Moncloa reforzará en enero el sistema de vigilancia económica

El Gobierno pide a los grandes banqueros que ayuden al CNI a prevenir los riesgos económicos para España

La escasa o nula colaboración que hasta ahora han ofrecido los presidentes de los grandes bancos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para contribuir a anticipar las tormentas financieras y proteger así al Estado y a las empresas españolas más internacionalizadas, ha llevado al Gobierno a pedirles que estrechen sus relaciones con los servicios secretos y también a reconsiderar la dependencia orgánica de la unidad de Vigilancia Económica que viene operando en el propio CNI desde hace tres años.

“En no pocas ocasiones, los servicios de inteligencia les han pedido ayuda a los presidentes de los grandes bancos para trabajar con mayor eficacia en la prevención de las turbulencias en los mercados que hemos vivido durante la crisis, pero de ellos solo han recibido buenas palabras”, afirma una alta fuente ministerial. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que trabaja desde 2010 con una unidad propia de Vigilancia Económica, no ha sido capaz hasta ahora de captar buenas fuentes de información en Wall Street, en la City londinense y en el resto de los centros internacionales donde primero pueden detectarse los terremotos financieros. “En esto, la colaboración de los grandes banqueros españoles también ha dejado mucho que desear”, confirman las mismas fuentes.

Los servicios secretos españoles han encontrado dificultades para infiltrarse en Wall Street, en la City londinense y en el resto de los centros internacionales donde primero se detectan los terremotos financieros

La idea original de crear una unidad de inteligencia económica partió del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando hace tres años, todavía en La Moncloa, observó que sus brotes verdes no eran más que un espejismo a merced de los mercados. La obsesión de sus Gobiernos con la posibilidad de que España estuviera siendo víctima de una conspiración por parte de un grupo potente de especuladores llevó, incluso, a la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, hoy sentada en el Consejo de Estado, a encomendar al CNI que investigara la existencia de un complot contra España por parte de quienes deseaban verla rescatada. En los servicios secretos se acogió la estrambótica orden a beneficio de inventario, pero se puso en marcha un sistema de vigilancia económica que ha dejado mucho que desear, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende orgánicamente el CNI, ha puesto mucha dedicación para mejorarlo. De hecho, ha pedido a los principales bancos del país que cooperen con los servicios de información para que sean más eficaces en el aviso de posibles catástrofes financieras.

El Gobierno de Zapatero llegó a encomendar al CNI que investigara un posible complot contra España por parte de los mercados

A la falta de colaboración de los grandes banqueros con el Centro Nacional de Inteligencia se ha sumado, según fuentes gubernamentales, las dificultades de sus servicios para infiltrarse en centros de decisión tan importantes como el Banco Central Europeo, la propia Comisión Europea, la Reserva Federal o el Fondo Monetario Internacional. Esto ha hecho que el CNI no resultara todo lo eficaz que el Gobierno esperaba de él en la prevención de las fuertes alzas de la prima de riesgo sufridas por España durante la crisis o en las alertas de las rebajas de rating decididas de forma periódica por algunas agencias de calificación.

Donde mayores caladeros ha encontrado la unidad de Vigilancia Económica para captar fuentes y ser más eficiente ha sido en Latinoamérica, sobre todo en los países donde más presencia tienen en estos momentos las grandes empresas españolas y, en especial, donde han de afrontar mayores problemas de inseguridad jurídica, como son los casos de Argentina y Venezuela.

La mayor eficacia de los espías se ha comprobado en Latinoamérica, en los países donde tienen presencia las mayores empresas españolas

Antes de enero próximo, el Gobierno tendrá que decidir si esta unidad de Vigilancia Económica sigue en el CNI, bajo dependencia directa de La Moncloa, o pasa a depender directamente del Ministerio de Defensa. El grupo Atenea, una consultoría que dirige el coronel retirado José Luis Cortina, famoso por su protagonismo en el golpe del 23-F, trabaja desde hace tiempo para esta última opción, pero el Gobierno se ha tomado su tiempo para decidirlo teniendo en cuenta que pronto entrará en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Nacional que quiere pactar también con el PSOE. En el juego de influencias ya se han empezado a mover altos mandos militares, cargos de Defensa y técnicos comerciales del Estado, interesados en controlar las estrategias orientadas a prevenir los riesgos económicos para España y también los fondos que las amparan.


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