Economía

Montoro baraja establecer un sistema de avales públicos para que los proveedores puedan cobrar siempre

Hacienda estudia que las empresas puedan acudir a las entidades financieras y descontar las facturas con una garantía pública. Todavía en proceso de maduración, este plan complementará al Fondo de Liquidez Autonómico y el Pago a Proveedores para asegurar que la liquidez llega a las compañías suministradoras. Las patronales calculan que las Administraciones aún deben a los proveedores unos 5.000 millones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, baraja un sistema de avales para que los proveedores puedan cobrar cuanto antes de la Administración. Todavía en proceso de maduración, la idea consiste en que el Estado aporte garantías públicas para que las empresas puedan acudir al banco y obtener su dinero.

El problema reside en que ahora los bancos ya no descuentan efectos y las compañías suministradoras se ven asfixiadas por la falta de liquidez mientras aguardan el cobro. Sin embargo, si el Estado brindase un aval público, entonces la entidad financiera podría adelantar los cargos sin mayores dificultades e incluso lograr beneficios con ello, según confirman varias fuentes cercanas al Gobierno.

El esquema podría asemejarse al confirming o el factoring, por el cual si el proveedor quiere cobrar antes podría dirigirse al banco y con la garantía del Estado podría descontar allí la factura a cambio de costear el gasto financiero y la comisión. Este sistema de avales completaría al Fondo de Liquidez Autonómico y el Pago a Proveedores para asegurar que las empresas no se ven privadas de liquidez.

Llamada de atención de Bruselas

La Comisión Europea ha dado un toque de atención al Reino de España para que solvente los problemas de circulante que ocasiona entre sus proveedores. De hecho, le apremia con una directiva que establece que el pago se ha de desembolsar en 30 días.

El Ejecutivo ya había introducido la obligación de que las facturas se abonasen al cabo de un mes. Sin embargo, esta intención se ha demostrado imposible. El sistema no ha funcionado por varias razones.

Sin caja y con burocracia

Por un lado, se demora mucho la llegada de la factura hasta la tesorería que debe librar el pago. El ejemplo habitual es el de un hospital que remite la nota a la red de salud, para que luego ésta la traspase a la Consejería de Salud, que a su vez la envía a la de Hacienda. En esa cadena, siempre se pierden al menos unos meses.

Para hacer frente a este obstáculo, tal y como avanzó Vozpópuli, Hacienda ya ha previsto que se instale un sistema de registro electrónico a imagen del creado en Cantabria, que hará que todos las facturas estén centralizadas y contabilizadas al instante.

No obstante, el mayor reto se halla en la liquidez. Las Administraciones territoriales se quejan de que no tienen caja. Sobre todo porque, pese a los recursos conseguidos gracias al Fondo de Liquidez Autonómico y el Pago a Proveedores, todavía arrastran déficits sin financiar de años anteriores: el Estado sólo permitía a las Comunidades financiarse hasta el tope fijado de déficit y todo lo que se han pasado de esos objetivos durante los últimos años no se ha financiado y, por lo tanto, ha ido engordando una bola de nieve. Muchos ayuntamientos y organismos se quejan de que no han ingresado las transferencias que les deben las autonomías.

Otra vez facturas sin pagar

Un año después del primer plan de pago a proveedores, las patronales calculan que las facturas acumuladas ya ascienden a los 5.000 millones. Según el resumen ejecutivo de ejecución presupuestaria de las CCAA, éstas ya presentan en la cuenta 413 obligaciones de pago por valor de 10.000 millones de euros, lo que incluye desde desembolsos imprevistos hasta facturas. Otras estimaciones sitúan la cifra adeudada en el entorno de los 2.000 millones.

Montoro había anunciado que en el futuro las empresas podrían llevar la factura a Hacienda y cobrarla, de modo que a continuación el Estado la restaría de las transferencias a la entidad territorial. Sin embargo, este mecanismo implica que la Administración central se hace cargo de los costes de tesorería y la burocracia.

Por eso, fuentes consultadas explican que los avales podrían resolver esta cuestión para las pequeñas facturas, mientras que los grandes proveedores podrían arreglárselas tratando con el Estado central.    

Obsesionado con que el Estado pague a tiempo, Montoro ha hecho de esta materia uno de sus principales caballos de batalla, y ha logrado en este campo algunos de sus mayores logros. El primer plan de pago a proveedores supuso una importante inyección a las empresas, y el Fondo de Liquidez Autonómico le ha servido para embridar las cuentas autonómicas. De llevarse a cabo con éxito, este sistema de avales podría representar la pieza que cierra el círculo.


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