Publicado: 04/12/2012 03:50
La actualización de las pensiones era una de las promesas electorales más sensibles y Mariano Rajoy lo sabe. Pero hace ya tiempo que Cristóbal Montoro ha convencido al presidente del Gobierno de que el respeto a los objetivos de déficit es sagrado y, por lo tanto, debe constituir la prioridad absoluta para el Gobierno si de verdad quiere salir de la crisis. Este ha sido también el criterio que ha prevalecido en las discusiones internas del Gabinete siempre que se ha abordado en el último mes y medio el debate sobre la actualización de las pensiones. Tres han sido las personas que más se han involucrado en estas discusiones: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Al final fue una decisión colegiada, pero solo tres personas las que la cocinaron con el beneplácito del presidente, según fuentes seguras.
En el Gobierno se opina que haber afrontado este gasto hubiera supuesto una merma de credibilidad para el ajuste presupuestario
Los tres coincidieron una semana antes de conocer formalmente que el IPC adelantado rondaría el 3% en que sería altamente perjudicial para España dedicar 3.800 millones de euros a la actualización de las pensiones, no solo por el nulo margen que hay para afrontar este gasto sin poner en riesgo los compromisos de déficit, sino también por el duro golpe que hubiera significado para la credibilidad del ajuste en un momento en el que Bruselas y el FMI miran con lupa el cumplimiento de las metas de consolidación presupuestaria una vez que el dinero del rescate bancario está a punto de ingresarse en el FROB para su reparto posterior entre las entidades intervenidas.
De estos debates internos que generó dentro del Gobierno la posibilidad de actualizar las pensiones quedó orillado desde el principio el ministro Luis de Guindos. Días antes de que la decisión fuera a Consejo de Ministros, Guindos desconocía cual iba a ser el fallo final del Gobierno, aunque hacía todo lo posible por disimularlo, comentan fuentes seguras. La paradoja es que una vez conocida la medida, el ministro de Economía ha querido presentarse en algunos círculos empresariales y financieros como su principal impulsor, dando así pábulo a la sensación de que en el Gabinete se vive una especie de Gobierno de coalición entre el sector más fervientemente partidario de las reformas y de la ortodoxia presupuestaria y el llamado sector ‘político’, más condescendiente con las sensibilidades de las que podría depender, en última instancia, la popularidad del presidente y la erosión electoral del PP.
Nada de eso ha ocurrido, aseguran fuentes gubernamentales solventes. “La ministra de Trabajo ha actuado en este asunto con total autonomía y ha respetado el criterio de Hacienda sobre el nulo margen presupuestario con el que contaba el Gobierno para actualizar las pensiones según el IPC”. Y añaden en referencia a Guindos: “Es absurdo que alguien quiera ponerse ahora la dudosa medalla de haber congelado las pensiones por congraciarse con quienes en Bruselas no cesan de exigir más y más recortes”.
La marginación de Guindos de decisiones económicas tan importantes con claro reflejo presupuestario no es ni nueva ni va a ser una excepción, aseguran otras fuentes del Ejecutivo. En el resto de los ministerios del área económica se ha aprendido a actuar con el máximo sigilo para evitar filtraciones o que Economía, sencillamente, reviente las medidas antes de llevarse a la Comisión Delegada. Como botón de muestra se cita la idea de conceder permiso de residencia a aquellos compradores de vivienda no comunitarios que desembolsen un mínimo de 160.000 euros, una iniciativa que cuando fue anunciada por el secretario de Estado de Economía, Jaime García-Legaz, no había sido suficientemente madurada en el Gabinete y disparó la polémica.
"Es absurdo que alguien quiera ahora ponerse la dudosa medalla de haber congelado las pensiones por congraciarse con quienes en Bruselas no cesan de exigir más y mas recortes", dicen en el Gobierno en alusión a Luis de Guindos
En estos momentos, desde Trabajo se intenta que la renuncia a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, decisión que evitará que las arcas de la Seguridad Social carguen con un lastre de 3.800 millones, dinamite el Pacto de Toledo, ya que hay en estudio medidas de gran alcance para hacer sostenible el sistema de prestaciones en las que se buscará un amplio acuerdo parlamentario. El Gobierno quiere evitar también que el recurso al Fondo de Reserva genere dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones y sea utilizado como bandera política por los partidos de la oposición. Va ser difícil de eludir, pues el PSOE anunció ayer que llevará la no actualización de las pensiones al Constitucional, en paralelo al recurso que la Defensora el Pueblo puede presentar contra esta medida si hace caso a los sindicatos.
Al final, con la medida tomada por Trabajo, el año que viene las pensiones se actualizarán solo el 1% de forma general y el doble las que estén por debajo de los 1.000 euros mensuales, mejora que afecta a 6.643.168 pensionistas, el 70% del total. Este año no habrá actualización alguna conforme al IPC.
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