Publicado: 10/02/2015 04:00
El banco malo maneja unos activos inmobiliarios valorados en 50.449 millones y tiene un plazo de 15 años para deshacerse de ellos y venderlos a los inversores interesados. Pero si gana Podemos las próximas elecciones generales, el proceso se detendrá y recuperar este dinero por parte del Estado será misión imposible. La formación de Pablo Iglesias defiende que el banco malo se aprovecha del sector público para favorecer negocios privados, cree que la cesión a las comunidades autónomas de una parte de las viviendas para destinarlas a alquileres sociales no soluciona el problema y propone la creación de una gran banca públicacon capacidad para intervenir en la economía que ponga en manos de la población más necesitada el amplio parque de viviendas del que se deshicieron las entidades financieras hace dos años y medio. Frente a la política que ha promovido el Gobierno de poner "miles de viviendas en manos de fondos especulativos internacionales", es preciso modificar la naturaleza del banco malo, reza su programa.
Podemos defiende la creación de una gran banca pública con capacidad para intervenir en la economía
Fuentes del equipo económico del Gobierno y de la propia Sareb, la sociedad tenedora de estos activos, traducen la propuesta de Podemos al lenguaje coloquial: lo que plantea es que el Estado no recupere los 50.000 millones largos en que están valorados, paralice su venta y regale las viviendas. De esta forma, el rescate bancario acabaría siendo para el contribuyente doblemente costoso, teniendo en cuenta que la necesidad de separar los activos tóxicos del balance de los bancos que han necesitado ayudas públicas fue una de las condiciones puestas por Bruselas al Gobierno español para poder recapitalizar el sistema financiero. Estas condiciones quedaron recogidas en el memorando de entendimiento firmado en el verano de 2012. Desde entonces, el banco malo se ha financiado mediante la emisión de deuda con el aval del Estado. En el plan de negocio de la Sareb se prevé el proceso de desinversión de la cartera de activos y se cuenta con que las tres cuartas partes de los ingresos procedan de su venta. En total, el banco malo recibió 76.000 viviendas terminadas, 3.147 en construcción, 6.300 alquiladas y casi 15.000 solares.
El PSOE, en sintonía con Podemos
El problema sería de tamaño menor, según estas fuentes, si el PSOE no se hubiera sumado a la misma melodía de Podemos. Su secretario general, Pedro Sánchez, ha avanzado algunas ideas, sin precisar tampoco su coste. Además de defender una reestructuración de la deuda privada que beneficie a medio millón de familias, Sánchez ha propuesto que el banco malo ponga en marcha un parque de viviendas sociales “para circunstancias extremas”. La traducción que en el Gobierno se hace también de esta propuesta es muy simple: detrás de ella se esconde una amenaza real de que los 50.000 millones que valen los activos traspasados a la Sareb los acaben pagando los contribuyentes. “Si Podemos gobierna con el apoyo del PSOE, o viceversa, y el futuro Parlamento decide que se regalen las casas, pues habrá que hacerlo, pero tendrán que explicar de dónde sale ese dinero y como negocian con las autoridades europeas”, aseguran en el equipo económico.
Estas fuentes recuerdan que la Comisión Europea ha accedido a que la Sareb no afecte al cálculo de la deuda ni del déficit público estatal, al quedar al margen de la administración. Si se variaran las condiciones, habría que renegociar todo y, muy posiblemente, estos 50.000 millones irían a engrosar las cargas del Estado, disparándose las exigencias comunitarias.
Si varían las condiciones, los 50.000 millones de la Sareb podrían computar en el déficit público
Hay también algo que Podemos y el PSOE ocultan en sus propuestas: el banco malo ya ha puesto a disposición de las 17 comunidades 2.000 viviendas para alquiler social, aunque la receptividad ha sido escasa. De hecho, la Sareb solo ha podido firmar convenios con Cataluña (600 viviendas) y con Aragón (80), mientras está en negociaciones con Cantabria, Galicia, País Vasco y Murcia. Once comunidades, pues, han dado la espalda a esta oferta, a pesar de los problemas de vivienda que arrastran. En el propio banco malo se achaca este rechazo a dos causas: los problemas de gestión que acarrea la aceptación de estas viviendas y el coste político que implica tener que seleccionar a los beneficiarios. El Gobierno andaluz, uno de los más reacios a recibir del banco malo vivienda social, gobierna, precisamente, una de las comunidades con más pisos vacíos procedentes de las entidades financieras, al igual que Madrid, Cataluña y Valencia.
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