El portal de transparencia y los sueldos: "¿Quién demonios le dio la pistola al mono?"

"¿Quién demonios le ha dado la pistola al mono?", afirmaba un miembro de la cosa pública en referencia a la reciente publicación de los sueldos en el Portal de Transparencia. El asunto de las retribuciones de los altos cargos se presta con facilidad a la demagogia, oculta unos esquemas de incentivos un tanto perversos y desvía la atención del debate que se debería tener sobre la forma de acceso a la primera línea de la Administración.

La demagogia es una vía de doble sentido. Por ejemplo, se ha convertido en un lugar común comparar las remuneraciones del Ejecutivo con las de sus equivalentes en el Ibex. Y al hacerlo los sueldos del sector público lógicamente palidecen en comparación con los del privado. Según los datos de 2013 compilados por la CNMV, los consejeros ejecutivos de las principales compañías de nuestro país cobraron de media unos 2,1 millones de euros. En el caso de los consejeros externos, la cifra disminuye hasta los 172.000 euros, si bien estas últimas remuneraciones no exigen exclusividad. ¿Y acaso no tienen tanta responsabilidad los miembros del Gobierno como cualquier directivo del Ibex?, sostienen no sin algo de razón algunos de los afectados.

Sin embargo, aunque no exento también de polémica, en principio los emolumentos del sector privado se otorgan en función de la productividad y criterios de eficiencia. Es más, en última instancia los accionistas siempre pueden vender de inmediato sus títulos si no están conformes.

Es fácil querer comparar las retribuciones del Gobierno con las del Ibex, pero éstas se hacen con criterios de productividad y los accionistas en última instancia pueden vender si no están conformes

Por el contrario, en el Gobierno no se da esa búsqueda del beneficio y, en cambio, debería haber un componente de servicio público. En claro contraste con el sector privado, se antoja además como algo razonable que los salarios sean proporcionales a la realidad salarial de los contribuyentes, máxime cuando la coyuntura es tan lacerante y cuando según las cifras del INE el salario mediano en España se situó en 2013 en los 1.600 euros.

Así las cosas, no parece que el Gobierno desde luego deba ser el lugar para forrarse. Pero ésa no es la idea que alberga el común de los ciudadanos. Cuando se habla de tantos sueldos superiores a los del presidente o la vicepresidenta, la mayoría de los contribuyentes simplemente no se cree que el presidente 'no se lo lleve crudo'. Considera que se lo cobran por otro lado, sobre todo al enterarse de los casoplones que han adquirido Zapatero o Soraya Sáenz de Santamaría, por poner algún ejemplo reciente.

En Estados Unidos, hay poco funcionario en las cúpulas directivas y los cambios de Gobierno conllevan remodelaciones de arriba abajo de los equipos. Estos gabineteros y altos cargos se toman el servicio público como una especie de máster extraordinariamente valorado que luego los catapulta a mejores trabajos y sustanciosas retribuciones en el sector privado. En España, si bien no ocurre así en los municipios y Comunidades Autónomas, muchos de los equipos del Gobierno central los forman funcionarios. Y lo que ocurre es que estos funcionarios están formados, trabajan largas horas y hay que compensarles por ello. Y ahí reside una de las claves del por qué hay tanta disparidad de salarios y retribuciones.

En España, el modelo de plaza fija surge como reacción al turnismo de tiempos de Cánovas y Sagasta, pues cada vez que mudaba el Gobierno se expulsaba a todos los empleados públicos. Sin embargo, muchas décadas más tarde las cosas en los sectores público y privado han evolucionado hacia mundos muy diferentes. En el sector privado, ahora existe una presión competitiva del exterior y tecnológica que ha hecho que muchos de los empleos menos cualificados se deslocalicen de la empresa y reciban salarios en consecuencia más bajos, un problema manifestado como evidente una vez se desvanecieron los efectos de la burbuja. Al mismo tiempo, el sector público ha podido aguantar mejor y eso se traduce en los resultados recogidos este año en la encuesta de decil salarial elaborada por el INE a partir de los datos recabados de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria: los salarios son en la actualidad de media un 50 por ciento más altos en el sector público. Por lo general, resultan más elevados en las franjas medias y bajas. Es decir, un portero suele estar mejor pagado en la Administración debido al proceso anteriormente mencionado de presiones a la baja sobre los salarios de las empresas.

Ahora bien, ¿qué sucede con los franjas altas? Pues que también están mejor retribuidas salvo en la línea más, más alta. Precisamente esos directivos que comparábamos al principio del artículo y que disparan sus sueldos respecto al resto de los mortales, en teoría de acuerdo con la productividad que exprimen de la empresa.

El portal de la transparencia no hace públicos los complementos de todos los tecos y diplomáticos que se marchan al exterior y que cobran lo mismo o más que el presidente del Gobierno

En cuanto a los altos funcionarios, éstos empiezan primero percibiendo más que sus pares equivalentes de la esfera privada porque aprueban una oposición. Con el paso del tiempo, a igual formación la brecha se va cerrando. De ahí que todos esos cuerpos del Estado hayan ido buscando diversas fórmulas para obtener compensaciones que les hagan ingresar más y que, por supuesto, son muy poco conocidas. El portal de la transparencia no hace públicos los complementos de todos los tecos y diplomáticos que marchan al exterior y que cobran lo mismo o más que el presidente del Gobierno. De acuerdo con el portal, un embajador medio recibe de sueldo unos 50.000 euros. Sin embargo, salvo por un asterisco que indica que hay más complementos, no se explicita que en realidad un embajador puede cobrar unos 200.000 euros o incluso bastante más gracias a una series de conceptos varios.

Así, los diplomáticos y los tecos siempre buscan salir fuera porque es cuando ganan dinero neto, es decir, ahorran. Y lo mismo sucede con el resto de una forma u otra. La Agencia Tributaria se creó para que los inspectores pudiesen tener un rango de retribución distinto. Los abogados del Estado suscriben convenios con empresas que representan una importante bolsa de dineros extra. Además, el Gobierno puede premiar a sus trabajadores allegados y que en verdad echan muchas horas en contra de la imagen típica del funcionario: bien sea con asientos en consejos de empresas públicas que se retribuyen, bien sea con incentivos a la productividad, que por cierto este año han aumentado en unos 40 millones de euros durante los 8 primeros meses del año como adelantó Vozpópuli.

Como resultado, mientras que el empleado público incluyendo también a los de las empresas públicas percibe los 2.520 euros de media brutos según el INE, el asalariado privado tan sólo alcanza los 1.691 euros. Y un 60 por ciento de los trabajadores públicos se embolsó en 2013 más de 2.159 euros al mes frente al 22 por ciento que lo hizo en la esfera privada. Aunque también hay que decirlo todo: es cierto que sólo el 12 por ciento de los contribuyentes españoles declaran a Hacienda más de 36.000 euros, lo que a todas luces hace pensar que demasiados profesionales, autónomos o trabajadores que se montan una sociedad escapan de la Agencia Tributaria y probablemente no se reflejan en estos datos.

No obstante, la perspectiva de una mejor remuneración asegurada en el sector público conlleva algunas repercusiones poco deseables. El reputado execonomista jefe del FMI, Raghuram Rajam, uno de los pocos que de verdad predijo la actual crisis y ahora gobernador del banco central de la India, argumenta que en determinados países como India, Grecia o España existe un problema muy serio en el hecho de que los sectores públicos y regulados pagan los mejores salarios y, en consecuencia, captan el mayor talento, lo que a la larga supone un drenaje para la productividad del resto de sectores.

Y dicho esto, el sector público aun así no parece tener puestos los incentivos adecuados. Hasta el punto que más de un alto cargo ha comentado a un servidor que ha ofrecido un ascenso a un funcionario de elevado rango y éste no ha querido la responsabilidad porque no le compensaba. Pongamos otro caso: el selecto grupo de los abogados del Estado, muy codiciado en las grandes empresas por sus contactos y conocimientos de la Administración. Éste es un grupo reducido y que salta a menudo al ámbito privado, razón por la que no hay suficientes y el Estado acaba perdiendo muchas causas tontas con el dinero desperdiciado que eso conlleva. Así que para atraerlos de vuelta el Gobierno les ha aumentado sensiblemente los pluses. A los médicos se les permite compatibilizar la actividad pública con la privada. Por no hablar de las dificultades que experimentan la CNMV y la Autoridad Fiscal para atraer talento, un problema que en cambio no padece el Banco de España porque dispone como quiere de los intereses de las reservas para financiarse. Ese senioraje del Banco les permite sufragar unos complementos y mutualidades que no se detallan en ninguna parte por mucha transparencia que se haya aprobado.

En definitiva, la Administración se ha visto obligada a fomentar por la puerta de atrás los complementos, dietas, productividades, pensiones, beneficios fiscales o compatibilidades, todo ello al objeto de contentar a unos grupos con mucha capacidad de presión. Y el resultado se resume en que ni se sabe bien quién gana cuánto ni se fijan unos incentivos adecuados. Al final, a un secretario de Estado hay que abonarle una cantidad ligeramente por encima de los 100.00 euros para que gane más que sus subordinados. En cambio, pese a que ingresen nominalmente menos, los ministros tienen buena parte de sus gastos pagados, y ello supone que su retribución en verdad se destina casi al completo a la hucha. Además, suelen sumar todavía más tanto por ser diputados como por sus puestos dentro del partido. Gracias a su complemento de diputado por Madrid, Rajoy ya supera los 90.000 euros en lugar de los 78.000 publicados, cosa que como tantas otras no se recoge en el Portal de Transparencia. Más lo que evidentemente pueda recibir por dirigir el PP...

A los ojos de la ciudadanía, el criterio de selección en los altos cargos es la lealtad y no la competencia, de lo que por tanto se justifica que los salarios no deban ser tan altos

Ya con Borrell de titular de Economía, Salgado ocupaba el cargo de directora de personal y tuvo que elaborar un estudio para reordenar todo este caos de salarios e incentivos ante el cabreo que se pilló Felipe González cuando se enteró de las retribuciones en las empresas públicas y demás. Y aunque han caído bastante, el desbarajuste continúa. Beteta intentó nada más llegar en 2012 abordar el lío de retribuciones que hay. Pero resultó imposible, en especial porque cualquier funcionario acumula una mochila de complementos económicos que arrastra con él adonde vaya.

A pesar de que individuos concretos como Guindos o Rajoy puedan haber perdido bastante de su nómina anual, se diría que cualquiera que pueda perder dinero por haber trabajado en la cosa pública lo compensa enseguida y con creces. Y sin embargo no se consigue atraer a los mejores del sector privado. La percepción generalizada es que el grueso de los altos cargos son funcionarios o directamente miembros de los partidos y, por lo tanto, no deberían ganar más. El criterio de selección es ante todo el de la lealtad. Y a ojos del público ello cuestiona si la formación es la más adecuada y justifica con toda la razón que las asignaciones pecuniarias no deban ser más altas.

Por todo ello, antes siquiera de plantearse si los sueldos son altos o bajos se antoja primero esencial reformar todo el sistema de acceso y escalada en el enrevesado mundo del sector público y político. Hay que democratizar los partidos y permitir una salida digna a los que han mantenido posiciones de responsabilidad en la Administración. Las denostadas puertas giratorias podrían incluso ayudar a que la política acoja más talento procedente del sector privado. Eso sí, con todos los controles y con una Oficina de Conflictos de Intereses que de verdad estudie los casos y funcione, no como ocurrió con Salgado, a la que se le autorizó que tomase un asiento en el consejo de Endesa-Chile... ¡porque no la había regulado! Bienvenida sea la transparencia por coartada y parcial que sean los datos que se proveen, pero lo más importante es que sirva para un debate sobre la forma en que seguimos planteando la política. De lo contrario, esto de la transparencia será otro tiro errado.