Economía

Rato se embolsará en un mes 522.000 euros de Bankia por su plan de pensiones

El ex presidente de BFA-Bankia cumplirá 65 años el próximo 18 de marzo. Pese a su imputación en la Audiencia Nacional, por el conocido 'caso Bankia', Rato no tiene ningún tipo de impedimento ni legal ni normativo para cobrar de una sola vez sus compromisos de pensiones.

Rodrigo Rato, ex presidente de BFA-Bankia e imputado por la Audiencia Nacional por el caso Bankia.
Rodrigo Rato, ex presidente de BFA-Bankia e imputado por la Audiencia Nacional por el caso Bankia. EFE

Rodrigo Rato cumplirá el próximo 18 de marzo 65 años, la edad legal de jubilación. La fecha permitirá al actual miembro del consejo internacional del Santander liberar el fondo de pensiones acumulado en su etapa como presidente del grupo BFA-Bankia, que asciende a 522.000 euros. Los cantidad se divide entre los 489.000 euros aportados por Bankia y los 33.000 euros por BFA, a lo largo de 2011, según se detalla en la documentación oficial de BFA, la matriz del banco nacionalizado.

El ex director general del FMI podrá liberar todo su plan de pensiones y cobrarlo de una sola vez, en apenas un mes, puesto que la política de retribuciones de BFA-Bankia, el grupo que dejó al borde del precipicio y tuvo que ser rescatado con más de 24.000 millones en ayudas públicas, así lo permite. Además, su imputación en el caso Bankia no será un obstáculo para que pueda recuperar todo su fondo de pensiones, según confirman fuentes jurídicas conocedoras del proceso. En este sentido,el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió no imponer limitación alguna para que los 24 ex consejeros de Bankia imputados en la causa puedan ir devengando las cantidades de sus planes de pensiones según vayan cumpliendo los 65 años. "Algunas de las partes solicitaron que se impusieran fianzas de responsabilidad civil, con cargo a las cantidades provisionadas en los planes de pensiones, pero el juez decidió no tomar en consideración esas peticiones", explican estas mismas fuentes jurídicas.

La decisión queda ahora en manos de Rato, que ya renunció, en junio de 2012, a su posible indemnización de 1,2 millones que le podía corresponder por una cláusula de su contrato. A cambio de la renuncia, el ex ministro solicitó por carta a José Ignacio Goirigolzarri que no se le aplicara la cláusula octava de su contrato, que le impedía trabajar en una entidad financiera durante los dos años posteriores a su salida. Una petición que estaba fundamentada para poder regresar al consejo asesor internacional del Santander.

Fernando Andreu, juez del caso Bankia, no ha impuesto ninguna limitación para que los 24 ex consejeros de Bankia imputados en la acusa puedan cobrar sus planes de pensiones del grupo nacionalizado según vayan cumpliendo los 65 años

En el sector se espera con expectación el movimiento de Rato acerca de su jubilación. No sólo por estar imputado en el caso Bankia, sino por saber si el ex presidente de Bankia se autoimpondrá el mismo argumento que exhibió en febrero de 2011 para no reconocer los derechos de cobro del plan de incentivos a largo plazo, que un grupo de diez exejecutivos de la época de Miguel Blesa en Caja Madrid, que reclamaban 25 millones. Entonces, Rato argumentó que, antes de entregar ese dinero, Bankia debía devolver los 4.475 millones que había recibido del Estado en las primeras ayudas del FROB. La factura se ha elevado ahora en casi 20.000 millones más.

Al cierre de 2013, los derechos acumulados en materia de pensiones para los 24 consejeros que formaron parte o fueron designados miembros del consejo de administración de Bankia con anterioridad al 25 de mayo de 2012 (entrada del nuevo equipo de José Ignacio Goirigolzarri) ascienden a 2.049.000 euros, según aparece recogido en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Bankia del pasado ejercicio, hecho público este miércoles. Rato, con unos compromisos por valor de 489.000 euros detenta casi una cuarta parte del total de las aportaciones efectuadas para todo el consejo. Sólo Francisco Verdú, ex consejero delegado de la entidad, con 533.000 euros, supera la dotación de Rato. José Manuel Fernández Norniella, el tercer consejero ejecutivo de aquella época, cuenta con un plan de pensiones en Bankia por valor de 104.000 euros. Como consejero de BFA, su plan de pensiones iguala la cantidad de Rato (33.000 euros).

La mayor parte de estos más de dos millones de dotaciones por pensiones para los consejeros de Bankia se realizaron en 2011, con un total de 1,8 millones. Un año después, la entrada del nuevo equipo de Goirigolzarri minimizó las contribuciones a los planes de pensiones (53.000 euros) y primas de seguros de vida (222.000 euros) para el antiguo consejo de Rato. Con la llegada del nuevo equipo de gestión se ha dejado de dotar cualquier tipo de contribución a planes de pensiones o cualquier otro tipo de sistema de ahorro a largo plazo.

Indemnización de 300.000 euros al ex director financiero

Junto a los compromisos por pensiones, el Informe Anual de Gobierno Corporativo ha desvelado que Ildefonso Sánchez Barcoj, hombre de confianza del expresidente Rodrigo Rato destituido por José Ignacio Goirigolzarri días después de llegar al banco público, ha percibido una indemnización de 300.000 euros por su salida de la entidad.

El ex director financiero de Caja Madrid y Bankia tenía una cláusula de no competencia en su contrato, con la indemnización correspondiente. El banco, sin embargo, se había negado a pagarla, amparándose en un informe realizado por Garrigues. Sánchez Barcoj había renunciado a recurrir esta decisión, aunque ahora puede haberse producido un acuerdo entre las dos partes para pagar la indemnización y evitar el riesgo de posibles litigios judiciales, según explican fuentes conocedoras del caso.

Los citados 300.000 euros es una cifra inferior a la que tenía derecho a percibir. Sánchez Barcoj cobraba 600.000 euros al año, tras la entrada en vigor de la reforma financiera del Gobierno que introdujo límites a los salarios y a las indemnizaciones de la banca con apoyo público. Antes de esta norma, su sueldo estaba en el entorno de los 1,5 millones de euros. La normativa del Gobierno fija que la indemnización no puede ser superior a dos años del sueldo fijo (1,2 millones en el caso de Sánchez Barcoj). Este, por tanto, hubiera sido el importe máximo al que hubiera tenido derecho por ley frente a los 300.000 efectivamente cobrados.


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