EL CONSTITUCIONAL REVISA LA LEGALIDAD DE UNA MEDIDA QUE SIGUE EN VIGOR

Madrid y Cataluña pretenden retener los 55 millones de euros que ya han cobrado por el euro por receta

Los fondos que pueden ser declarados ilegales por el Tribunal Constitucional serán retenidos por las administraciones públicas que los cobran. El PP, que ha recurrido al Constitucional, asegura que no puede forzar a una administración de su mismo color político como la de Madrid a devolver los fondos y que “los mecanismos de devolución deben ser articulados por las autonomías que instauraron el cobro”.

Madrid y Cataluña pretenden retener los fondos del euro por receta
Madrid y Cataluña pretenden retener los fondos del euro por receta EFE

Catalunya y Madrid pueden estar cobrando de manera ilegal la tasa del euro por receta. Pero mientras el Tribunal Constitucional dirime la legalidad de la medida, ambas administraciones han dejado ya claro que la recaudación obtenida seguirá en las arcas públicas y no en los bolsillos de los pacientes que las están pagando. Ninguna de las dos pretende devolver el dinero salvo orden expresa del Constitucional, lo que significa que engordarán sus arcas con unos fondos que a fecha de hoy pueden rondar los 55 millones de euros y con los intereses que generan.

La cuantía ronda los 50 millones de euros en Cataluña y los 4,3 en Madrid, según estimaciones de Sanidad. Pese a que no es una cuantía que dé la vuelta a la contabilidad pública, la cuestión es en qué cuenta debería estar mientras se resuelve la causa, es decir, a quien debería dar réditos ese dinero: si a las administraciones que pueden estar pagando una tasa potencialmente ilegal o a los pacientes que adelantan esos fondos sin la certeza jurídica de su valor.

Según estimaciones de Sanidad, las dos administraciones pueden haber recaudado, de momento, unos 55 millones de euros:

  • Cataluña implantó la medida el 23 de junio del año pasado. En sus primeros tres meses, el Servei Català de Salut (CatSalut) explicó que un 17% de las recetas expedidas en ese periodo no pagaban el euro por receta por ser medicamentos con un precio inferior a 1,67€ o porque se emitían para alguno de los 127.000 enfermos exentos. En su primera contabilidad, CatSalut cifró en 34,6 millones de euros lo recaudado a primeros de noviembre y en 50 millones de euros su previsión de ingresos al cierre de 2012.
  • Madrid, por su parte, comenzó a cobrar el euro por receta el uno de enero con un sistema informático que no está todavía plenamente operativo y que no permite saber lo recaudado ni si los pacientes han alcanzado ya los 72 euros máximos a partir de los cuales los enfermos quedan exentos del pago. Fuentes de Sanidad estiman que la Comunidad podría recaudar unos 4,3 millones de euros antes de que el Constitucional pueda decretar la suspensión cautelar de la tasa.

El Partido Popular es contrario al cobro pero “no puede frenarlo”

El Partido Popular a nivel nacional se declara abiertamente contrario a la medida tomada por el PP madrileño. Su responsable de Sanidad, Ignacio Echániz, asegura que “la medida no es correcta”. Sin embargo, preguntado sobre si Madrid debería devolver a los ciudadanos una tasa que el PP nacional considera ilegal, Echániz asegura que es “responsabilidad de las administraciones que han instaurado esas tasas el retirarlas y el articular los mecanismos de devolución de esos fondos”. 

“La decisión de devolver esos fondos corresponde a Madrid”, afirma Ignacio Echániz, responsable de Sanidad del PP

El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha pedido también oficialmente que "se devuelva a los pacientes o cobrado hasta este momento por la tasa".

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insinuado ya públicamente que incluso aunque el Constitucional paralice el cobro de la tasa, Madrid no devolverá el euro por receta que cobra desde el 1 de enero y que "sólo dejará de ser efectiva desde el momento en que el tribunal se pronuncie al respecto". 

El Tribunal Constitucional decide

La declaración de inconstitucionalidad de la tasa no implica necesariamente la devolución de su cobro. Es el propio Tribunal en sus sentencias el que establece el ámbito temporal y los efectos concretos de sus fallos por lo que las autonomías que lo cobran podrán retener esos fondos y sus intereses hasta que se resuelva la causa. Esos cobros generan unos intereses que rondan el millón de euros anuales y que la Generalitat y la Comunidad podrán seguir embolsándose. 


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