Economía

La reforma fiscal propone un mini Estado del Bienestar y un cambio radical en la financiación de las pensiones

La Comisión de expertos simplemente lleva a cabo una recomposición de la cesta de los impuestos, sin bajarlos ni subirlos. No se atreve a quitar todas las deducciones y deja el objetivo de recaudación en unos niveles por debajo de los de Estados Unidos.

El presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Manuel Lagares.
El presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Manuel Lagares. EFE

La Comisión de expertos de la reforma fiscal plantea que la recaudación se estabilice entre el 37 y el 38 por ciento del PIB, exactamente los mismos niveles en los que se encuentra ahora mismo. Sin embargo, en la actualidad el gasto se sitúa, según los cálculos de BBVA, en el entorno del 44,4 por ciento del PIB sin las ayudas a la banca. Una diferencia de más de seis puntos que, a razón de 10.000 millones por punto de PIB, todavía ronda la friolera de 60.000 millones.

Aunque el crecimiento engorde algo el denominador del PIB, ello implica que el ajuste ha de continuar, y los propios expertos de la reforma fiscal apuntan que éste se concentrará por el lado del gasto hasta dejarlo en 2016 en el 39,7 por ciento del PIB, una ratio que nos coloca lejos del 45 por ciento de la media europea e incluso por debajo del 40 por ciento del PIB que se desembolsa en Estados Unidos. Y de sobra es conocido qué tipo de Estado social han decidido tener los estadounidenses.

Es decir, los expertos han recomendado la creación de un mini Estado del Bienestar. Y por mucho que a uno le pueda gustar o no, la cuestión de cuánto tamaño y qué estructura del Estado del Bienestar queremos financiar los españoles… ¿no debería ser objeto de un debate nacional?

Por otra parte, tal afirmación entra en flagrante contradicción tanto con Rajoy como con Montoro, quienes han dicho en reiteradas ocasiones que el ajuste del tamaño de la Administración ha terminado y que el problema radica en los ingresos. Entonces, ¿qué reforma es ésta que no los engorda?

Pues tal y como les ha encomendado Hacienda y avanzó Vozpópuli, los expertos simplemente han puesto sobre la mesa una redistribución de la cesta de los impuestos para que el sistema sea más eficiente: en línea con Europa, se baja la imposición directa porque fomenta más el trabajo y la inversión, y a cambio se sube la indirecta que además no grava las exportaciones y sí las importaciones. En el agregado, ni se sube ni se baja un céntimo de impuestos.

Directos por indirectos

Respecto a las alzas de indirectos, los expertos piden una subida del IVA por valor de 6.000 millones al elevar del 10 al 21 por ciento el tipo de alimentos elaborados, gafas o ferias. Y proponen alzas de medioambientales y especiales por valor de 4.000 millones. Los primeros consisten básicamente en gravar más el gasóleo, el carbón, las emisiones de dióxido de carbono, la electricidad, el agua o los residuos nucleares. Los segundos representan malas noticias para bebedores y fumadores, ya que se aboga porque se pague más por las bebidas espirituosas, se sugiere un impuesto al vino y se señala que la tributación del tabaco debería repuntar en la misma proporción que lo hagan sus precios. 

En cuanto a las rebajas de directos, la Comisión cifra la disminución de impuestos en 3.000 millones para el capital y 7.000 millones para las familias a través de Renta, ahorro y Sociedades.

La contribución del IRPF disminuye al subir un poco la deducción en cuota del mínimo exento, que se eleva por personas a cargo y aún más por cada vástago menor de tres años cuando ambos cónyuges trabajen. También se crea un deducción decreciente que protege a los que ganan menos: en concreto, los expertos especifican que no se tribute nada por debajo de un sueldo neto de 14.000 euros, pese a que Rajoy lo anunció sólo para el que cobre 12.000 euros.

La Comisión insta al Gobierno a que recorte de siete a cuatro los tramos de las tarifas del IRPF, con un tipo mínimo del 20 por ciento y un tipo máximo del 50 por ciento que más adelante podría descender hasta el 45. Con el fin de que el debate no lo dominen los tipos máximos, los sabios defienden que se comunique al ciudadano el tipo efectivo que realmente paga.

Al mismo tiempo, el gravamen sobre el ahorro incluirá las rentas inmobiliarias, permitirá compensar pérdidas patrimoniales con otros rendimientos del capital y se le asigna un tipo único del 20 por ciento, sin distinción de plazos como se hace ahora.

En el apartado de Sociedades, se establece un tipo único para no crear incentivos al fraude o a que las pymes sigan siendo pequeñas. Y éste se fija primero en el 25 y más adelante en el 20, aunque al mismo tiempo se eliminan ayudas como la del I+D o la de reinversión de beneficios, se alargan los plazos de amortización para que las empresas se deduzcan menos por ello, y se penaliza el endeudamiento excesivo al no permitir que las compañías se desgraven gastos financieros que superen el 50 por ciento de su activo contable.

El alza del IBI

Sin embargo, pese a todo este intercambio de cromos, en Bruselas exigen que haya un incremento de la recaudación. Y algo sí que puede proceder de la mayor eficiencia fruto de la reforma y del crecimiento, a fuerza de unos 1.000 millones más en caja por cada décima de crecimiento según las previsiones más optimistas. No obstante, los propios expertos de la reforma advierten de que no se podrán recuperar las cotas de ingresos previas al estallido de la burbuja.

Es más, una serie de factores seguirán presionando a baja sobre los ingresos, como el continuo proceso de corrección del endeudamiento, el paro, la precarización laboral, la actividad desplazada hacia la economía sumergida o incluso el crecimiento vía exportaciones que no paga IVA.

De modo que hay un impuestazo que no se quiere cifrar de cara a los próximos años, y ése es el del IBI. Aunque se limita Sucesiones y Donaciones entre el 4 y el 10 por ciento, se elimina Patrimonio, que apenas recauda, y se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en realidad se crea para sustituirlos un gran impuesto a escala nacional sobre la base del IBI. Éste no superará el 1 por ciento anual del valor de la vivienda, pero los valores catastrales se incrementarán por encima del límite ahora establecido del 50 por ciento respecto al valor real, actualizándose todos los años según la evolución del mercado en cuanto el sistema esté listo en un par de años. Esto es directamente una subida del impuesto en toda regla, de cuya potencia recaudatoria no se da ni un número en un nuevo ejercicio de opacidad absoluta. 

Una reforma a la mitad

Por más que los principios que la rijan sean los correctos y que la música de muchas de las medidas suene muy bien, el problema de la reforma tributaria estriba en que tiene un punto esquizofrénico. Dice por un lado lo que un economista de corte liberal quiere oír. Pero luego de otro lado enseguida se ve en el detalle que alguien con vis política echa un poco el freno. Por ejemplo, plantea una reducción generalizada de las deducciones, exenciones y bonificaciones que dejan el sistema tributario como un queso gruyere. Pero luego va aguando muchas de estas pretensiones una tras otra por miedo a la reacción social. De la reclasificación del IVA, evita tocar la vivienda, el turismo y el transporte. Tampoco se atreven a acabar del todo ni con la deducción por compra de vivienda ni con la deducibilidad de los gastos financieros de las empresas.   

Sin embargo, hoy día se trata de que el sistema sea eficiente recaudando y de que sea neutral respecto a la actividad. Es decir, que no encorsete el crecimiento aún más. Cualquier economista liberal sostiene que con esa mayor recaudación se puede hacer a continuación el gasto social allá donde se precise. Esto es lo eficiente y lo que se ha llevado a cabo en los países nórdicos, nada sospechosos de ser fanáticos neocon obsesionados con empobrecer a las clases menos pudientes. Así, por ejemplo, se persigue que todo el mundo pague más por el consumo vía IVA, pero que luego con esos mayores ingresos se pueda concentrar la asistencia en los que más lo necesiten en lugar de dar una ayuda sin ton ni son, al que lo necesita y al que no. Sale mucho más caro tener para todos el pan gravado a un IVA superreducido que subsidiar este producto exclusivamente a las rentas muy bajas. Y otro ejemplo: se podría suprimir la deducción por vivienda, algo a lo que la Comisión de expertos se resiste, y con lo que se recaude por ello que se podría atender a los que más agobios padecen para afrontar su hipoteca.  

El diseño de los sistemas fiscales modernos consiste en que el Estado se embolse más porque se sube el tipo efectivo al eliminar deducciones, pero en cambio se rebajen los tipos marginales, un factor decisivo a la hora de incentivar el trabajo, evitar la fuga de rentas a los tipos de sociedades, aflorar el fraude o incluso atraer inversiones. Si por cada euro de más que gana el trabajador, Hacienda se va llevar prácticamente la mitad, entonces se pierde el incentivo a ganarlo o se busca sortear la fiscalidad.

El ahorro

En buena medida, debido a unos tipos de interés extraordinariamente bajos y a un mal sistema fiscal, se animó la compra de vivienda, en parte como una suerte de ahorro. Sin embargo, con una gran porción del ahorro atrapado en los inmuebles, también hace falta la existencia de ahorro líquido que financie la inversión. No obstante, insistimos en apoyar el ladrillo. Y pese a que en un bien como la vivienda ahora mismo elevar el IVA difícilmente se va a repercutir al precio, los expertos no se atreven a plantear un alza del 10 al 21. Y otro tanto ocurre con las exenciones por planes de pensiones. Aun sólo beneficiando a los más ricos, los sabios la mantienen y la hacen extensible a las cuentas bancarias a largo plazo. Eso sí, exigen reducirla porque la exención más o menos alcanza los 10.000 euros, el doble de lo que concede EEUU, Francia o Italia. Pero, ¿no habría sido mejor bajar el tipo del ahorro al 15 y fomentarlo de verdad y de manera generalizada para que se pueda estimular en último término la inversión?

Una reforma imposible de las pensiones

La segunda pata de la reforma fiscal se resume en una devaluación fiscal que intercambie rebajas de cotizaciones por alzas del IVA que contribuyan a soportar las pensiones, una operación que baja los costes salariales y que por lo tanto brindaría más competitividad a la economía española, pero que parece difícil de acometer dado el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Naturalmente, los expertos sugieren medidas que reforzarían esas cuentas, como que los 20.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y orfandad se sufraguen con impuestos, que se contabilice toda la vida laboral y que haya mayor relación entre lo aportado y lo que se reciba.

Pero la cosa no se queda ahí. La Comisión también se propone revolucionar el sistema tal y como lo entendemos e, incluso, cargarse el consenso del Pacto de Toledo. Como punto de partida, los expertos subrayan que las cotizaciones son de las más elevadas del mundo. Sin embargo, esta estadística recoge tanto los modelos de pensiones asistenciales como los de pensiones contributivas. Si España se compara sólo con los de contributivas, entonces las cuotas sociales no resultan tan excesivas. ¿Acaso se intenta cambiar el sistema hacia uno asistencial? Y otra vez, ¿no implicaría eso la necesidad de un gran debate nacional?

Quizá inspirados por esa visión, los expertos pretenden cambiar las cotizaciones como las conocemos por un impuesto sobre las nóminas que además se recaude igual que el IRPF, a imagen y semejanza de lo que se hace en Estados Unidos. Eso permitiría que dicho impuesto no estuviese topado como lo está ahora y que se reciba justo lo que se ha abonado al estilo de un seguro privado. Pero he aquí el inconveniente: en España la contribución esta topada porque lo que se recibe está topado, y además se trata de un sistema de reparto solidario por el cual una generación paga a otra las pensiones. En consecuencia, la contributividad es parcial. Lo que están barajando los expertos supone un cambio radical del sistema de financiación de las pensiones muy alejado de la concepción española. Aunque se precisa una reforma en profundidad del sistema, se antoja casi imposible que lo que formulan se pueda llevar a cabo.

El fraude y la legitimidad del gasto

Al final, Montoro sólo aplicará una parte de estas recomendaciones. Lo bueno del documento de los expertos es que acaba con el sistema de módulos, que supone una fuente de fraude, y pone orden en la tributación de las Comunidades Autónomas, que se asemeja a un pandemonium imposible de refrenar que lastra cualquier actividad empresarial. A partir de ahora, si hay que financiar una infraestructura se recurrirá al copago o la tasa, mecanismos que según los expertos se deben extender a la financiación de todas las infraestructuras e, incluso, a los centros de las grandes urbes.

Por último, hay una coda habitual al séptimo mandamiento: no robarás, porque el Estado odia que le hagas la competencia. Esa percepción de que el Estado nos roba es una causa importante del fraude, una de las principales razones que explica la baja recaudación del Reino de España. Hay que legitimar el gasto del Estado recortando lo superfluo por mucho chocolate del loro que sea. Y en la parte de responsabilidad que toca al ciudadano, éste debe recordar algo que siempre menciona nuestro colaborador Francisco de la Torre en su reciente libro ¿Hacienda somos todos?: “Los impuestos son el precio de la civilización. En la selva no hay impuestos”.

Por si acaso, los expertos han amenazado con la instauración de una especie de gran hermano que albergue registros informáticos de todas las cuentas, transacciones, depósitos, valores, bienes y salarios. De forma que se puedan integrar y lograr así una suerte de foto patrimonial que posibilite divisar de un año a otro cambios sustanciales en los patrimonios y, por consiguiente, señales de fraude. 


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