Economía

El antiguo comprador de Canalejas pone una demanda contra Botella y González por la reforma del Plan General de Urbanismo

Dicha reforma ha sido denunciada con intensidad por la oposición, que la señala como un caso flagrante de 'urbanismo a la carta'. La parte personada pide cautelares sobre las obras. El Ayuntamiento tiene 10 días para presentar sus alegaciones. 

R&A Palace Gestión, antigua compañía que compró el inmueble Canalejas a Banco Santander, interpuso la semana pasada un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la reforma del Plan General de Urbanismo aprobado el pasado año por la Comunidad de Madrid y a la que se adhirió el Ayuntamiento, para facilitar la reforma del mega complejo Canalejas, compuesto por siete edificios emblemáticos, para desarrollar un hotel de lujo, un centro comercial de alto standing y un aparcamiento.

La entidad, registrada por un grupo inversor inmobiliario madrileño, presentó el pasado 15 de julio la demanda, contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contra el que toda la oposición (PSOE, UPyD e IU presentó alegaciones y que fue aprobado a finales del pasado año haciendo caso omiso de todas ellas.

Los partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo por esta medida, que calificaron de ‘urbanismo a la carta’, denuncia que han compartido otros frentes relacionados con la arquitectura y la protección del patrimonio urbano.

Se solicitaron medidas cautelarísimas (es decir, sin tener en cuenta a la otra parte) que fueron denegadas y ahora se han concedido 10 días de plazo al Ayuntamiento de Madrid para presentar sus alegaciones y ver si entonces son pertinentes las medidas cautelares, es decir, la suspensión de las obras en el complejo. Teniendo en cuenta que agosto no es mes hábil, todo indica que no habrá novedades en este sentido hasta septiembre.

R&A también mantiene un contencioso civil contra Santander. El grupo firmó la compra del inmueble en 2006, adelantando un primer pago de 42 millones de euros. Posteriormente no pudo afrontar la financiación y el banco rompió unilateralmente el acuerdo.

Con posterioridad, Santander vendió el inmueble a OHL, financiándole además gran parte de la operación. R&A se siente maltratado, entre otras cosas porque no pudo beneficiarse de una modificación legal como la que ahora denuncia. 


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