Recaudación

Patrimonio, el nuevo problema fiscal de Montoro que puede provocar un agujero de 1.000 millones

Su continuidad depende de los Presupuestos del año que viene y si finalmente se prorrogan, las comunidades autónomas perderán recaudación, sobre todo Cataluña.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro EFE

Solucionado el grave problema del Impuesto de Sociedades, el Gobierno tendrá que afrontar nuevos retos fiscales, como el que se le avecina con el Impuesto de Patrimonio, un tributo cuya vigencia depende de los Presupuestos Generales del Estado. Si finalmente se prorrogan las cuentas, las comunidades pueden perder nada más y nada menos que 1.000 millones de recaudación.

Este tributo fue eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2008, justo antes de que estallara la crisis económica, aunque ya se apreciaban señales de desaceleración. Zapatero dijo entonces que la figura castigaba a las rentas medias. Curiosamente, el mismo Ejecutivo se vio obligado a recuperar el impuesto tres años después para intentar controlar las cuentas públicas.

Aunque endureció el mínimo exento (que pasó de 120.000 euros a 700.000 euros), el impuesto volvió con fecha de caducidad. Debía desaparecer en 2013. El adelanto electoral colocó al PP en el poder a finales de 2011 y desde entonces el equipo de Mariano Rajoy ha prorrogado la vigencia del tributo en cada Presupuesto para no cortar este flujo de recaudación a las comunidades autónomas. 

Pero la situación actual es un poco peculiar. Aún no se ha conseguido formar gobierno y la prórroga presupuestaria es algo inevitable a estas alturas. Si el gobierno no aprueba vía decreto una nueva prórroga del impuesto, desaparecerá automáticamente, lo que puede provocar un serio problema de ingresos a las comunidades.

Según cifras de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, la comunidad más afectada por esta pérdida de ingresos sería Cataluña, que dejaría de ingresar casi 436 millones. También afectaría bastante a la Comunidad Valenciana (107 millones) y a Andalucía (80 millones). Madrid, en cambio, no notaría el efecto porque el impuesto está bonificado al 100% en la comunidad, a pesar de que muchas de las rentas más altas del país residen en Madrid.

PATRIMONIO PERDIDO
PATRIMONIO PERDIDO

El impuesto, según las cifras facilitadas por Gestha, genera un total de 157.275 declarantes. Gran parte de ellos residen en Cataluña (casi 70.000 personas). Comunidad Valenciana, con 17.786 declarantes, y Andalucía, con 16.221, se sitúan a continuación. En el lado opuesto, solo 883 pagan este impuesto en Extremadura. 

DECLARANTES PERSONAS
DECLARANTES PERSONAS

Los técnicos son partidarios de aumentar este impuesto y aseguran que hacerlo no supone, como señalan algunas voces interesadas, una fuga de capitales. Es un gravamen personal por el que tributa la riqueza localizada tanto en España como en el extranjero. Y es difícil que una persona decida dejar toda su vida y trasladarse a otro país solo por este motivo.

La Fundación de Impuestos y Competitividad cree que hay que suprimir el tributo o hacerlo igual en todas las comunidades

En cambio, otros organismos como la Fundación de Impuestos y Competitividad han apostado recientemente por suprimir este impuesto formal y definitivamente, en consonancia con la recomendación realizada por el Comité de Expertos liderado por Manuel Lagares en el año de 2014, antes de la última reforma fiscal.

Ademas, cree que hay que revisar las múltiples obligaciones actuales de suministro de información a las administraciones públicas sobre el patrimonio personal para unificar su contenido y forma de presentación. El objetivo, según explica, es evitar las duplicidades e ineficacias de la situación actual y asegurar la prevalencia de los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Si finalmente se mantiene, cree que hay que elevar aún más el mínimo exento, hacerlo obligatorio para todas las comunidades y fijar una horquilla de tipos marginales mínimos y máximos dentro de los cuáles podrían elegir libremente las comunidades. Aún así, el máximo no debería superar el 1,5% establecido en Francia, el más alto de los países del entorno.


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