Según el plan remitido a Bruselas

Los ayuntamientos tendrán que recortar servicios en 2015 por valor de 2.464 millones

El Gobierno ha enviado a Bruselas su plan presupuestario para 2015. Y en él se revela que los ayuntamientos tendrán que aplicar una nueva ronda de ajustes fruto de la reforma local, a pesar de que ésta se encuentra impugnada en el Constitucional y tiene un dictamen contrario del Consejo de Estado.

Las entidades locales tendrán que someterse a otra purga de austeridad después de las elecciones municipales de principios de 2015. De acuerdo con los números remitidos por Hacienda a Bruselas en su plan presupuestario de 2015, los ayuntamientos deberían recortar servicios que no son de su competencia por valor de 2.464 millones de euros.

Entre ingresos y gastos, los municipios tendrán que ajustarse el año que viene en 4.964 millones de euros, es decir, buena parte de los 13.000 millones de ajustes que las Administraciones han de abordar en 2015 para reducir el déficit desde el 5,5 por ciento del PIB hasta el 4,2 comprometido con Bruselas.

Si bien todavía quedan unos 580 ayuntamientos que han incumplido sus metas presupuestarias, todo este esfuerzo se acomete a pesar de que las entidades locales representan el único nivel de Administración que ha conseguido en su conjunto el superávit, gracias a su mayor facilidad para elevar ingresos y reestructurar plantillas y servicios.  

Por el lado de los gastos, el grueso de las medidas se achaca a los efectos de la reforma local. Los ayuntamientos tienen que suprimir servicios que no son de su competencia por valor de 2.464 millones de euros. Tienen que fusionar servicios y disolver empresas públicas con ahorros de 622 y 394 millones de euros respectivamente… Y así hasta alcanzar los 3.721 millones de euros de recortes en total.

La reforma local pretende ofrecer una gestión más integrada y eficiente de los servicios, ordenar y limitar sueldos y forzar la publicidad de los costes efectivos de los servicios. Sin embargo, su desarrollo se antoja plagado de obstáculos. Varias comunidades, distintos partidos políticos y unos 3.000 ayuntamientos la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El propio Consejo de Estado la ha criticado severamente en un dictamen porque vulnera la autonomía local a favor de las diputaciones y porque fija el coste estándar, una figura que obligará a mantener los costes de los servicios dentro de unas franjas pero cuyo funcionamiento no está del todo bien definido y plantea numerosas dudas. En especial para las localidades más pequeñas, las cuales disponen de menos margen para contratar a precios más bajos.

Por el lado de los ingresos, las entidades locales han de recaudar 1.242 millones más en 2015, de los que la gran mayoría obedecen a esfuerzos tributarios. No en vano, 1.700 municipios con 7,4 millones de inmuebles han solicitado la revisión al alza de los valores catastrales. Y el IBI ha sido la única figura impositiva que ha logrado recaudar más a lo largo de la crisis, en torno a un 47 por ciento entre 2007 y 2012, desde los 7.000 a los 10.000 millones, según datos de Hacienda publicados por la comisión de expertos de la reforma fiscal.


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