REFORMA ENERGÉTICA PRELIMINAR

Alza del 7% en la tarifa de luz y recorte de 1.700 M. al sistema eléctrico

Las eléctricas, que denunciaron al Supremo la congelación de los peajes, asumirán el golpe con recortes regulados de casi 700 M.

El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los desequilibrios del sistema energético con la aporobación de nuevas medidas urgentes. Por un lado, ha aprobado un incremento del recibo de la luz del 7%, una medida que permitirá aumentar los ingresos en casi 1.400 millones; y por otro lado, ha anunciado una serie de ajustes y recortes sobre los costes regulados, también esperados, que reducirá los costes del sistema eléctrico en 1.700 millones.

Ambas medidas tienen como objeto hacer frente a la factura de 3.147 millones de euros que le exige el Tribunal Supremo. Lo curioso es que el Supremo ha obligado al Gobierno a hacer frente a este nuevo desajuste porque las propias eléctricas hicieron sendos recursos, ya que en los dos últimos trimestres, los gobiernos (PSOE en octubre y PP en enero) no habían incrementado suficientemente los peajes.

Y ahora el Gobierno le devuelve la pelota a las eléctricas con ajustes en sus ingresos en la actividad de distribución, trasnporte y en los llamados pagos por capacidad (retribución que reciben las centrales de ciclo combinado e hidroeléctricas en su función de backup del sistema), fundamentalmente. De lo contrario, el Gobierno, según sus cálculos, habría tenido que subir el recibo por encima del 30%.

En concrento, en la actividad de distribución (que desempeñan las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC) prevé ahorros de unos 700 millones, ya que elimina la retrubición sobre activos ya amortizados. Esta cantidad, supone un recorte del 12,5% del coste en 2011, la distribución ascendió a 5.500 millones). Se retribuye, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente. Por su parte, el Gobierno prevé un recorte del 10% a los pagos por capacidad, es decir, se ahorra 80 millones de euros (842 millones en total).

Por su parte, la retribución de la actividad del transporte de REE permitirá ahorros de 20 millones, ya que se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones, hasta el año 2013.

Organismos, reguladores, instituciones...

La principal partida, vendrá del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), unos "sobrantes" que ascienden a 600 millones de euros, que se fueron acumulando antes de 2010, cuando el organismo se financiaba a través de los consumidores.

El recorte de costes también afecta a la financiación del operador del sistema eléctrico, que va con cargo a la tarifa y asicende a unos 20 millones de euros, se realizará ahora con cargo a los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a cómo se financia el Omie. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.

Además, para reducir los costes del sistema, se emplearán unos 60 millones de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía. 

El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros.

Por último, también limitará las subvenciones en unos 50 millones de euros de los incentivos al carbón, previstos en el Real Decreto de las restricciones por garantía de suministro.

Sube el gas un 5%

Respecto al sector del gas natural, el Gobierno incrementa el recibo del gas un 5%, que ayudará a frenar el déficit coyuntural que se está empezando a producir (en 2011, de 300 millones).  Pero además, para reducir los costes, suspende la construcción de nuevas plantas de regasificación, salvo en Canarias (donde está a punto de dar luz verde a una nueva planta en Tenerife para llevar gas a las islas en 2015, como adelantó Vozpópuli), la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.


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