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Florentino Pérez prepara la devolución del Castor al Estado y le exige una indemnización de 1.400 millones

El presidente de ACS, accionista mayoritario del Castor, prepara la devolución al Estado de la concesión recibida por 25 años para explotar el almacén submarino de gas que en septiembre provocó más de 500 terremotos. El objetivo de Florentino Pérez, que no tiene comprador para su participación en el proyecto, es cobrar la indemnización por los costes incurridos, que se han triplicado hasta los 1.461 millones de euros.

Florentino Pérez, presidente ACS, empresa propietaria del almacén Castor.
Florentino Pérez, presidente ACS, empresa propietaria del almacén Castor. GTres

Florentino Pérez, presidente de ACS, socio de control de Escal UGS, la compañía que explota el Castor, está planeando devolver al Estado la concesión para la explotación del almacén de gas subterráneo por 25 años y cobrar la indemnización correspondiente, que podría superar los 1.400 millones de euros si atendemos a la primera auditoría económica realizada al proyecto.

Según confirmaron a Vozpópuli varias fuentes al tanto del proceso, el presidente del Real Madrid ha sondeado al ministro de Industria y Energía,José Manuel Soria, con el objetivo de pulsar la opinión del Gobierno al respecto.

ACS, que se considera constructor del proyecto, planeaba vender su participación a un socio especializado en la gestión de almacenamientos de gas. Concretamente a Enagás, con la que firmó un preacuerdo para venderle la mitad de su participación, pero el operador gasista español ligó la ejecución de ese acuerdo a la puesta en servicio del Castor y a estar funcionando con normalidad.

Sin embargo, todo se truncó cuando Escal UGS comenzó a inyectar gas en el almacén situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), desatando una oleada de terremotos que acabó con la paralización temporal de las actividades decretada por Industria, tras declararse más de 500 sismos, tal y como informó con detalle Vozpópuli.

A partir de octubre pasado, se abrió una guerra dialéctica entre el Gobierno y Escal UGS, dada la alarma social provocada por los terremotos y el impacto que podría tener uno de alta intensidad en la zona. Se encargaron varias auditorías tanto técnicas como económicas sobre la infraestructura, cuyo coste inicial se fijó en unos 500 millones de euros. Sin embargo, han sido tantos los sobrecostes del almacén que su coste final casi triplica al inicial, situándose en 1.461 millones de euros, según el informe de la auditora DNV, a la que Industria le encargó la auditoría técnica y financiera del Castor.

Tanto Escal como sus dos socios, ACS (66%) y la canadiense Dundee Energy (33%), han insistido estos meses en que el almacén es seguro y está preparado para entrar en funcionamiento.

ACS y Dundee, su socio en el proyecto, han dejado caer estas semanas que la adjudicataria tiene el derecho a devolver la concesión en cualquier momento durante los 25 años de explotación

Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno no se va a arriesgar a reabrir, al menos en el corto y medio plazo, un almacén innecesario para el sistema gasista y que podría volver a provocar nuevos seísmos.

Por lo pronto, cualquier pronunciamiento público de Industria al respecto se pospondrá, como poco, hasta después de las elecciones europeas. Así que Florentino, que asume ya que no va a poder vender su participación en el Castor, prevé devolver la concesión para poder así exigir al Estado una indemnización.

Ya se han encargado Dundee Energy primero y ACS después (ayer lo recogía en su informe de gestión presentado a la CNMV) de recordar que el adjudicatario de la concesión tiene el derecho de revertir la infraestructura a la Administración.

ACS preveía salir del proyecto al vender parte de su paquete accionarial a Enagás, pero la oleada de terremotos y el cierre temporal de la instalación truncó sus planes

Así se recoge tanto en los contratos de adjudicación como en las cláusulas de actualización firmadas por Industria en la época de Zapatero, ante la desviación presupuestaria que estaba sufriendo el proyecto de construcción.

ACS recuerda al Gobierno que la concesión se podrá devolver en cualquier momento durante los 25 años de explotación, con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en los casos en que se acreditara dolo o negligencia.

En esa misma línea se ha manifestado el Tribunal Supremo, que dio la razón a ACS y le legitimó para cobrar esa indemnización.

Si ha habido dolo, negligencia o sobrecostes injustificados, el adjudicatario podría no cobrar la indemnización o recibirla sólo parcialmente

Pero ahí radica la cuestión principal del vodevil. Si las auditorías encargadas por Industria detectan dolo o negligencia en los procesos de inyección de gas o sobrecostes injustificados en la construcción del almacén, a ACS se le podría poner muy cuesta arriba el cobro de la indemnización si devuelve la concesión.

El propio presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, llegó a reconocer hace poco más de un mes que la inyección de gas en la planta pudo haber “forzado” los seísmos. Lo hizo ante el Consejo Valenciano de Cultura, al señalar que los 600 millones de metros cúbicos de gas inyectados en el depósito vacío del almacén pudo provocar una “hipertensión de 7 u 8 bares más, de los 170 que ya tenía” y “forzar” y “adelantar” los seísmos que, según dijo, “se producen periódicamente en la zona”.

El presidente de Escal ha reconocido que la inyección de gas pudo provocar una "hipertensión" en el almacén y "forzar" y "adelantar" los seísmos que se dan en la zona

Aún así, Del Potro se mostró confiado en reabrir la planta porque los informes geológicos sobre la situación “son tranquilizantes”.

Pero no sólo pudo haber negligencia en la inyección de gas. En Industria y en el sector gasista creen que triplicar el coste de desarrollo de la infraestructura tiene que estar muy justificado y respaldado por las auditorías encargadas para que sirvan de base para una posible indemnización.

Sin embargo, el objetivo de Florentino Pérez es cobrar los más de 1.400 millones de euros que ha costado el proyecto, una cantidad que acabaría pagando el sistema gasista en general y los consumidores en particular.


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