Economía

Uno de los imputados en Novacaixagalicia pretendía ser indemnizado y seguir con su cargo en el nuevo banco

Se trata de Gregorio Gorriarán, que se lo comunicó al presidente ejecutivo, José María Castellano. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente.

El presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (NCG Banco), José María Castellano, ha relatado este viernes en la Audiencia Nacional que uno de los imputados en la causa que investiga las indemnizaciones millonarias cobradas tras la fusión de las cajas gallegas, Gregorio Gorriarán, le hizo saber que tenía interés en liquidar su contrato para luego seguir con la misma responsabilidad en el nuevo banco, al frente de su grupo inmobiliario, aunque fuera cobrando sólo "un euro al año".

Castellano, que escuchó esta propuesta antes de ser nombrado presidente en septiembre de 2011, respondió negativamente pese a desconocer la cuantía exacta de la indemnización con la que este directivo había blindado su contrato.

Así lo han señalado fuentes jurídicas al término de la declaración prestada este viernes por Castellano ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que tramita la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra varios exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias de casi 19 millones de euros que cobraron al salir de la caja producto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

Castellano también habló directamente con otro de los ahora imputados, el exdirector general de la caja única José Luis Pego, a quien trasladó que no iba a contar con él en el futuro banco porque los inversores institucionales extranjeros sugerían una renovación de toda la cúpula que había llevado a la entidad a su actual situación. Si contaba, sin embargo, con el director general adjunto Javier García de Paredes, aunque finalmente no se le incluyó.

Informes que avalaban legalidad

A lo largo de su declaración, que ha durado aproximadamente una hora, Castellano ha reconocido que una vez las conoció al hacerse públicas, las indemnizaciones no le parecieron "éticas" ni "razonables" si bien contaba con informes, tanto del Banco de España como del despacho de abogados laboralistas Sagardoy, que decían que no eran ilegales.

Este último informe fue encargado tras hacerse público el escándalo de las compensaciones. Más tarde, al judicializarse las diligencias abiertas por la Fiscalía, se ha encargado una nueva valoración al despacho de Broseta, que esta vez ha encontrado motivos para fundamentar una demanda laboral contra los tres directivos ya citados más el también imputado y responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.

Informes periciales

Por otro lado, el juez Moreno ha encargado varios informes periciales para aclarar la posible comisión por estos directivos de posibles delitos de administración desleal y alternativamente apropiación indebida.

Concretamente, al Banco de España se le ha pedido que informe de la evolución cuantitativa y cualitativa de los honorarios de los imputados entre 2006 y 2011, de si esas retribuciones eran iguales al del resto de prejubilados por la entidad y de la situación de las cajas cuando entró El FROB. El perito del Banco de España también deberá informar si las indemnizaciones cumplían las normativas nacionales y europeas y sobre la situación patrimonial de la caja.

Por otra parte, se ha encargado a la Dirección General de Seguros otro informe sobre las coberturas de los imputados y sobres sus planes de pensiones, para compararlos con los del resto de la plantilla.  

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para este viernes al presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga a exdirectivos de Novacaixagalicia que se otorgaron contratos con prejubilaciones  millonarias.

Castellano se presenta ante el juez después de que hayan pasado a declarar esta misma semana, también como testigos, tres vocales del consejo de administración de la caja gallega que votaron en contra de las compensaciones investigadas en el momento de ser provisionadas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 -momento en que se podría jubilar-, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.

En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

La querella

En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.

Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.


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