El Gobierno y los agentes sociales abren mesas de negociación sobre empleo, protección social y pensiones

Rajoy y los sindicatos entierran el clima de choque que dejó la huelga general y recuperan el diálogo social a espaldas del PSOE

No habrá un gran pacto de Estado para la salida de la crisis, pero el Gobierno, los sindicatos y los empresarios se han comprometido esta mañana a recorrer juntos el camino para facilitar la creación de empleo, aumentar la eficacia del gasto social y reformar las pensiones buscando la “unidad de acción” en las medidas que puedan contribuir a que Bruselas abandone el discurso monocorde de la austeridad.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez (i) e Ignacio Fernández Toxo, en su rueda de prensa en La Moncloa.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez (i) e Ignacio Fernández Toxo, en su rueda de prensa en La Moncloa. EFE

Mariano Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han salido esta mañana satisfechos de la reunión de más de dos horas que han mantenido con Cándido Méndez (UGT), José Ignacio Fernández Toxo (Comisiones), Juan Rosell (CEOE) y Jesús Terciado (Cepyme). Todos ellos han comprobado el margen nulo que hay para cocinar un gran pacto de Estado contra la crisis, pero también el generoso espacio que se abre para pactar asuntos sectoriales de la máxima importancia como los que atañen a la reforma de las pensiones, la creación de empleo y la protección social. En este contexto, han acordado, además, trabajar en sus respectivos ámbitos en una unidad de acción que promueva un cambio de rumbo en Europa a favor de los estímulos al crecimiento. Desde que comenzó la crisis en 2008, ha recordado el presidente del Gobierno, la eurozona ha decrecido un 2,9%, mientras que el crecimiento en Estados Unidos fue del 3,3%.

La reunión de esta mañana en La Moncloa ha servido, según fuentes gubernamentales, para enterrar el clima de choque que dejó la huelga general de noviembre pasado, la segunda que tuvo que encarar Mariano Rajoy desde su llegada al Gobierno, para dar paso a una atmósfera de entendimiento a espaldas del PSOE y del resto de los grupos parlamentarios. El propio presidente ha recordado que el principal partido de la oposición ha propuesto un acuerdo nacional después de rechazar pactos tan importantes como el que le ofreció el Gobierno sobre la ley de Estabilidad Presupuestaria, la reestructuración del sistema financiero o la reforma laboral.

Tanto Cándido Méndez como José Ignacio Fernández Toxo han subrayado su renuncia a “actitudes maximalistas” y han dado por bueno sectorializar la negociación con el Gobierno en áreas como la de la reforma de las administraciones públicas, la negociación colectiva, el paro juvenil y las políticas de formación. “Se ha recuperado el diálogo social”, ha admitido el secretario general de UGT, “después de haber estado roto durante todo 2012”.

Los sindicatos han presentado al Gobierno un documento en el que abogan por ampliar la recaudación fiscal mediante la lucha contra el fraude, nuevos impuestos a las grandes fortunas y otra regulación para las sicav. Al mismo tiempo, reclaman mayores presupuestos para el gasto social, pero sin cuantificar ninguna de las medidas que proponen. Rajoy ha restado importancia a los temas donde no hay acuerdo con las centrales y ha asumido que al Gobierno le toca correr con la erosión provocada por los ajustes ya que la prioridad en La Moncloa sigue siendo la reducción del déficit, condición indispensable para que desde Europa se lleguen a promover políticas a favor del crecimiento económico. “Lo más urgente”, ha insistido Rajoy, “es conseguir que haya crédito para las empresas y que el BCE se muestre más activo, hay que moverse en Europa”, les ha dicho a los agentes sociales.

La reunión de hoy venía bastante trabajada, pues al propio presidente se le ha escapado que se han producido reuniones “no públicas” con los agentes sociales en las que les ha explicado las dificultades que encuentra el Gobierno para convencer a Bruselas de que no todo debe basarse en las políticas de austeridad, así como los obstáculos que existen para reformar las administraciones y dotar de mayor eficacia al gasto público.


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