Economía

El fin de las tasas judiciales provoca un efecto llamada entre los pequeños inversores para demandar a Bankia

Ahorradores que habían comprado títulos por valor de 1.000 euros, o incluso menos, están acudiendo a los bufetes para presentar demandas civiles ante la eliminación de la tasa por el Gobierno. La desaparición de este pago también reactivará varias demandas colectivas, que podrían haberse suspendido por el pago de este impuesto.

Rodrigo Rato, ex presidente de BFA-Bankia e imputado por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, el día de la salida a Bolsa.
Rodrigo Rato, ex presidente de BFA-Bankia e imputado por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, el día de la salida a Bolsa. EFE

El informe de los peritos del Banco de España abrió la espita de muchos pequeños ahorradores para poder recuperar la inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia. Sin embargo, la existencia de las tasas judiciales impuestas por Alberto Ruiz Gallardón, en su etapa al frente de Justicia, había retraído de cualquier acción judicial a aquellos cuya inversión era inferior al pago que tendrían que efectuar por este gasto. Su desaparición no sólo determinará la viabilidad de determinadas demandas colectivas acumuladas que preparan ya varios bufetes de abogados sino que está animando a aquellos que invirtieron volúmenes en el entorno de los 1.000 euros en la compra de títulos de Bankia.

Tras la anulación de las tasas judiciales, diferentes despachos de abogados confirman a este medio que se está produciendo un incremento de estos pequeños inversores que solicitan información para emprender una acción por la vía civil. Un elevado porcentaje de los más de 300.000 clientes minoristas que acudieron a la salida a Bolsa invirtieron cantidades pequeñas, entre 1.000 y 3.000 euros de media, y el pago de tasas judiciales, en muchos casos, había disuadido a estos afectados a la hora de reclamar la devolución de su inversión en acciones. De hecho, el gasto en tasas para interponer una demanda por la vía civil oscilaba entre los 1.700 a 2.000 euros, según explican desde varios bufetes.

Bankia anunció una provisión de 780 millones de euros para hacer frente a las demandas civiles por la salida a Bolsa. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicó hace una semana, durante la presentación de resultados anuales de la entidad, que los 780 millones estimados como coste probable de las reclamaciones (repartidos finalmente al 60/40 por BFA y Bankia) provienen de un análisis muy riguroso y son una cifra "muy conservadora", que ha sido validada por un KMPG como experto independiente. El cálculo que maneja la entidad es que finalmente el coste alcance los 500 millones para la entidad y el Estado.

Sin embargo, en el análisis efectuado por Bankia, basado en la experiencia judicial de las participaciones preferentes, no se han contemplado que reclamen aquellos ahorradores que invirtieron 1.000 euros o una cifra inferior. Así, de confirmarse que este perfil de pequeños inversores comienzan a acudir a la vía civil, la provisión de 312 millones para hacer frente a las condenas podría ser revisada al alza.

El gasto en tasas para interponer una demanda por la vía civil alcanzaba un mínimo de 1.700 euros, lo que retraía a aquellos que hubieran invertido por debajo de esa cantidad

Bankia acumula ya 5.245 reclamaciones por su salida a bolsa, 933 demandas civiles interpuestas por inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada por la entidad en 2011, según consta en los informes de auditoría de la entidad, y 4.312 reclamaciones extrajudiciales.

De las demandas civiles, que son las recibidas hasta diciembre de 2014, se encuentran "vivas" 860, asegura Bankia, antes de precisar que el número de sentencias dictadas hasta la fecha y el sentido de las mismas "no son indicativos" de la "tendencia" de las resoluciones en el futuro.

Sin embargo, la auditoría de Bankia incluye un párrafo de énfasis de Ernst & Young en el que se alude precisamente a la incertidumbre acerca del resultado de las distintas demandas por la salida a Bolsa. En concreto, el auditor alude a "las incertidumbres asociadas al resultado final de los litigios relacionados con la OPS llevada a cabo en 2011 con ocasión de la salida a Bolsa de Bankia" y "a las provisiones registradas por el grupo para cubrir el coste estimado de los mencionados litigios". Ernst & Young precisa en todo caso que este párrafo de énfasis no cambia su opinión acerca de las cuentas analizadas. La advertencia se realiza "sin que esta cuestión modifique la opinión del auditor", asegura.

Despachos como Zunzunegui Abogados, que trabaja en una primera demanda colectiva de 1.000 afectados por la OPV de Bankia, estaban a la espera de la decisión del ministro Catalá sobre la eliminación de las tasas judiciales para determinar si esta acción era posible. Según Ricard Torres, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de productos financieros (Apabanc), la medida recientemente adoptada por el Consejo de Ministros “supone que numerosos afectados por las preferentes pero sobre todo por la oferta de suscripción de acciones de Bankia, puedan reclamar por la vía judicial”.

Buena parte de los despachos consultados por este medio aconsejan a los afectados acudir a la vía civil. El procedimiento penal, a su juicio, es de muy dudoso resultado y, además, se alargan los plazos de posible recuperación del dinero invertido. En cuanto a la vía administrativa, abogados como Zunzunegui consideran que es “complicado” que se condenen a los supervisores financieros, como ha sucedido en anteriores precedentes como en los casos Fórum Filatélico o Afinsa.

La vía civil abre una solución más rápida para los afectados, según los letrados consultados. De media, en España, los procedimientos judiciales de este tipo necesitan de un orden de 270 días para quedar resueltos.

Los diferentes bufetes consideran que el aluvión de demandas se producirá a lo largo del primer trimestre de 2015. De hecho, el mes de mayo parece ser la fecha límite, según defienden, para presentar cualquier tipo de acción penal ya que existen tres años para tomar medidas desde que se conocen la falsedad de las acciones. “Nosotros pensamos que esto sucede desde la publicación de los informes de los peritos, hace apenas unas semanas. Los abogados de los demandados mantendrán que el plazo comienza desde que el nuevo equipo gestor de Goirigolzarri reformula las cuentas”, mantiene Fernando Zunzunegui. Sin embargo, otras fuentes aseguran que no hay motivo para acelerar la presentación de demandas ya que el caso, al estar investigándose ya en la Audiencia Nacional, ya no prescribe.


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