Puertos del Estado

El conflicto de la estiba vuelve a estallarle en las manos al Gobierno tras el expediente de la CNMC

La autoridad de Competencia investiga el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos de la estiba al entender que podría vulnerar los principios de libertad empresarial. El expediente abierto por la CNMC pone en la picota al Gobierno, que bendijo el pacto entre las partes que, en principio, ponía fin al conflicto.

Varios representantes de los estibadores, en la tribuna de invitados, durante el pleno en el que el Congreso.
Varios representantes de los estibadores, en la tribuna de invitados, durante el pleno en el que el Congreso. EFE

Cuando el Gobierno daba por amortizada la crisis en el sector de la estiba, que trajo de cabeza al Ejecutivo durante la primera mitad del año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reavivado el fuego con la apertura de un expediente sancionador tanto a Anesco, la patronal, como a los sindicatos del sector al entender que el pacto que alcanzaron con vistas a modificar el convenio podría atentar contra principios relacionados con la libre competencia y la libertad empresarial para la contratación de trabajadores.

El organismo que preside José María Marín Quemada actuó de oficio con la apertura de un proceso de información reservada en el que apreció "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia", según reza un comunicado de prensa emitido por la entidad.

En concreto, el expediente sancionador habla de posibles prácticas consistentes en "la restricción de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas prestadoras de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados trabajadores".

A partir de ahora queda abierto un periodo de 18 meses para la instrucción y resolución del expediente aunque los precedentes no son precisamente halagüeños para Anesco y los sindicatos, que ya fueron sancionados en 2009 por las autoridades de Competencia por motivos similares, tras la firma de un acuerdo contrario a los principios de libre competencia y que las empresas dijeron haber firmado bajo coacción.

Una dura negociación

Precisamente, en el conflicto que se generó por la reforma del sector de la estiba, impuesta por la sentencia en contra del Reino de España por parte de la Comisión Europea, los operadores portuarios denunciaron en diversas ocasiones que estaban firmando pactos con los representantes de los trabajadores bajo coacción, después de que las primeras negativas a llegar a un pacto fueran respondidas por parte de los estibadores con una significativa bajada de la producción que desaparecía una vez que lograban su objetivo de que la empresa estampara su firma en el acuerdo.

Ante la necesaria reforma del sector, que acabaría con los históricos privilegios del que habían gozado hasta ahora los estibadores, los sindicatos se movilizaron con el fin de que los efectos de dicha reforma no repercutieran en las condiciones de los trabajadores.

De esta forma, las negociaciones, en las que decidió implicarse el Gobierno ante la amenaza de una fuerte multa por parte de Bruselas por incumplir la sentencia de finales de 2014, incluían siempre por parte de los sindicatos la exigencia para las empresas de subrogarse los trabajadores que pertenecían hasta entonces a las sociedades de estiba de cada puerto (Sagep), que la sentencia de Bruselas condenaba a desaparecer.

La implicación del Gobierno

Tras un largo proceso negociador, que incluyó varias jornadas de huelga en los puertos, patronal y sindicatos alcanzaron un acuerdo para la reforma del convenio, al tiempo que el Gobierno lograba el apoyo del Parlamento para sacar adelante el Decreto Ley que reformaba el sector. Por el momento, el Ejecutivo salvó los muebles, toda vez que la sanción de Bruselas fue de tan sólo tres millones de euros, cuando el Estado se exponía a una multa que multiplicaba por más de ocho esta cifra.

Por entonces, el Gobierno se comprometió a elaborar otro Decreto para reglamentar la reforma y poder incluir aquellos aspectos que la normativa europea no permitía introducir en la normativa (entre ellos, el de la suborgación de los trabajadores). Mientras tanto, patronal y sindicatos negociaban los convenios en los diferentes puertos.

La actuación de la CNMC podría avivar un conflicto que parecía olvidado y en la que el Gobierno está más que implicado, toda vez que la negociación que ahora se pone en duda contó con la bendición del Ministerio de Empleo, como puntualizaron los sindicatos este lunes al conocerse el expediente del organismo regulador.


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