Publicado: 03/07/2015 20:23
El Tribunal Supremo Administrativo griego desestimó el recurso de inconstitucionalidad que el pasado miércoles presentaron dos ciudadanos griegos contra el referéndum del próximo domingo. Los dos demandantes alegaban que la consulta que planteaba el Gobierno sobre la propuesta de los acreedores afectaba a temas fiscales, un asunto que en principio no permite la Constitución.
Los magistrados, que se reunieron en sesión plenaria de urgencia, argumentaron que el tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de decisiones gubernamentales de tal naturaleza como la convocatoria de un referéndum. "El referéndum tendrá lugar con normalidad", dijo el vicepresidente del tribunal, Nikos Sakelariu.
Los demandantes habían justificado su recurso argumentando que los documentos de las tres instituciones sobre los que deben pronunciarse los ciudadanos "tienen un carácter exclusivamente financiero". Además, añadían, la pregunta no se había formulado claramente, es compleja y está cargada de términos técnicos "que a la mayoría de los ciudadanos resulta imposible entender".
La pregunta de la consulta consta de dos párrafos, el primero plantea si "debe ser aceptado el borrador de acuerdo que presentaron la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25 de junio y está compuesto de dos documentos que suman su propuesta común".
El segundo, especifica de qué documentos se trata y los títulos que llevan, tanto en griego como en su versión original en inglés. Se trata del texto sobre las medidas para completar el programa vigente y de un documento con un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda. Los querellantes no solo criticaban la complejidad de la pregunta sino que señalaban que el tiempo transcurrido (una semana) desde que se convocó el referéndum hasta su celebración, era muy escaso para que el ciudadano pudiera informarse sobre su objetivo.
Durante el debate del fin de semana en el que se aprobó la consulta el partido socialdemócrata Pasok había solicitado rechazar su celebración por los mismos motivos. Desde el Gobierno se rechazó esta moción con el argumento de que la propuesta de las instituciones tiene un carácter exclusivamente político porque influye en la vida cotidiana de los ciudadanos, tanto en el presente como en el futuro.
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