Economía

Bruselas investiga a España por posibles ayudas ilegales a la banca

Bruselas estudia si el sector bancario español utilizó para reforzar su capital activos fiscales en diferido, que no son considerados como de "alta calidad" por el Banco Central Europeo. El Gobierno rechaza que el aval a los créditos fiscales sea una ayuda de Estado.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker EFE

La Comisión Europea (CE) informó este martes de que está recabando información que podría terminar en la apertura de una investigación formal contra España, Grecia, Portugal e Italia por posibles ayudas ilegales a la banca. El Ejecutivo comunitario ha enviado sendas cartas solicitando información y estudia ya la que está recibiendo de las autoridades nacionales, explicó un portavoz de comunitario.

La CE estudia si la banca de los cuatro países utilizó para reforzar su capital activos fiscales en diferido, que no son considerados como de "alta calidad" por el Banco Central Europeo (BCE) y su posible incompatibilidad con la normativa de ayudas de Estado. El mismo portavoz explicó que el proceso de evaluación de la información recibida "llevará aún algún tiempo" y reiteró que "todavía no hay abierta una investigación formal".

Los cuatro países tienen más de 40.000 millones de euros en activos por impuestos diferidos como capital básico en sus sistemas bancarios, lo que convertiría a los Estados implicados en avalistas si las entidades quebraran, según publicó este martes el diario británico Financial Times. Según fuentes europeas, el Ejecutivo comunitario comenzó a pedir información a los países tras las advertencias recibidas por parte "del sector, así como de varios eurodiputados".

España rechaza que el aval a los créditos fiscales sea una ayuda de Estado

España considera que la norma que permitió a la banca contabilizar como capital principal el 60% de sus créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés) no es una ayuda de Estado, ya que no es discriminatoria y permite a otras empresas beneficiarse de esta medida. El Gobierno aprobó a finales de 2013 un real decreto que hacía posible que los bancos sumaran unos 30.000 millones como capital, por impuestos pagados de más por gastos que podían deducirse.

El Gobierno sostiene que ha actuado bien y no se puede considerar que sea una ayuda de Estado

A través de una modificación de la normativa fiscal del impuesto de sociedades, se permitió que buena parte de los DTA de la banca siguieran computando como capital de primera categoría, algo que "casi todos los países tienen", según han recordado este martes a Efe fuentes del Ministerio de Economía.

Tanto es así que éste era el argumento por el que la banca española reclamaba al Gobierno que los créditos fiscales pudieran contar como capital para competir en igualdad de condiciones con las entidades del resto de Europa. Pero además, aunque este cambio normativo beneficia especialmente a las entidades financieras, Economía recuerda que no es específico de este sector y que puede ser aplicado por cualquier empresa.

De este modo, al no tratarse de una medida discriminatoria, el Gobierno sostiene que ha actuado bien y no se puede considerar que sea una ayuda de Estado, aunque la última palabra la tendrá la Comisión Europea (CE). Por el momento, la CE sólo ha enviado un cuestionario solicitando información a España, Grecia, Portugal e Italia para determinar si hay razones para abrir una investigación formal por posibles ayudas ilegales a la banca. 


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