Las autonomías exigen que el Gobierno asuma el coste político del recorte en sanidad y educación

El PP es en estos momentos la formación política que mayor poder acumula en España, en parte debido a su control sobre buena parte de las comunidades autónomas. La mayoría de sus presidentes están poniendo en valor su autoridad, y de qué forma. De hecho, han trasladado al Gobierno que no están dispuestos a asumir el coste político derivado de los ajustes en las  partidas de sanidad y educación, aunque vayan a ser las que en última instancia tengan que introducir la tijera.

Así se explica, según fuentes gubernamentales, que desde La Moncloa se optara por publicitar el volumen final de este recorte, 10.000 millones en total, a través de una simple nota de prensa donde se vincula este ajuste al plan nacional de reformas que el Gobierno tendrá que actualizar antes de fin de mes. Este paso generó cierta confusión, pues hubo quien interpretó que carecía de sentido el anuncio solo unos días después de haberse presentado los Presupuestos de 2012. Pero las destinatarias finales del recorte son las comunidades autónomas, por lo que difícilmente el tijeretazo podía introducirse en las cuentas estatales.

El Gobierno prepara un decreto ley donde especificará el contenido de esta amputación presupuestaria y tendrá carácter de ley básica para que sea de obligado cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas.  En el capítulo sanitario, se especificará la cartera de prestaciones básicas, los límites que se impondrán a la asistencia sanitaria a extranjeros, el funcionamiento de las centrales de compras y todos aquellos aspectos que pueden contribuir a disminuir una deuda que supera los 20.000 millones de euros. En la faceta educativa, el Gobierno definirá el ratio de alumnos por clase y los baremos de gratuidad según los diferentes niveles de la enseñanza.

Una de las principales razones de peso que han llevado al Ejecutivo a elaborar este decreto ley es garantizarse que las comunidades autónomas cumplirán con el objetivo de déficit del 1,5% a finales de 2012, para lo cual se considera esencial tocar a fondo la sanidad y la educación. Consciente de que son las cuentas de las comunidades autónomas las que más desconfianza generan en los mercados, el Gobierno va a intentar escenificar este sábado en una reunión con todos los presidentes autonómicos del PP su compromiso con los objetivos de déficit.

Este jueves, el ministro Cristóbal Montoro consiguió el respaldo de CiU a la ley de Estabilidad presupuestaria y la abstención del PNV, después de admitir que las comunidades puedan ampliar en el futuro los plazos de amortización de su deuda a 20 años si han cumplido con los objetivos de déficit y de garantizar el respeto a las reglas forales.