Quantcast

Economía

Hacienda exigirá a las autonomías déficit cero para 2013, con un ajuste extra superior a los 11.000 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los Presupuestos en el Congreso

El Gobierno y las comunidades han iniciado un nuevo forcejeo a cuenta del ajuste presupuestario que deberán afrontar el año que viene para respetar el  objetivo de déficit del 3% comprometido con Bruselas para el conjunto de las administraciones públicas. En el caso de las autonómicas, Hacienda quiere que este déficit sea cero y no del 1,1 previsto inicialmente en el programa de estabilidad, lo que obligará a las comunidades a un ajuste suplementario superior a los 11.000 millones de euros que, de manera ineludible, tendrá que afectar a la sanidad, la educación y la dependencia. En un principio, se barajó que este ajuste no fuera más allá de los 5.000 millones, el que deriva de rebajar el déficit del 1,5% con el que, previsiblemente, finalizará este ejercicio, hasta el 1,1%. Pero las circunstancias, mandan, se asegura en fuentes oficiales.

Fuentes gubernamentales consideran prioritario y urgente que las administraciones autonómicas lleguen al déficit cero para desbaratar, de una vez por todas, la presión de los mercados. Pero este esfuerzo extra exigido a los gobiernos autonómicos no ha sido bien recibido por todos ellos y se han generado tensiones. “Lo peor que nos podría pasar con tanta presión es que las comunidades y los ayuntamientos se nos rebelen”, aseguran fuentes cercanas a la negociación.

 “Lo peor que nos podría pasar con tanta presión es que las comunidades y los ayuntamientos se nos rebelen”, aseguran fuentes cercanas a la negociación.

El equipo de Hacienda comenzará a mirar las tripas a los Presupuestos del año que viene en junio, pero antes de finalizar abril el Gobierno tendrá que remitir a las autoridades comunitarias la actualización del programa de estabilidad y crecimiento 2012-2015, así como el programa nacional de reformas para 2012. En el primer programa, introducirá de forma desagregada el anticipo del recorte que afrontarán las tres administraciones. En este contexto se explica la reunión mantenida ayer por Mariano Rajoy con Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, en la que reafirmaron el compromiso del Estado de llegar al 3% de déficit en 2013. Pero la novedad estuvo en la reunión que el presidente mantuvo también con los titulares de Sanidad y Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert, en la que acordaron publicitar un recorte de 10.000 millones en ambas partidas de gasto. El anuncio coincide con un momento de convulsión en los mercados y con un aumento del nerviosismo en el equipo económico por el desboque de la prima de riesgo y la pérdida de credibilidad entre los inversores internacionales. 

La inquietud del Gobierno se explica también, según las mismas fuentes, por el próximo examen de los Presupuestos ante Bruselas. Si bien las autoridades alemanas reaccionaron de forma positiva a la información inicial que les transmitió el ministro de Economía, la Comisión Europea decidió darse un margen para analizar las cuentas de 2012 de forma minuciosa. Y el riesgo que hay es que la Comisión concluya que el recorte es menos ambicioso de lo que parece, dado que no se tocan capítulos básicos como el del salario de los funcionarios, el pago de las pensiones y las prestaciones por desempleo. Con todo, según consta en el Gobierno, lo que más reservas genera es el cálculo de los ingresos, que puede pecar de optimista en un escenario de contracción económica prevista del 1,7%. “Esto es lo que puede contribuir también a que los Presupuestos no sean creíbles”, aseguran estas fuentes. Pese a ello, Hacienda sigue en sus trece de que no subirá el IVA.

La ley de Acompañamiento resucita

El Gobierno aprovechará la actualización del programa de estabilidad para reafirmar su decisión de reducir el déficit de las comunidades al 1,5% en 2012. Como estaba previsto, los gobiernos regionales adaptarán sus presupuestos a los estatales bajo la supervisión final del Consejo de Política Fiscal que se reunirá a principios de mayo.

La falta de margen de los gobiernos regionales para encarar este reto les ha llevado a un pulso con Hacienda que el Gobierno sorteará ayudando a las comunidades a recortar gastos en sanidad y educación, los más sensibles de todas las partidas presupuestarias. Y se plantea hacerlo mediante la aprobación de una ‘ley omnibus’, una especie de ley de acompañamiento a la antigua usanza, que ayude a las comunidades a adecuar legalmente las prestaciones sociales, incluida la dependencia, a sus  ingresos fiscales. A este nueva normativa legal se refirió hace unos días el ministro de Economía, Luis de Guindos, en unas controvertidas declaraciones al Frankfurter Allgemeine que sembraron confusión en plenas vacaciones de Semana Santa y que, finalmente, han obligado a intervenir al propio presidente del Gobierno, el más interesado en rebajar las tensiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas que controla de forma mayoritaria su propio partido.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.