Economía

Renfe pagará más de 2 millones a PwC, la auditoría para la que trabajó Gómez-Pomar

El presidente de la compañía ferroviaria, inspector de Hacienda, dirigió una cátedra en PriceWaterhouseCoopers. Gómez-Pomar se abstiene en la adjudicación, pero faculta por escrito al personal directivo a contratar por debajo de seis millones de euros.   

Julio Gómez-Pomar, antes de ser nombrado presidente.
Julio Gómez-Pomar, antes de ser nombrado presidente.

El Comité de Dirección de Renfe aprobó el pasado 20 de enero por escrito una adjudicación de 2.286.000 euros a las consultoras Pricewaterhouse Coopers (PwC) y BPI Consulting. La partida asignada, muy generosa, irá destinada a una función tan extraña como la “adaptación de los sistemas económico financieros de Renfe Operadora al nuevo modelo societario”. Independientemente de lo que esto signifique –no hay noticias del “nuevo modelo societario” por el que se abonan más de dos kilos–, la contrata ya ha generado un revuelo en el operador ferroviario, y es que el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, trabajó para PwC durante los últimos años.

Esta relación se desprende de la biografía de Gómez-Pomar recogida en la web de Fomento. Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, “en la última etapa ha sido director del Centro de Innovación del Sector Público de PwC”, se lee en un párrafo. Se trata de una cátedra financiada por la auditoría. Por 'Price' también han pasado prohombres de la política como el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el director general del FROB, Antonio Carrascosa.   

Sabedor de la polvareda que puede levantar una adjudicación así, Gómez-Pomar tomó sus medidas. Así, el 10 de enero anunció que se abstendría de cualquier decisión vinculada con su etapa en la firma anglosajona (tiene las sedes en Londres y Nueva York). Sin embargo, ese mismo día el presidente del operador de trenes español concedió más poderes a los altos cargos de Renfe: a través de un escrito, permitió a los directivos firmar contratos por valor de hasta seis millones de euros –el tope estaba en un millón–, siempre que se trate de casos “con carácter excepcional”.

En adelante, cuando una adjudicación sobrepase los seis millones, ésta debe pasar por el Consejo de Administración de Renfe, donde la vigilancia es mayor; por debajo, podrá ser aceptada por el personal directivo. En este nuevo escenario, la “adaptación al nuevo modelo societario” con la que PwC y BPI se embolsarán 2,3 millones, ¿tendrá asimismo un “carácter excepcional”? 


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