Publicado: 04/10/2016 07:23
El Gobierno portugués ha exigido por carta y por vía diplomática a España que mantenga la fecha de cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020. La misiva da traslado oficial a la petición que aprobó el parlamento portugués en abril pasado, a petición del Bloque de Izquierda y con el respaldo del partido gobernante (PS), de cierre de la instalación nuclear extremeña que está a unos 100 kilómetros de la frontera.
La decisión del Parlamento luso fue anterior al último suceso nuclear ocurrido en la planta y del que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó a finales de julio. Este pequeño incidente, unido a otros anteriores, provocaron gran malestar en el Gobierno portugués, que se comprometió a intervenir para que España garantice el “escrupuloso cumplimiento de todas las reglas de seguridad”.
El Ejecutivo de izquierdas que preside Portugal es manifiestamente antinuclear y en el país no hay ninguna planta atómica. De ahí que haya una mayor sensibilidad de cara a que cualquier suceso nuclear o a la decisión política de ampliar la vida útil de las plantas españolas.
La construcción de un almacén de residuos en la central extremeña ha disparado las alarmas en el Gobierno portugués
De hecho, tanto el pronunciamiento del Parlamento luso como la carta enviada a España responden a la decisión de España de construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central de Almaraz, que albergará los residuos nucleares de los dos reactores con que cuenta la planta.
El CSN informó favorablemente a la solicitud de los propietarios de la planta para construir este almacén. La decisión da a entender que Almaraz ‘vivirá’ más de 40 años, lo que ha levantado la alerta en Portugal.
En paralelo, el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy ha dado encargo a Enresa para que construya un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), el también llamado basurero nuclear.
La central extremeña cumple 40 años en 2020 y tiene previsto presentar el año que viene la solicitud de renovación de la licencia de explotación por 10 o 20 años más, tal y como han confirmado sus responsables. “Queremos ir a los 50 o 60 años", al igual que las 75 centrales nucleares de la misma generación y tecnología que "ahora mismo en Estados Unidos tienen permisos de explotación a 60 años".
Tanto el Gobierno luso como los grupos ecologistas (portugueses y españoles) han pedido por diferentes vías que las centrales cierren con su vida útil prevista, de 40 años, pero el Gobierno en funciones del PP es partidario de que si las plantas garantizan la seguridad y son plenamente operativas puedan llegar a obtener ampliaciones de la licencia de explotación por 10 o 20 años más.
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