El recorte a los políticos se retrasa mientras que el tajo al ciudadano es instantáneo

El recortazo de Rajoy afectará casi de inmediato al bolsillo del ciudadano. Pero tardará mucho más en sufrirlo el aparato político. El 30 por ciento de reducción en el número de concejales se aplazará hasta que agoten su mandato electoral, en la mayoría de los casos durante casi tres años al celebrarse los últimos comicios municipales en mayo de 2011. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo justificó en que no se podía modificar el resultado de unas elecciones democráticas.

Por otro lado, el gasto en altos cargos del Estado central apenas ha disminuido en un 6 por ciento hasta mayo, lo que contrasta con el 10 por ciento de recorte a la prestación por desempleo tras los seis primeros meses o el 15 por ciento de reducción a las ayudas de la dependencia. Aunque esta partida tan sólo ronda los 100 millones de euros y resulta pequeña en comparación con otras del presupuesto, se trata de un dato sintomático. 

Pese a la austeridad, El PP ha fichado asesores en medio de la crisis

Las diputaciones, el coche escoba para recolocar a muchos afines a los partidos, se han reforzado en lugar de eliminarse y aún está por ver que se consigan los ahorros prometidos con la centralización a través de éstas de los servicios de los ayuntamientos más pequeños. Por otra parte, el tajo del 20 por ciento a los subsidios de las formaciones políticas hace mucho menos daño al PP en tanto está en el poder. De hecho, en Génova incluso han fichado a nuevos asesores al marchar algunos a los puestos de confianza del Ejecutivo.

Los propios parlamentarios populares aplaudieron la pérdida de su paga extra, el recorte a los subsidios de los partidos o que los sueldos en los ayuntamientos sean limitados. Pero el ala más liberal del PP echa de menos que el Gobierno no adoptase iniciativas más duras respecto al entramado político, por ejemplo empequeñeciendo el Senado, cerrando más rápido los entes públicos, suprimiendo las diputaciones o fusionando ayuntamientos, por no hablar de las comunidades autónomas.

“La contestación va a elevarse mucho en la calle y es necesario tomar todas las medidas posibles para que el ciudadano vea que los políticos no tienen privilegios”, explicaba una fuente gubernamental.

Uno de los actuales ministros incluso confesaba en privado antes de que lo nombrasen que cualquiera que fuese titular de una cartera no podría salir a la calle en cuanto se aplicasen todas las reformas que se precisaban. Por eso, algunos de ellos opinan que hacen falta más tijeretazos a todo lo que tenga que ver con los políticos si no se quiere correr el riesgo de acabar como en Grecia, con varios partidos radicales alzándose con cuotas importantes de votos.

Una fuente del Gobierno ponía el ejemplo de los coches oficiales: “Es verdad que el ahorro es casi inexistente porque, entre otras cosas, has de seguir pagando a los chóferes, pero aunque sólo sea un gesto es muy importante para trasladar una imagen de austeridad y aliviar las tensiones sociales”.

El entorno de Rajoy cree que la mayoría de los ciudadanos mantendrá la calma

No obstante, ésa no es la lectura de algunas de las personas más cercanas a Mariano Rajoy, quienes piensan que “los violentos serán los de siempre, la mayoría de la gente es responsable”.

¿Podría el Gobierno perder el contacto con la realidad? No sólo ha sido la imagen de los diputados populares aplaudiendo. Algunos analistas también subrayan el gran error de Rajoy al decir al comienzo de su discurso del 11 de julio que cinco millones de españoles salían cada día a la calle con al objeto de encontrar un trabajo, para unos minutos más tarde en la misma elocución afirmar que se mermaba la prestación por paro con el fin de incentivar la búsqueda de empleo. Y unos ejemplos muy citados han sido el viaje del presidente a Polonia para ver el fútbol tras el rescate y la comida que celebró hace escasos días con los grandes empresarios, en lugar de simplemente reunirse con ellos. 

Otro problema es dónde recae el peso del ajuste. Los mayores sacrificios se concentran en los ingresos por IVA y en los bocados al paro, valorados en 22.000 millones y 9.000 millones, respectivamente. Además, se prepara una reforma de las pensiones que tenga en cuenta los factores de sostenibilidad y por tanto alargue la vida laboral y rebaje las jubilaciones. Si encima los recortes ahondan en la recesión y hay que recurrir a nuevos esfuerzos fiscales, entonces la paz social puede resentirse.  

“No vale con decir que lo anunciado es imprescindible. El Gobierno ha perdido la oportunidad para acometer más medidas ejemplarizantes, para demostrar que ellos también se sacrifican y abordar una reforma completa del Estado”, comenta una persona del entorno del PP.

Un consejero autonómico reclamaba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves que se llevase a cabo una reforma del Estado del Bienestar: “Lo que no es posible es que se pida a las comunidades unos objetivos que les resultan imposibles con las actual definición del Estado. Hay que cambiarla”.

Y el debate también está servido respecto al número de empleados públicos, porque los gobernantes de las comunidades siempre declaran que están intentando aplicar los hachazos con el menor daño posible en el empleo. Incluso dentro del Gobierno, hay opiniones muy distintas sobre este capítulo cuyo coste no se logra aminorar. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, quieren disponer de un funcionariado bien pagado, eficiente y con el tiempo más reducido. Sin embargo, otros como el ministro de Economía, Luis de Guindos, querían rebajar más los sueldos.