Economía

El Gobierno tomará 9.835 millones de euros del Fondo de Reserva en 2015 pese a la recuperación del empleo

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se habrá comido la mitad del Fondo de Reserva al cierre de la legislatura. El nuevo mordisco dejará la hucha de las pensiones en el entorno de los 35.000 millones de euros al término de 2015, prácticamente la mitad de los 66.000 millones que registraba cuando el PP entró en la Moncloa.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan la previsión de tomar 9.835 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a lo largo del 2015, un 18,9 por ciento menos que este año, ejercicio para el que se esperan coger unos 12.127 millones.

Una vez más y pese a la mejora del empleo en 348.000 ocupados, el Gobierno volverá a vaciar el próximo año la hucha de las pensiones con el fin de financiar un déficit de la Seguridad Social que se estima en el 0,6 por ciento del PIB para 2015.

Al cierre de la legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prácticamente habrá extraído la mitad de todos los recursos que había en el Fondo de Reserva cuando entró en la Moncloa. En total, el Gobierno habrá retirado casi 40.000 millones. Sin embargo, gracias a unos 10.000 millones obtenidos entre intereses e ingresos de las mutuas, la cantidad almacenada se situará en el entorno de los 35.000 millones frente a los 66.814 millones que había cuando llegaron al poder.

Los Presupuestos prevén un aumento de los ingresos por cotizaciones del 6,8 por ciento pese a que este año tan sólo han subido hasta julio un escasísimo 0,57 por ciento. Un hecho que obedece a que los desempleados pierden la prestación y por lo tanto la cotización que les abona el Estado. De hecho, la recaudación por cotizaciones exclusivamente de los ocupados en realidad crece un 2 por ciento, unas tasas más próximas a los niveles de creación de puestos de trabajo. Sin embargo, semejante repunte dista con mucho del 8,6 por ciento que el Gobierno espera ingresar de más por las cotizaciones sólo de los ocupados. Es decir, tamaños pronósticos a todas luces se antojan inflados por el lado de los ingresos. Y ello a pesar de que se vuelven a subir las bases máximas de cotización un 5 por ciento, lo que puede reportar en torno a unos 600 millones más.

Los ingresos por cuotas sociales se quedarán en 2015 en las mismas cotas que al comienzo de La Gran Recesión. Pese a haber disminuido los ingresos en unos 9.000 millones hasta los 98.000 millones que se obtuvieron en 2013, el Gobierno augura que entre 2014 y 2015 se habrá recuperado todo lo perdido y la recaudación se situará en los mismos parámetros que en 2008. No en vano, para compensar la falta de recursos, el Estado ha tenido que aumentar su aportación en más de 6.000 millones y hacerse cargo al completo de las prestaciones no contributivas y los complementos a mínimos. De ahí que Montoro insista tanto en que el fraude fiscal es un fraude también al sistema de pensiones.   

Respecto a los gastos, los Presupuestos incluirán una revalorización de las prestaciones del 0,25 por ciento, por debajo de la previsión de inflación del entorno del entorno del 0,7 por ciento. Si bien es cierto que este año muy probablemente los jubilados habrán mantenido su capacidad adquisitiva debido a que el IPC se encuentra en terreno negativo.

La partida de prestaciones contributivas se eleva un 3,2 por ciento hasta los 115.669 millones de euros, por encima de los 109.833 millones que se pretenden recaudar por cotizaciones.

El total de las pensiones ascenderá a los 131.658 millones y representa el 37,9 por ciento de todos los gastos del Estado central. Esta rúbrica asciende un 3,3 por ciento respecto al año anterior y comprende los 115.000 millones de pensiones contributivas que se financian con cotizaciones y los 12.900 millones de clases pasivas y 2.400 millones de prestaciones no contributivas que se pagan con impuestos.

Desde el inicio de la crisis, el desembolso total en pensiones se dispara alrededor de un 32 por ciento y crece en más de 32.000 millones. A este ritmo, el Fondo de Reserva se habrá esquilmado a finales de 2019, un año en el que la sociedad española tendrá que decidir de dónde saca los ingresos adicionales para costear el sistema de pensiones.


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