Economía

El expresidente de Unesa atiza a Soria por la reforma energética: ni acabará con el déficit ni bajará los precios

El expresidente de Unesa, Pedro Rivero, y el exdirector del Ciemat con Aznar, César Dopazo, han criticado duramente las medidas adoptadas por el ministro en materia energética que, a su juicio, arrojan un mercado eléctrico "intervenido", en lugar de caminar hacia la pretendida liberalización. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

“Hay dudas suficientes para sostener que la llamada Reforma Eléctrica puede fracasar de ma­nera notoria”. Esta aseveración la firman el expresidente de la patronal eléctrica Unesa Pedro Rivero, y el catedrático y exdirector del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) durante el último Gobierno de Aznar, César Dopazo, quienes se despachan en un duro informe contra las medidas adoptadas por el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Rivero y Dopazo, personajes de gran prestigio en el sector eléctrico, aseguran en el documento Reflexiones sobre la liberalización del Sistema Eléctrico español`` que han elaborado para la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), que, aunque “es aún muy pronto para evaluar sus resultados”, existe “el temor de que –la reforma energética- ni acabe con el déficit tarifario, ni logre una sustancial y duradera reducción de los precios eléctricos, al margen de la situación coyuntural que ahora registra el mercado”.

En este sentido, señalan que para “salir al paso de las críticas generalizadas” el Gobierno “está intentando atribuir a la reforma disminuciones coyunturales de precios del kWh (kilovatio hora)”. Además, inciden en que aunque “el déficit de tarifa ha disminuido”, la realidad es que “sigue vivo y ha ascendido a 3.188 millones de euros en 2013”.

Sobre este punto, reconocen que era un asunto prioritario, pero lamentan que el reparto haya sido tan desequilibrado entre empresas, consumidores y Estado. Al respecto, abogan por sacar de la tarifa todos los costes externos a la producción de electricidad y traspasarlos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Rivero y Dopazo reclaman un Pacto de Estado y un mayor diálogo con los agentes del sector para generar certidumbre

Los autores han realizado un exhaustivo análisis de todas las medidas contenidas por la reforma y las conclusiones son demoledoras. Critican al Gobierno por desarrollar una reforma “de manera parcelada y cortoplacista, focalizándose en cada nuevo acontecimiento o decisión que se van sucediendo”. La “improvisación” se ha impuesto en la estrategia del Ministerio de Industria y lamentan que las medidas ni incluyen fecha de caducidad ni incorporan dosis suficientes de seguridad jurídica. No en vano, señalan, “su mayor parte” están recurridas judicialmente tanto a nivel nacional como internacional.  

Además, tras 6 leyes, 7 Reales Decretos-Ley y más de una decena de Reales Decretos aprobados o por tramitar, denuncian que aún no se han abordado todos los temas previstos. Cuestionan, en este sentido, la falta de diálogo con los diferentes actores para consensuar la reforma. De igual modo, reclaman un Pacto de Estado que ponga “al amparo de cualquier vaivén político” los fundamentos lógicos y esenciales del sistema, es decir, liberalización, competitividad y sostenibilidad. Para el expresidente de Unesa y el que fuera alto cargo de un gobierno del Partido Popular, esta estrategia ha generado “un problema casi tan grave como el que pretende resolver, y que a plazo medio-largo puede tener consecuencias negativas: “la crisis de confianza entre los agentes”.

En esta línea, atacan al Ejecutivo y al regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC) por ocupar el lugar que “debería corresponder en mucha mayor medida a los ‘agentes’ a través de la concurrencia y competencia en el mercado liberalizado”. “Los organismos re­guladores son dependientes del Gobierno, poco eficientes, sin capacidad de actuación y no sirven de contra­punto a decisiones políticas”, advierten.

Rivero y Dopazo hacen hincapié en la “llamativa diferencia” entre la reforma energética y otras como la del mercado laboral, del sector bancario o del sistema fiscal, que han producido, “en balance, un resultado positivo”. Estas reformas, señalan, “se han adoptado mediante iniciativas legales claras e integradas y, sobre todo, inscritas en una perspectiva de liberalización de la activi­dad económica”.

Denuncian que la reforma, "en lugar de alinearse con una perspectiva de liberalización, ha incrementado el intervencionismo público en el mercado eléctrico”

Es precisamente ésta la mayor crítica que realizan a la reforma: “en lugar de alinearse con una perspectiva de liberalización, ha incrementado el intervencionismo público en el mercado eléctrico”. “Se puede hablar sin ambages de un mercado eléctrico intervenido”, subrayan.

En su opinión, esta última tendencia resulta “sorprendente” si se tiene en cuenta que, según datos del organismo regulador de los mercados, el proceso de liberalización y de creciente competencia del sector eléctrico español -en términos de clientes que se pasan al mercado liberalizado (obteniendo precios más baratos), ratio de clientes que cambian de suministrador (por encima del sector de telefonía) o número de empresas que operan en los diferentes seg­mentos de la actividad eléctrica (varios centenares, aunque haya obviamente cinco de mayor dimensión)- “se está acelerando a pesar de los obstáculos regulatorios que lo dificultan”.

Los expertos cuestionan igualmente el nuevo sistema de fijación de precios en el mercado regulado (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor –PVPC), al que califican de “confuso, en el mejor de los casos”. En este sentido, se preguntan cómo ni Gobierno ni CNMC han explicado las causas para la anulación de la subasta Cesur de diciembre de 2013, en una nueva muestra de “falta de rigor y transparencia”.

Rivero y Dopazo, en definitiva, consideran que el sistema eléctrico está en “enfermo, en la UCI, pendiente de pase por el quirófano (la ‘auténtica reforma’) que permita su traslado a planta (periodo transitorio hasta liberalización total) y su definitiva “alta” en el sistema reformado (mercado realmente liberalizado)”. Para ello, abundan, “el cirujano (el Gobierno y el regulador) deben de estar de acuerdo (negociación) con el afectado (empresas eléctricas tradicionales, subsector de energías renovables y consumidores finales) en el diagnóstico y en las medidas (planificación estratégica orientativa cuantitativa y cualitativamen­te establecida), aceptando cada uno su responsabilidad y poniendo urgentemente todos manos a la obra antes de que el enfermo no aguante más”.  


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