Los expertos piden un plan de choque en la Justicia para recuperar más de 6.000 millones pendientes de cobro

UPyD reclama una revolución fiscal que limpie 40.000 millones de euros en deducciones y ayudas

Una rebaja generalizada de los principales impuestos es posible si se eliminan parte de las deducciones y ayudas que, por importe cercano a los 40.000 millones de euros, siguen vigentes. Esta es una de las propuestas de la revolución tributaria que UPyD reclama al Gobierno, sumada a un plan de choque en los tribunales para recuperar los más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro por delito fiscal.

Más de un centenar de expertos fiscales se reunieron este jueves en el Congreso convocados por UPyD para conocer la oferta con la que trabaja este partido dentro del largo proceso electoral que culminará a finales del año que viene. La iniciativa parlamentaria promovida por el diputado Álvaro Anchuelo se resume en una bajada del IRPF, el IVA y Sociedades para aquellas capas de población que soportan proporcionalmente mayores cargas fiscales y en una compensación de la pérdida recaudatoria a través de una lucha más eficaz contra el fraude que implicaría también un plan de choque en los tribunales para recuperar los más de 6.000 millones de euros que permanecen pendientes de cobro por delitos fiscales.

UPyD propone limitar las exenciones fiscales de las que se benefician las rentas del capital

Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta de UPyD es la revisión del gasto fiscal incorporado a las principales figuras tributarias. Implica la reconsideración de casi cuatro puntos de PIB teniendo en cuenta que en los Presupuestos estatales de 2014 la suma de deducciones, exenciones y bonificaciones suman más de 38.000 millones de euros, una cifra muy similar a la del año pasado. La mayor parte, un 43%, proceden del IVA. Las partidas que generan en este ejercicio mayor gasto fiscal en este impuesto derivan de los productos gravados con el tipo reducido del 10%, entre ellos la vivienda protegida, determinados alimentos y el transporte, así como las exenciones aplicadas en áreas como la educación o la sanidad. El IRPF absorbe este año el 40% del gasto fiscal, 16.513 millones en total, y descansa en su mayoría en los rendimientos del trabajo, las aportaciones a los sistemas de previsión social y las declaraciones conjuntas. En Sociedades se mantienen beneficios fiscales por más de 3.300 millones destinados al apoyo a nuevos empresarios y las pymes con mayor esfuerzo inversor.

La mayoría del gasto fiscal en los Presupuestos estatales vigentes lo absorben el IVA y el IRPF

UPyD propone que las rentas del capital no puedan acogerse a estos beneficios y que los que se apliquen a los rendimientos del trabajo se atengan a ciertos límites que eliminen su regresividad, una medida que afectaría, por ejemplo, a las indemnizaciones por cese y a las primas de seguros de jubilación de directivos. En Sociedades, pide colocar la lupa sobre las ventajas fiscales adosadas a la libertad de amortización y aumentar los controles de las deducciones por reinversión de beneficios extraordinariosy por inversiones en I+D+i.

La lucha contra el fraude es un capítulo nuclear de la oferta fiscal de UPyD. Francisco de la Torre, exsecretario general de la Organización Profesional de Inspectores y autor del libro ¿Hacienda somos todos?, demandó este jueves un plan de choque en los tribunales para recaudar los más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro por delito fiscal así como un pacto de Estado que permita una política estable contra el fraude con independencia del Gobierno de turno. En su opinión, es conveniente endurecer el Código Penal y las penas de prisión, así como aumentar los efectivos de la Agencia Tributaria.

El partido de Rosa Díez considera prioritario aumentar los efectivos contra el fraude fiscal

Por cada cinco euros que los alemanes dedican a perseguir el engaño fiscal, España destina solo uno. Ello significa que a cada inspector le toca controlar a casi 2.000 contribuyentes. De la Torre, colaborador de Vozpópuli, considera también imprescindible aumentar los plazos de prescripción administrativa. En su propuesta, UPyD apoya esta tesis y propone igualarlos con los plazos vigentes a efectos penales en varios supuestos: cuando el contribuyente utilice negocios para ocultar su identificación, haya ocupado cargo público en el año de devengo de sus obligaciones tributarias o no haya presentado su declaración a Hacienda


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