El dinero no está llegando a los proveedores, advierte la plataforma contra la morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha advertido de que los plazos de pago a proveedores han vuelto a alargarse de nuevo tanto en el sector público como en el privado después de que se ejecutase el Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero.

La asociación ha explicado en un comunicado que los pagos se produjeron"de manera puntual, singular y sin continuidad", por lo que, según las estimaciones de sus analistas, las administraciones públicas han comenzado a acumular nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012, "volviéndose así a alargar los plazos por encima de lo que se puede considerar razonable y de lo que estipula la ley para este año (40 días) y para el que viene (30 días).

La plataforma ha recordado que la medida "solo habría sido efectiva si el dinero hubiese llegado hasta el último eslabón de la cadena productiva, y no lo ha hecho en todos los casos, por lo que no se consiguió asegurar el cobro de las subcontratas, es decir, de los proveedores de los proveedores". Asimismo, la PMcM ha señalado que la situación en el sector privado "no es distinta" y que también se han tenido que alargar los plazos de pago entre las empresas por encima de los 75 días que la ley establece para 2012 y de los 60 que establece para 2013.

Para el presidente de la entidad, Rafael Barón, "todo esto redunda en el empeoramiento de la competitividad española y en el deterioro de la ya muy delicada situación de liquidez de las empresas, con cierres de negocios y la consiguiente pérdida de empleo". En su opinión, el Gobierno "tiene una oportunidad de oro para atajar el problema y evitar volver atrás" mediante la trasposición de la directiva 2011/7/UE de medidas de lucha contra la morosidad que tiene que estar operativa en marzo de 2013.

Además, la plataforma propone crear un Observatorio de la Morosidad "que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos, establecer un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros o aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos".