Publicado: 25/07/2014 04:00
A pesar del oxígeno aportado este jueves por la EPA- aumento de la ocupación en más de 400.000 personas en el último trimestre-, el Gobierno sabe que en los arranques de casi todas las recuperaciones económicas es cuando se producen, precisamente, los estallidos sociales, pues siempre quedan capas de población que han capeado la crisis con resignación pero se revuelven cuando cambia el viento y perciben que la mejoría no llega a su bolsillo. Sigue habiendo en las estadísticas 5,6 millones de parados y los sindicatos tienen cada vez más difícil quedarse quietos. Con esta experiencia probada, Mariano Rajoy ha convocado el próximo martes a los máximos responsables de UGT, Comisiones y CEOE para plantearles un gran pacto a favor de la recuperación que incluya, también, ciertas garantías de paz social.
UGT y Comisiones exigen un plan de choque contra el paro y una renta básica para los desempleados sin prestación
En lo que va de legislatura, el Gobierno solo ha alcanzado con los sindicatos un acuerdo de moderación salarial mientras que la mayoría de las reformas trasladadas al Congreso han llegado con el rechazo de las centrales. Ha arrancado la segunda parte de la legislatura y Rajoy quiere que sindicatos y empresarios sumen fuerzas para facilitar la creación de empleo, el crecimiento de la demanda interna y la salida de la crisis. “No es el tiempo de las protestas, sino de arrimar el hombro entre todos”, es el mensaje que el martes el presidente transmitirá a sus invitados.
La ministra Fátima Báñez prepara la reunión
La reunión de La Moncloa ha sido precocinada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, muy consciente de las demandas sindicales. Lo que exigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo es un doble plan de choque contra el paro que integre medidas para proteger mediante una renta básica a los desempleados que han perdido la prestación, para aumentar la inversión pública y para subir también los salarios en aquellos sectores que ya se están beneficiando de la recuperación.
Detrás del gran acuerdo en el que trabaja el Gobierno también se esconden intenciones claramente políticas. “El presidente quiere evitar un otoño cubierto de protestas sindicales que nublen el debate presupuestario”, confiesa un miembro del equipo económico. Será en octubre y marcará el arranque de la campaña electoral para las municipales y autonómicas de mayo. El de 2015 no será, ni mucho menos, un Presupuesto expansivo, pero sí permitirá más alegrías que el de los tres últimos ejercicios. Y, sobre todo, se recuerda en el Gobierno, será el gran estreno de Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, como tribuno parlamentario. Si sale derrotado, puede quedar desarmado tres meses después de haber iniciado su carrera. Si supera airoso el duelo, habrá ganado muchos puntos para afianzarse como futuro cartel electoral, se admite en su propio partido.
El porcentaje de mayor pobreza, en los gobiernos de Zapatero
Rajoy quiere llegar a este debate con los sindicatos bien sujetos y con un aviso alto y claro: se han acabado los recortes. El gasto social de las administraciones públicas va a suponer este año el 64,6% del gasto total, es decir, casi dos tercios, un porcentaje similar al del ejercicio pasado y el anterior, y dos puntos más que en el último año del Gobierno de Zapatero. En el último ejercicio cerrado, el de 2013, este gasto supuso el 28,5% del PIB, frente al 28,4% de los años 2011 y 2012. Además, el porcentaje más elevado (22,2%) de personas en riesgo de pobreza se dio en 2011, después de una legislatura en la que la destrucción de empleo batió todos los récords.
El Gobierno está atento al estreno de Pedro Sánchez en el debate presupuestario y quiere contar con la complicidad de los sindicatos
Con estos mimbres y a pesar de que el martes no se anunciará todavía el cierre de ningún gran pacto, el Gobierno espera conseguir un compromiso de sindicatos y empresarios para evitar la conflictividad social dentro de un ciclo electoral –quedan solo dos periodos parlamentarios de sesiones– que, si las legislativas no se adelantan, tendrá un recorrido mínimo de 17 meses, tiempo que en el equipo económico se considera clave para consolidar la salida de la cris
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