Economía

El Pacto de Toledo estudia que el Gobierno no pueda usar el Fondo de Reserva para gastos ajenos a pensiones

Cristóbal Montoro en la Comisión de Hacienda.
Cristóbal Montoro en la Comisión de Hacienda. EFE

La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo del Congreso estudia incluir en sus recomendaciones la prohibición expresa al Gobierno de usar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para operaciones ajenas al abono de prestaciones.

Esta es una de las propuestas que baraja el Pacto de Toledo dentro del debate de revisión de sus recomendaciones, según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, que esta semana debatió, entre otros puntos, cuestiones referidas al fondo conocido como 'hucha de las pensiones'.

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, grupo proponente de este punto, asegura que su propuesta ha sido recibido con cierta aceptación por parte de la comisión, ya que además de la posición favorable del PSOE, también podría encontrar con el visto bueno del PP, que al menos hasta ahora no se ha posicionado en contra.

La utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido uno de los elementos más polémicos en la gestión del sistema público de pensiones, si bien el PSOE ha criticado que, desde 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho lo suficiente para mejorar sus ingresos y, al contrario, ha acabado vaciándolo por los continuos resultados negativos.

Así, frente al montante acumulado de más de 68.000 millones de euros con el que contaba en 2011 --llegó a superar en 2010 los 70.000 millones--, la Seguridad Social 'cuadró' sus cuentas con un préstamo del Estado vía Presupuestos Generales. De hecho, el Gobierno ha asegurado que, en caso de agotarse los fondos, se emitiría deuda para poder pagar las pensiones.

Frente a esto, desde la oposición se ha criticado el uso del Gobierno de estos fondos, ya que además de utilizar las arcas de la Seguridad Social para financiar políticas activas de empleo, también se ha usado para financiar al Estado. En los últimos años, los bajos intereses --negativos incluso-- han hecho que el propio sistema haya tenido que pagar por tener bonos del Tesoro.

En todo caso, la propuesta no forma por ahora de ningún borrador de renovación, y formará parte de las discusiones que se celebrarán en el Pacto de Toledo durante las siguientes semanas. La próxima reunión está prevista para el próximo martes 14 de noviembre.

Hasta el momento, el Pacto de Toledo ha abordado los cinco primeros puntos de sus recomendaciones, si bien la revisión se encuentra condicionada con las significativas ausencias de Esquerra Republicana y PDeCAT, que desde las primeras detenciones de funcionarios de la Generalitat, días antes del referéndum del 1 de octubre, decidieron ausentarse de toda comisión.

Por el momento, el Pacto de Toledo ha abordado el debate de los puntos referidos a la separación de fuentes de financiación, el mantenimiento de poder adquisitivo el mencionado Fondo de Reserva, la financiación, simplificación e integración de regímenes especiales y las mejoras de las bases de cotización.

Algunos de los puntos donde los grupos han encontrado más facilidad para llegar a un consenso, e incluso existe principio de acuerdo es en dejar de financiar con cargo a la Seguridad Social las políticas activas de empleo --las famosas bonificaciones y tarifas planas en el pago de cotizaciones-- o la de descargar al sistema de ciertos gastos administrativos, que serían abonados por el Estado a través de sus Presupuestos.

Sin embargo, el mantenimiento del poder adquisitivo es donde los grupos encuentran más dificultades para ponerse de acuerdo, ya que para PSOE, Unidos Podemos y PNV cualquier revisión pasa por recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que PP y Ciudadanos rechazan volver a la revalorización al ritmo de la inflación.

Sí que ha existido cierto acercamiento, ya que incluso se valoró la posibilidad de encontrar fórmulas que eviten la pérdida de valor de las pensiones, que con el repunte de la inflación, perderán poder adquisitivo. Una de las propuestas, esta del PNV, pasaba por una revisión de las pensiones plurianual, en lugar de cada año, para poder revisar el valor de las prestaciones en momentos con mayores márgenes presupuestarios.


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