

Mientras la dirección de Aena y los sindicatos negocian estos días el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter voluntario con el que la autoridad aeroportuaria quiere despedir a, como mínimo, 1.500 de sus 13.000 empleados, poco a poco se filtran detalles sobre los planes que alberga el Ministerio de Fomento con las empresas públicas estatales que están en su órbita. En aras de la “racionalización” y la “competitividad”, el Gobierno, ya se sabe, adelgazará la plantilla de Aena y Renfe. Ahora, la novedad es la indemnización que, según fuentes gubernamentales, puede ser de 20 días por año trabajado. Pura reforma laboral.

Por lo pronto, despedir con 20 días al personal laboral es una potestad tolerada por la nueva ley, aunque no es seguro que esto vaya a ocurrir: en primer lugar, porque esto puede acarrear más conflictividad con los representantes sindicales; además, se trata de un ERE voluntario, lo que puede disuadir a muchos trabajadores a los que no les salgan las cuentas; finalmente, los sindicatos entienden que lo que abunda son directivos en el organigrama antes que personal ferroviario o aeroportuario.  

La vía de los 20 días ha sido confirmada por varias partes en el ministerio. No así por la dirección de Aena, inmersa en la negociación con los sindicatos. De hecho, el ERE de la autoridad aeroportuaria solo afectará a los empleados mayores de 55 años. Más detalles que han ido revelándose durante las conversaciones: quienes se acojan al expediente de Aena, recibirán el 85% del salario fijo del convenio, excluyendo complementos. Se ha hablado de prejubilaciones, pero la dirección niega este término. También se ha comentado el coste que el ERE voluntario tendrá para el Estado: la cúpula ha respondido que se financiará con fondos propios y no supondrá costes para los contribuyentes

Varias huelgas en Renfe

Diferente es la situación de Renfe, compañía que oficialmente no ha aprobado un expediente de regulación. Poco le falta: a finales de septiembre, el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, reconoció al término de unas jornadas en Málaga que había un “exceso de personas (14.000 empleados) y con una edad media elevada”, lo que en su opinión debe derivar en “un proceso voluntario de regulación de empleo”. La conflictividad sí se ha notado en Renfe, con varias huelgas en las últimas semanas.