Primer paquete de racionalización del sector público

El Gobierno aprueba este viernes la liquidación de 27 empresas públicas

En una nueva demostración de que la austeridad es la que manda, el Consejo de Ministros aprobará mañana la supresión de 27 empresas públicas y la desinversión en otras ocho. También agilizará los trámites para liquidar otras 14. Es un plan de corto plazo limitado, de momento, a las sociedades que dependen de la Administración central.

El ministro Cristóbal Montoro, este jueves
El ministro Cristóbal Montoro, este jueves EFE

Las operaciones que hoy tendrá sobre su mesa el Consejo de Ministros afectan al 35% del total de las empresas estatales y es un primer paso para racionalizar el funcionamiento del sector público empresarial. Se persiguen dos objetivos, basados en la austeridad y la eficacia.

En próximos planes de ajuste, el Gobierno abordará también el adelgazamiento del resto de las sociedades que dependen de la Administración central y de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El programa global de reducción de gasto terminará afectando de una u otra forma a 4.000 empresas públicas y, al menos, al 25% de sus altos cargos. De esta forma, la madeja interminable de entidades creada en los últimos años por los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos para eludir controles y disfrazar el déficit, toca a su fin.

El plan de choque del Ejecutivo para la rebaja del déficit público se estrenó en diciembre pasado con la reducción de ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales, continuó con un recorte del gasto de casi 9.000 millones y un aumento previsto de ingresos de 6.200 y va a encontrar este viernes una tercera pata en el adelgazamiento de las empresas públicas. De momento,  las fundaciones creadas antes del inicio de la crisis en la atmósfera de barra libre vivida hasta 2007 quedan fuera de estos recortes.

En el traspaso de poderes que se produjo en diciembre, el PP le pidió al Gobierno socialista la identificación de todas las empresas públicas, la plantilla de sus trabajadores, la masa salarial anual, el importe de los compromisos de financiación asumidos por el Estado a través de convenios y contratos, así como el volumen de contratación pública y endeudamiento comercial. A partir de los datos que se recibieron, se sospecha que hubo un uso fraudulento del capítulo de activos financieros de los presupuestos estatales para financiar a empresas públicas en lugar de computarlo como transferencias de capital. Los últimos informes de la Intervención General del Estado reflejan irregularidades en el 30% de estas sociedades.

Esta superestructura pública arrastra en estos momentos una deuda superior a los 57.000 millones de euros, según los datos actualizados del Banco de España, el equivalente al 5% del PIB, repartida entre las tres administraciones. 32.000 millones lastran las cuentas del Estado, 15.000 las de las comunidades y el resto las de los ayuntamientos, la mayoría de ellos con graves dificultades para refinanciar esta deuda.


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