La banca, cerca de salvar 30.000 M. en el cambio fiscal que negocia con Montoro

La banca comienza a tomar aire ante el compromiso de Hacienda de proporcionar una solución fiscal para evitar el agujero de 50.000 millones, como adelantó este medio el pasado 30 de junio, en capital que supone la nueva regulación de Basilea III relativa a los activos fiscales diferidos (DTA's, en inglés). Pese a que las negociaciones no están cerradas, las entidades cuentan ya con el compromiso de Cristóbal Montoro, según aseguran fuentes conocedoras del proceso, de que la nueva norma logrará mantener como capital algo más de 30.000 millones del monto total de 50.000 millones de créditos fiscales que ya tiene activado el sector financiero español. "Las negociaciones se centran ahora en conseguir el otro tercio restante", explican estas mismas fuentes.

Al igual que sucede con los activos ponderados por riesgo, los conocidos como APR's, la normativa española penaliza más a la banca de nuestro país por sus activos fiscales diferidos frente al resto de sistemas financieros de Europa. El elevado número de provisiones que dotaron las entidades españolas en 2012, como consecuencia de los dos decretos Guindos, ha provocado que se haya incrementado de forma significativa el volumen de activos fiscales diferidos en los balances de la banca española. De hecho, el sector financiero español cuenta con un volumen de DTA's hasta cinco veces superior al de cualquier homónimo europeo. Incluso, sin contabilizar el efecto del enorme saneamiento del ladrillo, la banca española está por encima de la media europea por la norma del Banco de España que obliga a realizar anualmente una provisión genérica, una especie de hucha que se hace en los tiempos de bonanza para utilizarla en momentos de crisis.

Esta situación alertó a la Troika en su última visita a la banca española, el pasado mes de junio. En su informe no sólo hace un llamamiento para reforzar el capital de la banca española sino que recomienda encontrar una solución para corregir esta situación de exceso en los DTA's.

Hacienda está dispuesta a ceder con los DTA's que se generan por las provisiones genéricas, de los decretos Guindos y de los fondos de prejubilación

La banca, sin embargo, comenzó a negociar la medida con los ministerios de Hacienda y Economía hace aproximadamente mes y medio, antes de la llegada de los 'hombres de negro' a España. "Desde principios de año se habían producido conversaciones, pero las negociaciones no comenzaron hasta que no se aprobó la norma definitiva por parte del Comité de Basilea y se comprobó que la banca española perdería esta importante cantidad de capital", aseguran fuentes del sector.

Esta nueva imposición de Basilela III descuenta los activos fiscales diferidos como parte del capital de máxima capital (el Core Tier 1), a razón de un 10% anual hasta su implantación definitiva en diez años. Sin embargo, el mercado y los próximos test de estrés que realizará el Banco Central Europeo (BCE), a través de la EBA, el próximo verano, a la banca europea obligan al sector financiero español a anticipar la medida casi de forma inmediata.

En la mayoría de países de Europa, al menos en Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, sus sistemas financieros están protegidos ante esta próxima reglamentación de Basilea bien porque pueden compensar sus DTA's con beneficios del pasado (es el caso de Reino Unido, Alemania o Francia) bien porque cuentan con un aval del Estado, como sucede en Italia, para que puedan seguir contabilizándose como capital.

La solución 'a la italiana' que maneja Hacienda, que implicaría un aval del Estado, sólo impactaría en el déficit público en el caso de que un banco entrase en liquidación

La 'solución italiana' es la mejor colocada en la mesa de negociación con Montoro. De hecho, Hacienda se niega en redondo a aceptar la vía del 'carry back' fiscal alemana o francesa, porque le generaría un importante agujero en las cuentas públicas de los próximos ejercicios. La fórmula del aval del Estado conseguiría que se computase como capital todos aquellos activos fiscales diferidos que se generan sobre provisiones cuantificadas en función de pérdidas futuras, como la genérica o los dos decretos Guindos, o los fondos de prejubilaciones que dotan los bancos para complementar la indemnización de un trabajador hasta que empieza a percibir la jubilación de la seguridad social. 

Hasta el momento, quedan fuera otro tipo de DTA's, como, por ejemplo, los fondos de comercio, que se se generan cuando se efectúa una operación coorporativa. La banca está intentando conseguir que Hacienda también salve éstos últimos que suponen un volumen para todo el sector en el entorno de los 15.000 a 18.000 millones de euros. Sabadell, Popular o Caixabank serían las entidades más beneficiadas por estas medidas.

Pese a que no hay fecha para la aprobación de esta nueva norma fiscal, en el sector, por donde ya corre algún borrador inicial, se confía en que se pueda cerrar el acuerdo en las próximas semanas. En cualquier caso, según estima la banca, antes de que se proceda a la venta de Novagalicia y Catalunya Caixa. La próxima legislación supondrá una ventaja más para los compradores de estas dos entidades nacionalizadas ya que podrán computarse como capital gran parte de sus activos fiscales diferidos, opción que llegó a plantearse en la última subasta de Catalunya Caixa que quedó desierta. De esta manera, se despejará la incógnita de una posible ampliación de capital para los compradores con el fin de compensar las pérdidas que no lleguen a estar cubiertas por los esquemas de protección de activos que ahora Economía está dispuesto a conceder.

El cambio fiscal favorecerá a los compradores de Novagalicia y Catalunya Caixa puesto que asumirán como capital propio los activos fiscales diferidos de las nacionalizadas

Hacienda y Economía están terminado de diseñar la fórmula después de múltiples reuniones al más alto nivel con presidentes y consejeros delegados de los grandes bancos españoles. Hacienda pretende minimizar el impacto de esta medida en las cuentas públicas. A la postre, estos activos fiscales diferidos funcionan como una especie de esquema de protección de activos por el que las entidades reducen su carga impositiva en caso de que aparezcan pérdidas si pueden compensarlos con beneficios futuros. Es decir, se dejan de pagar impuestos, porque ya se ha hecho al efectuar la provisión, cuando aparecen las pérdidas siempre que la entidad tenga capacidad de generar ganancias en siguientes ejercicios.

La banca defiende que la nueva medida fiscal sólo tendría efecto en el déficit del Estado, y por tanto en su deuda, en el caso de que una entidad entrase en liquidación. De esta manera, el Estado tendría que perdonar los impuestos, con el consiguiente agujero que generaría en las cuentas públicas de ese año, si las pérdidas aplicadas a accionistas, titulares de híbridos e inversores de deuda sénior no fueran suficientes para pagar el coste de la desaparición de un banco. Hacienda, sin embargo, considera que puede haber más situaciones en las que se podría incurrir en déficit.

La mayoría de las entidades superan actualmente el 9% de core capital, en parte, por esta bolsa de 50.000 millones de activos fiscales diferidos que aparecen apuntados en sus balances.