Publicado: 05/09/2013 14:08
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana en el debate del estado de la región un nuevo programa de empleo por el que el Gobierno regional cubrirá por un periodo de tres meses el salario de los trabajadores que sean contratados, que es el equivalente a sufragar con dinero público el 75% de los costes salariales y cotizaciones para los nuevos empleos estables.
Los empresarios solo tendrán que costear el 25% del salario y las cotizaciones a la Seguridad Social, según el anuncio de Cospedal
La secretaria general del PP pilota una comunidad autónoma con más de 250.000 parados. La última Encuesta de Población Activa (EPA) dejó la tasa de desempleo en esta región en el 30,2%, porcentaje que se dispara hasta el 63% en el caso de los menores de 25 años. En total, esta comunidad ha invertido hasta ahora 352 millones anuales en sus planes de promoción de empleo, en los que se incluyen bonificaciones ala SeguridadSocial, deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y cursos de formación.
María Dolores de Cospedal ha anunciado también una partida de 83 millones de euros destinada a convenios con las entidades financieras para facilitar créditos a las pequeñas y medianas empresas.
En sintonía con el discurso económico del Gobierno central, la presidenta de Castilla-La Mancha ha confirmado que el año que viene no le hará falta realizar un ajuste presupuestario tan voluminoso como en 2012, ya que Hacienda le ha dejado un margen para el déficit de este año hasta el 1,3%, frente al 1,5% del ejercicio pasado, y para 2014 podrá situarlo en el 1%.
Las arcas regionales se verán resentidas por la devolución de hasta 370 millones procedentes de la supresión del impuesto nuclear
Sin embargo, Cospedal ha advertido que las arcas públicas tendrán que hacer frente a la devolución de entre 250 y 370 millones como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (Idaima), que gravaba la contaminación, el almacenamiento y la producción termonuclear de energía eléctrica. A juicio del gobierno regional, esta fue una de las peores herencias recibidas del ex presidente José María Barreda.
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