Economía

Hacienda aprobará una reforma fiscal que amplíe la recaudación pero que tenga estímulos al crecimiento

Con los ingresos hundidos, la comisión creada para elaborar una propuesta de reforma fiscal recomendará un alza del IVA a cambio de rebajas de cotizaciones a medio plazo. El grupo está dividido en torno a la eliminación de la deducción por vivienda y revisa uno por uno todos los beneficios fiscales. Se plantea subir el IBI, restringir los módulos, suprimir deducciones de Sociedades, entre otras cosas...

España tiene un problema de recaudación, han manifestado reiteradamente el presidente Rajoy y su ideólogo en materia tributaria, el ministro Montoro. Con los ingresos en el entorno del 37 por ciento del PIB y los gastos por encima del 45 por ciento, la reforma fiscal debe contribuir decisivamente a la reducción del agujero presupuestario. La idea del Gobierno consiste en una reforma que amplíe las bases y las limpie de muchos beneficios fiscales, pero que a la vez incluya estímulos a la creación de empleo, principal preocupación del Ejecutivo de aquí a las elecciones de 2015.  

Tras un periodo de divagación sobre los principios y las musas, el grupo de expertos creado para la reforma fiscal lleva tan sólo unas pocas semanas arremangado haciendo cálculos con los simuladores de la Agencia Tributaria y de Funcas instalados en el Banco de España. Uno a uno, están revisando todos los beneficios fiscales que se conceden en cualquiera de sus formas, ya sean deducciones, exenciones o minoraciones.

La tarea es harto complicada debido a la plétora de conceptos incluidos, desde aquellos afectados por alguna discapacidad a los que habitan en Ceuta y Melilla, pasando por los consumidores de energías renovables, entre muchos otros. De hecho, según ha podido saber Vozpópuli, el principal punto de división ha radicado en la supresión de la deducción por la compra de vivienda.

Algunos miembros del grupo de expertos e incluso del Gobierno son partidarios de quitarla por completo con carácter retroactivo y recuperar unos 1.700 millones al año de ingresos. Pero la resistencia de una parte de la comisión ha sido numantina, de modo que se ha azuzado el ingenio y se le han dado varias vueltas a la ayuda. “Habrá sorpresas”, aseguran fuentes conocedoras, lo que según algunos especialistas consultados bien podría suponer una supresión muy gradual, parcial y sólo a partir de ciertos niveles de renta (prácticamente el 80 por ciento de los beneficiarios de la deducción por la inversión en vivienda ganan más de 30.000 euros, apuntan).

La devaluación fiscal a medio plazo

El grupo de sabios también puede proponer que a medio plazo se aplique una rebaja de cotizaciones cuya pérdida de ingresos sea compensada con un alza del IVA, la llamada devaluación fiscal. Ésta conlleva una ganancia de competitividad por dos vías: por un lado, la reducción de cuotas sociales representa una disminución de los costes laborales. Por otro, el IVA grava y penaliza el producto importado pero no el exportado. Y la combinación de ambos tendría un efecto similar a una devaluación del tipo de cambio: de acuerdo con un estudio de Doménech, Boscá y Ferri, un descenso de 3,5 puntos en las cotizaciones que se compensase con un incremento de 2 puntos en el tipo efectivo del IVA generaría al cabo de dos años unos 200.000 puestos de trabajo a tiempo completo, el mismo resultado que si se hubiese devaluado el tipo de cambio un 9 por ciento.

En más de una ocasión, la Comisión Europea ha instado a España a que avance en la fiscalidad indirecta. Y el propio secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se reunió hace semanas con representantes de la CEOE y les sondeó para averiguar qué les parecería si en 2014 se subía IVA a cambio de abaratar cotizaciones. Sin embargo, las patronales se opusieron porque el repunte del IVA deprimiría aún más el consumo y en cambio sospechaban que la aminoración de las cotizaciones se aplazaría sine die.  

Y no les falta razón, ya que el mayor inconveniente de esta propuesta es que rompería la caja única de la Seguridad Social y añadiría tensiones a la financiación de las pensiones, por lo que al final lo más probable es que primero se exprima el IVA y sólo más adelante se toquen las cotizaciones. Aunque esta medida podría paliarse con el traspaso poco a poco de las pensiones de viudedad y orfandad a los Presupuestos, para que éstas sean sufragadas con impuestos. Tal iniciativa ahorraría unos 20.000 millones al sistema de pensiones y en el Ministerio de Empleo se contempla con muy buenos ojos.

En este sentido, los expertos también analizan la posibilidad de que las cotizaciones se sustituyan por un impuesto al trabajo puro, y que por lo tanto no tengan topes máximos igual que se hace en Estados Unidos.

El repunte del IVA puede llevarse a cabo reclasificando productos que tributan por el tipo superreducido del 4 por ciento o el reducido del 10, aunque tal propuesta también puede encontrar mucha resistencia fundamentalmente en el sector de la hostelería. Aproximadamente, la mitad de los bienes y servicios se libran del tipo general del 21 por ciento, lo que entraña unos 10.000 millones menos para las arcas públicas.

Con el fin de compensar el daño que ese incremento del IVA puede causar entre las rentas más bajas, los expertos pueden sugerir una subida del mínimo exento del IRPF, bajar retenciones en los tramos inferiores para brindar mayor liquidez, o simplemente una bajada del IRPF para las rentas más bajas tal y como ya ha anunciado Montoro.

IBI, Sociedades, módulos y ahorro

Otra reforma que se plantea en línea con las recomendaciones del FMI o la OCDE consiste en rebajar o eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en su lugar gravar más el IBI, que aunque ya ha subido mucho presenta un perfil menos volátil que el ITP, un impuesto considerado responsable de que las Comunidades hayan generado unas estructuras de gasto sobredimensionadas basadas en unos ingresos que se esfumaron en cuanto explotó la burbuja. Además, los expertos sopesan el papel que desempeñarán en la financiación autonómica figuras como los depósitos bancarios, Patrimonio o Sucesiones.

Respecto a Sociedades, Hacienda quiere que se aumente la recaudación todavía más, así que se eliminarán más beneficios fiscales buscando que el tipo efectivo engorde desde unos niveles que en el caso de las grandes empresas han sido del orden de hasta el 4 por ciento. El tipo se recortará al 25 por ciento desde el 30 actual sólo cuando se hayan restablecido los ingresos por esta figura.

La comisión fiscal ha puesto la lupa sobre la tributación por módulos, en la que no se contribuye al Fisco según los beneficios, sino una cantidad fija en función de variables como los metros del local, el consumo eléctrico o el personal empleado. La intención de Hacienda es que los módulos sólo se permitirán a aquellas actividades que atienden directamente a clientes, como peluquerías o taxistas, y que por lo tanto no necesitan emitir facturas a empresas, lo cual dejaría fuera de este sistema al transporte y los servicios de construcción. Se trata así de atajar una fuente de fraude inagotable, ya que muchos moduleros aprovechan que no tributan por ello para emitir facturas falsas que otra empresa puede deducirse.

En cuanto al ahorro, se habla de la creación de una cuenta financiera en la que se sumen todos los conceptos del ahorro y luego al conjunto de la cuenta se le aplique un tipo único.

Conminada por Bruselas, Hacienda ha de aumentar la presión tributaria en el campo medioambiental. Lo cual se traducirá, por ejemplo, en que se iguale la fiscalidad del diésel a la de la gasolina.  

Reunidos todos los lunes sin cobrar por ello, los expertos tienen de plazo hasta finales de febrero para entregar sus conclusiones a Montoro. La idea es que abran el debate y luego el Gobierno tome las decisiones políticas, que se irán adoptando de forma escalonada, año a año. Al igual que se hizo con las bonificaciones a la contratación, fuentes gubernamentales señalan que Montoro limpiará todas las deducciones para luego diseñar una ristra de estímulos con la intención de fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, dando así una buena venta a la reforma.

No obstante, varios especialistas en la materia subrayan que esa concepción del ministro dista del sistema tributario más eficiente y menos perjudicial para la actividad. "El riesgo es que a fuerza de no querer irritar votantes o colectivos se termine tocando lo mínimo de cara a las elecciones", explica un analista.


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