Economía

Ni renovables ni fracking: Industria se mofa del Defensor del Pueblo

Cortocircuito informativo desde Industria. El Ministerio ningunea al Defensor del Pueblo y no atiende sus solicitudes de información y documentación para analizar temas tan sensibles como el fracking o el hachazo renovable.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entrega al presidente del Congreso, Jesús Posada, su balance sobre 2014.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entrega al presidente del Congreso, Jesús Posada, su balance sobre 2014. EFE

El Ministerio de Industria la tiene tomada con el Defensor del Pueblo, la institución a la que en los últimos años han acudido los ciudadanos, empresas, asociaciones e inversores afectados por las duras medidas aplicadas por su titular, José Manuel Soria, en infinidad de sectores.

Soledad Becerril ha canalizado un buen número de estas quejas y, como consecuencia de ellas, ha enviado requerimientos de información al Ministerio, que en la mayoría de los casos ha hecho caso omiso. Este diario informaba esta semana de que Industria no ha facilitado al Defensor del Pueblo la información y documentación requeridas sobre el hachazo a las energías renovables.

Pero lo mismo ha hecho con el fracking, el sistema de fractura hidráulica que permite extraer gas y petróleo no convencionales. El equipo de Becerril ha pedido ya a Industria en tres ocasiones información sobre esta novedosa técnica para analizar los posibles riesgos medioambientales y de otro tipo derivados de ella y en qué medida contribuirán de forma positiva a la economía española, tal y como defiende el propio Ministerio.

El Defensor del Pueblo presentó la primera solicitud en diciembre de 2014. La callada por respuesta de Industria, que ha hecho lo mismo con la petición enviada en marzo de este año, pese a que ésta era de urgencia.

Becerril ha pedido ya en tres ocasiones que le faciliten información necesaria para valorar el impacto del fracking en España sin obtener respuesta alguna

Ante la reiterada negativa de Soria y su equipo de facilitar esta información, la institución acaba de lanzar la tercera petición, recordando, al igual que ha hecho con la solicitud sobre las renovables, que “todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones”.

El actual Gobierno ha introducido en la reforma de la Ley de Hidrocarburos una serie de cambios normativos para facilitar el desarrollo del fracking en España.

Pero hay un movimiento social y ecologista en contra de este fenómeno, cuyo rápido desarrollo ha revolucionado el sector energético en países como Estados Unidos y es una de las muchas causas de que el petróleo esté tan barato (en torno a 60 dólares el barril Brent).

Las quejas y denuncias contra el fracking han llegado al Defensor del Pueblo, que ha podido constatar que se están tramitando permisos de investigación sin que se haya demostrado que las técnicas utilizadas son inocuas para el entorno.

En la solicitud de diciembre, esta institución insistía en la necesidad de contar con toda la información disponible que acredite que “existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos”.

Nada de esto ha llegado aún a los registros del Defensor del Pueblo.


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