Independencia de Cataluña

Diez días de artículo 155: los llamamientos al boicot no alteran la Administración catalana

Pese a los llamamientos a la insumisión que transmitió la Generalitat durante los días previos a la aplicación del artículo 155, la Administración catalana ha funcionado con normalidad. El CSIF mantiene activo un protocolo para denunciar las posibles órdenes contrarias al ordenamiento que los empleados públicos pudieran recibir.

Administración pública
Administración pública

Los empleados de la Administración catalana no han sido ajenos a la enorme polvareda que ha levantado el proceso soberanista. Durante meses, han sido frecuentes las informaciones que advertían de las consecuencias que sufrirían los funcionarios en el caso de que Cataluña se escindiera de España. La incertidumbre aumentó después de que el Gobierno anunciara su intención de aplicar el artículo 155 en la región y el consejero Raúl Romeva hiciera un llamamiento a la insumisión. Pese a los mensajes subversivos de la Generalitat, no se han producido situaciones anómalas ni altercados de ningún tipo en las Instituciones durante los últimos días. De hecho, no se ha abierto ningún procedimiento sancionador a este respecto, según señala el principal sindicato de empleados públicos, CSIF.

Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han explicado a Vozpópuli que durante los últimos meses han sido muchos los empleados públicos catalanes que les han trasladado su inquietud por el devenir de los acontecimientos en esta comunidad autónoma. “Ha habido mucha incertidumbre, desinformación e incomodidad. Esta última permanece, como en toda la sociedad catalana, pero ni mucho menos se ha alterado el orden ni el funcionamiento de la sanidad, la educación o el transporte”, han precisado.

CSIF mantiene activo desde hace un tiempo un protocolo de actuación que permite a los funcionarios denunciar las órdenes que vulneren el ordenamiento jurídico. En el caso de que reciban un mandato de este tipo, los funcionarios deberán solicitar que su superior lo ponga por escrito y, posteriormente, expresar su disconformidad. A partir de ahí, el sindicato mediará para que acudan a la Fiscalía para denunciar los hechos.

Hace unas semanas, los representantes de esta central sindical mantuvieron una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le transmitieron su preocupación por la situación a la que se enfrentaban los funcionarios catalanes. El catálogo de medidas derivadas del artículo 155 dio respuesta a sus quejas, pues contempla la posibilidad de anular inmediatamente y de pleno derecho cualquier sanción que reciba un empleado público de esta comunidad autónoma por negarse a cumplir cualquier orden arbitraria de la Generalitat.

“Nosotros nos hemos posicionado en favor del ordenamiento jurídico vigente, del Estado de derecho y de la Constitución (…) y hemos transmitido la necesidad de que los funcionarios y los empleados de la Administración cumplan la ley”, ha incidido el sindicato. Asimismo, ha expresado su disconformidad con jornadas de movilización como la que se ha convocado para este miércoles. “Las huelgas son un instrumento reivindicativo para reclamar mejoras laborales. No pueden servir como arma política”, han apuntado.

Orden, frente a las llamadas de insumisión

En la misma línea se ha pronunciado FEDECA, la federación que agrupa a la mayoría de los funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración civil, que ha apelado a que los trabajadores del sector público respeten el ordenamiento jurídico, frente a las llamadas a la insumisión.

Desde el CSIF, reconocen que en las semanas previas a la puesta en marcha del artículo 155 fueron bastantes las dudas y los temores que les transmitieron sus asociados, entre otras cosas, por los constantes rumores sobre la situación en la que quedarían los funcionarios en el caso de que se produjera la declaración unilateral de independencia. “Su aplicación ha tranquilizado las cosas. El Estado sigue funcionando, nuestros servicios públicos, también. Y los profesionales acuden cada día a su puesto de trabajo”, han incidido.

Ahora bien, reconocen que la fractura social que se ha abierto en Cataluña como consecuencia de las acciones subversivas de Junts pel Sí y la CUP ha enrarecido el clima en la Administración. Como en el resto de la sociedad catalana.


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