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La Justicia da la espalda a ACS en las radiales: afronta ejecuciones de garantías por 74 millones

Los tribunales han dado la razón a la banca acreedora de las sociedades concesionarias de las radiales de Madrid R-3 y R-5, que en su día reclamaron la ejecución de las garantías por impago. ACS admite que el proceso supondría un coste de 74 M.

ACS, afectada por los problemas de las radiales de Madrid
ACS, afectada por los problemas de las radiales de Madrid Europa Press

Los procesos judiciales abiertos por la quiebra de las concesionarias de autopistas de peaje continúan su curso a la espera de que el Gobierno concrete su plan de rescate. Es el caso del proceso de ejecución de garantías que iniciaron hace algo más de un año los acreedores de la sociedad que rige los destinos de las radiales R-3 y R-5 de Madrid, petición que fue recurrida por los accionistas de la concesionaria. La Justicia ha desestimado el recurso y, por lo tanto, ordenado que se siga adelante con la ejecución.

ACS, uno de los principales accionistas de la concesionaria Accesos de Madrid, ha reconocido la decisión judicial, que podría suponer la ejecución de garantías por un valor cercano a los 74 millones de euros. En su último informe anual, el grupo presidido por Florentino Pérez admite que el proceso de oposición a la ejecución presentado en su día por la concesionaria, en el que se argumentaba un presunto defecto de forma, ha sido desestimado a través de un auto judicial “en el que se ordena seguir la ejecución adelante”.

El proceso continúa en tanto en cuanto los tribunales no han entrado aún en el fondo del asunto ya que la estrategia de la concesionaria se ha basado, en un primer momento, en tratar de tumbar la ejecución de las garantías desde el punto de vista formal.

Sin embargo, este camino ha quedado agotado, por lo que el riesgo de que la ejecución se haga efectiva se ha incrementado de forma notable.

Tres procesos en paralelo

ACS recibió en febrero de 2014 la primera notificación en la que se le exigía la ejecución de las garantías que aportó para la financiación de la concesionaria que se encarga de la explotación de las radiales R-3 y R-5, dos de las autopistas de peaje afectadas por el desplome de los tráficos, y que se vio obligada a solicitar el concurso de acreedores.

La petición de ejecución estaba liderada por Bankia, que es uno de los principales acreedores de la concesionaria.

En paralelo a estos dos procesos, esto es, el concurso de Accesos de Madrid y la petición de ejecución de garantías por parte de los acreedores de la concesionaria, hay en marcha un tercero por el que la banca solicita a los accionistas la aportación de fondos adicionales. Este tercer procedimiento ya cuenta con una primera sentencia en primera instancia que desestima la petición por parte de la banca, aunque la decisión también ha sido recurrida.

Un rescate que no llega

La demora por parte del Gobierno en articular un plan para el rescate de las autopistas de peaje en quiebra ha hecho que los diferentes concursos de acreedores de las concesionarias avancen por su cuenta, cada uno con sus determinadas particularidades.

Los juzgados de lo Mercantil ya han rechazado en un primer momento la propuesta de convenio que el Ministerio de Fomento quiere aplicar a todos los concursos, mientras que el Ejecutivo prosigue negociando con la banca, con la oposición de las entidades financieras extranjeras, para llegar a un acuerdo sobre la quita de la deuda que tendría que asumir el Estado como responsable último de las concesiones, que se va por encima de los 4.000 millones de euros.

El problema es que el tiempo apremia, como admitió hace unas semanas el consejero delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás, quien estimó que cinco de las ocho concesionarias que actualmente están en concurso de acreedores entrarán en proceso de liquidación en el segundo semestre del presente año.

En teoría, el Gobierno debería solventar definitivamente el asunto del rescate antes de que llegara el momento de cualquier liquidación puesto que en el plan que prepara deben estar involucradas las ocho concesionarias incluidas en él, ni una más ni una menos. El apretado calendario electoral de 2015 puede complicar la decisión definitiva del Ejecutivo.


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