Rubalcaba era uno de los principales valedores de los intereses del empresario

Pedro Sánchez apoya la compensación a ACS por el Castor y prolonga la luna de miel del PSOE con Florentino

El PSOE no pondrá obstáculos a que el Gobierno indemnice a ACS por la “hibernación” del Castor, el almacén subterráneo de gas natural construido frente a las costas de Castellón. El PP llevará al Congreso la semana que viene esta indemnización y la actitud del PSOE se explica, sobre todo, por las responsabilidades que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero en el polémico contrato firmado con los promotores de la operación.

El real decreto que el Gobierno someterá a la convalidación del Congreso el próximo jueves 16 autoriza el pago a ESCAL UGS, controlada por ACS, de 1.350 millones de eurosen concepto de indemnización por la “hibernación” del almacén subterráneo de gas construido frente a las costas de Castellón. El Partido Socialista puede rechazar el pago, apoyarlo o abstenerse. Esta última opción es la que, finalmente, prosperará salvo que a última hora el líder socialista, Pedro Sánchez, decida otra cosa.

En el PSOE se recuerda que Zapatero avaló personalmente la firma del contrato del Castor

Es poco probable que lo haga puesto que en su análisis del real decreto, el PSOE ha concluido que puede dejarse muchos pelos en la gatera en este debate, donde prefiere pasar desapercibido. Los motivos son lógicos. El expediente del Castor pasó por las manos de los exministros socialistas José MontillaJoan Clos y, finalmente, Miguel Sebastián, en este último caso en el segundo Gobierno de Zapatero. Con los dos primeros, el contrato del Castor no pasó los filtros ni de la comisión delegada para asuntos económicos ni tampoco de la comisión de subsecretarios. En cambio, en la etapa de Sebastián como ministro de Industria, se saltaron todos los controles.

Al poco de acceder al cargo en 2008, relatan fuentes socialistas de la época, Sebastián se encontró con el marrón y se sorprendió al comprobar que el expediente había llegado directamente a la mesa del Consejo de Ministros, sin pasar por los filtros previos, promocionado por José Luis Rodríguez Zapatero y la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El contrato para la construcción del almacén gasístico se aprobó por la puerta grande con un artículo que concedía a la empresa concesionaria, controlada por Florentino Pérez, la potestad de abandonar el proyecto durante 25 años teniendo derecho a recuperar la inversión realizada.

Los dos principales valedores del empresario

En aquel entonces, relatan las fuentes, los intereses de ACS y de Florentino Pérez tenían dos valedores principales en las altas esferas socialistas: el propio presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez no quiere ahora que el Gobierno le saque los trapos sucios, por lo que se decanta por no armar ruido en el debate previsto para la semana que viene.

Nadie todavía ha llevado a la Fiscalía el caso, pero el Gobierno ha intentado todas las vías legales posibles para evitar la aplicación del controvertido artículo que da derecho a la compañía concesionaria del Castor a cobrar los 1.350 millones de euros. En este artículo se contempla la renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la fijación de la compensación a percibir en dicha eventualidad. En mayo de 2012, Industria litigó al ver que el contrato firmado en la etapa de Zapatero era lesivo para el interés público. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló en octubre del año pasado que las obligaciones para la Administración incorporadas al contrato no tenían vuelta atrás.

En la batalla de ACS contra Iberdrola

Las mismas fuentes recuerdan que los favores a Florentino del anterior Gobierno socialista no se detuvieron aquí. En junio de 2012, siete meses después de ganar el PP las elecciones, el Ejecutivo de Mariano Rajoy encontró una llave para que las empresas del Ibex pudieran blindarse ante opas hostiles. La puerta elegida para ello fue la ley de Sociedades de Capital y Simplificación de Fusiones y Escisiones. En ella, el PP enterró la conocida como ‘enmienda Florentino’, patrocinada por el Gobierno de Zapatero en 2010 para facilitar el control de Iberdrola por parte de ACS mediante la eliminación de los blindajes empresariales.

La 'enmienda Florentino' fue redactada en La Moncloa en 2010, con Zapatero y el presidente de ACS como testigos

A través de esta enmienda se prohibieron las limitaciones a los derechos de voto con las que contaban entonces algunas compañías en sus estatutos, como la propia Iberdrola, Repsol, amenazada hace años por Sacyr, o Telefónica.

La enmienda, redactada en La Moncloa por el exportavoz parlamentario del PSOE José Antonio Alonsoen presencia de Zapatero y del propio Florentino,prosperó a pesar de la presión ejercida en contra porIberdrola, arropada sin éxito en el Congreso de los Diputados por el Partido Nacionalista Vasco.

Pese a que se le tendió un puente de plata a Florentino para que hiciera valer su 20% en el capital de Iberdrola y tratase de forzar la salida del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, el presidente del Real Madrid fracasó en su propósito. No sólo no pudo desbancar al ejecutivo salmantino sino que se vio obligado a vender la mayor parte de su participación en la eléctrica, presionado por los bancos.

Pero es en el Castor donde Florentino sí se ha salido con la suya. El Ministerio de Industria y Energía se ha visto obligado a acelerar la aprobación de la indemnización para que ACS pueda pagar a sus bonistas los 1.400 millones que les adeuda antes del 30 de noviembre, fecha a partir de la cual tendrían que haber comenzado a recibir su principal más intereses con la entrada en funcionamiento del almacén subterráneo.

Pero el Castor está cerrado y el Gobierno no podía permitirse que ACS incurriera en impago con sus bonistas, dado que el principal de ellos era el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dependiente de Bruselas. Un default de una empresa española por culpa de un activo devuelto al Estado habría dañado la confianza de los inversores europeos en nuestro país.

Florentino Pérez aprovechó esta situación para presionar en Industria y en Moncloa. Se movilizó para tratar de convencer al ministro Soria, a su número dos, Alberto Nadal, al hermano de éste, Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, y a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros, de que lo mejor para ACS y para España era el pago de la indemnización.

Así ha sido. Lo único que ha podido hacer Industria es introducir una salvaguarda jurídica para poder perseguir judicialmente en un futuro a Escal UGS en caso de que se demuestra dolo o negligencia en la gestión del almacén y en la inyección de gas que provocó más de 500 terremotos.


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