Santander, Caixabank y Bankia financiarán el préstamo de 1.430 M. para cerrar el Castor

Tres son las entidades que integrarán el 'pool' bancario que financiará el préstamo de 1.430 millones con el que se indemnizará a ACS, la compañía presidida por Florentino Pérez, por el parón de la explotación del almacén del Castor, un cese de actividades que parece ser el preámbulo de su cierre definitivo. Santander, Caixabank y Bankia han sido los bancos ganadores de la subasta organizada por el ministerio de Industria, una solución que ha venido ultimando en las últimas semanas, como adelantó este medio. En la puja participaron ocho entidades, toda la gran banca nacional, además de tres entidades extranjeras, según confirman a Vozpópuli fuentes del sector. Precisamente, estas tres entidades son las mismas que han dado oxígeno a Sacyr para concluir las obras del Canal de Panamá.

Los tres bancos contarán con diferente peso en el préstamo sindicado. Santander liderará la operación, con una participación del entorno del 60%. La aportación de Caixabank será menor a la del banco rojo pero superior a la de Bankia, que ronda el entorno del 10%-15%. La puesta en marcha de este préstamo estaba ligado a que el Gobierno aprobase la solución definitiva al almacén gasista en el Consejo de Ministros, como ha hecho este mismo viernes.

El crédito tendrá finalmente una duración de 30 años. Además, la rentabilidad de la banca será dinámica a lo largo de la vida del préstamo, en función del precio del bono del Tesoro a 30 años, más un diferencial, que facilitará un retorno a las entidades superior al 4%. La banca, sin embargo, no ha logrado que este préstamo sindicado cuente con el aval del Estado. Hacienda no quiere que la millonaria indemnización por el cierre del Castor eleve el nivel de deuda pública y, por ende, pueda repercutir en el objetivo de déficit marcado por Bruselas.

A pesar de esta negativa, las entidades consideran un buen negocio la operación. No en vano, los bancos recibirán a cambio del préstamo de 1.400 millones de euros que concederán al Ministerio de Industria para que pague a ACS su indemnización unos derechos de cobro con cargo al sistema gasista.

El modelo pergeñado es similar al de la titulización de la deuda eléctrica. Los compradores de esta deuda reciben una rentabilidad anual que procede del sistema eléctrico vía peajes. Éstos los costean las compañías eléctricas, pero luego se los cargan al recibo de la luz.

La operación despertó una gran expectación entre la banca por la alta rentabilidad y el seguro retorno. Ocho entidades pujaron por ser integrantes del sindicado

Algo similar ocurre con el diseño de la indemnización del Castor. Las empresas gasistas, desde el operador del sistema, Enagás, a Gas Natural pasando por Iberdrola, Galp y otras compañías de tamaño medio, abonarán a las entidades financieras la rentabilidad pactada vía peajes del sistema de gas.

Posteriormente, estas compañías trasladarán estos cargos al recibo de gas, con lo que los verdaderos pagadores de la indemnización al grupo controlado por Florentino Pérez serán los consumidores finales.

Al final se ha impuesto la idea defendida por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que tras la negativa del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de llevar a los Presupuestos del Estado el problema del Castor, apostó por la idea de cargar a los consumidores el coste total de la indemnización. Eso sí, para que se note lo menos posible en el recibo, y al más puro estilo de la moratoria nuclear de los ochenta, los pagos se irán cargando mes a mes durante el periodo de vigencia del préstamo aportado por los bancos, entre 25 y 30 años.

Por su parte, Enagás se encargará de “hibernar” la infraestructura para proceder a su cierre, manteniendo los sistemas de vigilancia y seguridad necesarios para evitar nuevos sobresaltos. Hace ahora un año, la inyección de gas colchón por parte de Escal, la compañía controlada en un 66% por ACS que iba a explotar el Castor, provocó más de 500 terremotos de pequeña y media intensidad, lo que provocó el cierre temporal del almacén submarino.

Industria se quedará con la licencia de explotación tras la devolución realizada por parte de su adjudicatario. Queda aún por decidir quién mantendrá la titularidad del activo, si la propia Industria o una sociedad creada ad hoc por la Sepi, y si el Ministerio sentará las bases para un posible desmantelamiento futuro del almacén que yace bajo las aguas del Golfo de Valencia.