Publicado: 28/02/2014 04:00
Nadie habla de brotes verdes, pero Joan Rosell (CEOE), Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (Comisiones), le han perdido el miedo a pronunciar la palabra recuperación. No solo eso, sino que cada uno por su lado trabajan en resituar a sus respectivas organizaciones ante la nueva situación, tanto en discursos como en estrategias. De estas últimas forman parte las reuniones que han empezado a mantener con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, para explorar un gran acuerdo social que contribuya a engrasar las relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales, deterioradas durante la cresta de la crisis, a fomentar la creación de empleo y también a prevenir un posible aumento de la contestación ciudadana durante el tiempo en el que la buena evolución de los indicadores económicos conviva con las duras consecuencias provocadas por la doble recesión que ha castigado a España en los últimos seis años.
Pacto salarial, fiscalidad y negociación colectiva, en la agenda de la negociación del Gobierno con los sindicatos y los empresarios
El meollo del futuro acuerdo incumbe, sobre todo, a empresarios y sindicatos, pero está siendo seguido muy de cerca por el Gobierno. Descansa en un pacto salarial con efectos hasta 2016 que sirva para recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis y facilite la renovación del acuerdo de negociación colectiva que incide en la economía española desde 1997 y que tuvo su último capítulo hace dos años. En 2012, CEOE, UGT y Comisiones aceptaron la introducción de complementos variables en las estructuras salariales vinculando su cuantía a los beneficios de las empresas. Como regla general, pactaron subidas de hasta un 0,5% para 2012, de hasta el 0,6% para 2013 y dejaron las de este año condicionadas a la evolución de la actividad económica. Fuentes del Gobierno admiten el interés que tiene esta negociación, aunque matizan que de los 16,7 millones de ocupados que en estos momentos hay en España, menos de 10 trabajan bajo el paraguas de un convenio colectivo.
Menos de 10 millones de trabajadores, de los 16,7 millones de ocupados, se encuentran bajo el paraguas de un convenio colectivo
El pacto no va a resultar sencillo en un momento en el que el IPC ha desaparecido como referencia útil para la actualización de los salarios y es obligado, por tanto, buscar otros asideros como el de los ingresos ligados a productividad o a diferentes fórmulas de retribución variable. Para el secretario de Acción Sindical de Comisiones, Ramón Górriz, debe ser un pacto con la flexibilidad suficiente como para que pueda ser aplicado de forma diferente en los diversos sectores de actividad siempre partiendo de la situación en cada empresa. El objetivo último es ayudar a una recuperación del consumo que releve a las exportaciones como motor de crecimiento una vez se consolide el nuevo ciclo económico.
Los sindicatos consideran una prioridad la recuperación del consumo, después de las caídas registradas el año pasado, casi de un 4% en el último trimestre
En la mesa del Gobierno se encuentra ya también una alternativa de los sindicatos a la reforma fiscal en la que trabaja el Ministerio de Hacienda. En ella se apuesta por la aplicación del IVA superreducido no solo a los alimentos básicos que ya se benefician de esta rebaja impositiva, sino también a las facturas de gas, electricidad y agua, quizás los consumos más sensibles para las familias que más han soportado las consecuencias de la crisis.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha informado de las negociaciones que mantiene con el Gobierno al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acaba de abogar en el debate del estado de la nación por un gran pacto de rentas que ayude a activar la demanda interna. Justamente lo que abordan en secreto las partes implicadas. Los últimos datos estadísticos reflejan una caída del consumo de casi el 4% en el último trimestre del año pasado.
La comunicación de los sindicatos con la ministra de Empleo nunca se ha roto, ni siquiera durante las dos huelgas generales de 2012
En el Gobierno se concede un gran relieve a la negociación reservada que hay en marcha con sindicatos y patronal ya que, de prosperar, garantizaría el mantenimiento de la paz social hasta el final de la legislatura. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, nunca ha roto, ni siquiera en los peores momentos de las huelgas generales vividas en 2012 contra la reforma laboral y los ajustes, su comunicación con los dos sindicatos. De hecho, también tiene en su agenda asuntos que son cruciales tanto para Comisiones como para UGT, entre ellos la regulación de la participación sindical en las empresas, que dista mucho de cómo opera en otros países europeos, y la recomposición de los cursos de formación a los parados, una materia sometida a una alta contaminación por las irregularidades descubiertas en Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya.
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