Puertos del Estado

Marcha atrás de Fomento: sugiere a los estibadores cómo esquivar el Decreto que acaba con su monopolio

En apenas dos semanas, el planteamiento del Gobierno respecto a la liberalización de la estiba ha cambiado radicalmente: de querer aprobar cuanto antes un Decreto Ley para neutralizar la negociación colectiva a retrasar el trámite y sugerir a los sindicatos propuestas para que sus reivindicaciones salgan adelante.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,iz., y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar,d., poco antes de la reunión con los representantes sindicales del sector de la estiba y la patronal Anesco.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,iz., y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar,d., poco antes de la reunión con los representantes sindicales del sector de la estiba y la patronal Anesco. EFE

El conflicto de la estiba ha dado un vertiginoso giro en apenas dos semanas, en las que los trabajadores del sector han demostrado estar en una clara posición de ventaja. La prueba es el cambio de actitud del Gobierno, que ha pasado en apenas 15 días de querer aprobar un Real Decreto Ley que liberalizaba el sistema y terminaba con décadas de monopolio y privilegios a sugerir a los estibadores cómo deben actuar para introducir sus reivindicaciones al margen de la norma que, de este modo, quedará neutralizada.

Un día después de que el Ejecutivo decidiera dejar para más tarde la aprobación del Real Decreto Ley, el Ministerio de Fomento emitía un comunicado en el que instaba a patronal y sindicatos a que aprovechara ese margen de tiempo para alcanzar acuerdos en la negociación colectiva, "donde sí se pueden incluir aspectos que no tienen cabida en el Real Decreto Ley de reforma de la estiba por expreso mandato de la Comisión Europea".

El departamento dirigido por el ministro Íñigo de la Serna va más allá e incluso aporta como ejemplo una de las reivindicaciones de los sindicatos de la estiba: la creación de un registro de trabajadores. Un punto que la Comisión Europea ha rechazado de plano al considerar que atenta contra el espíritu de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se condenaba al Estado por mantener un sistema de estiba contrario al principio de libertad de establecimiento reflejado en el Tratado de la Unión.

Entre las dos posturas tan diferentes, una convocatoria de huelga (canjeada posteriormente por el retraso en la aprobación del Decreto), la constatación del poder de los estibadores para bloquear los puertos y generar cuantiosas pérdidas a la economía española (hasta 50 millones diarios, según apuntó la Plataforma de Inversores Portuarios, PIPE) y también la falta de apoyos del Ejecutivo para sacar adelante la norma en el Parlamento.

Las empresas se resignan

Con este escenario, las empresas estibadoras dan por hecho que el Real Decreto llegará acompañado por un convenio que minimizará algunos de los efectos liberalizadores de la norma pactada con Bruselas. A estas alturas, los operadores portuarios consideran prácticamente inevitable que los estibadores se salgan con la suya en la subrogación de los trabajadores por parte de las empresas.

De esta forma, tendrán que ser las compañías los que corran con los costes de sustituir a los antiguos estibadores por trabajadores del mercado libre, con un salario más competitivo. Está previsto que el Decreto contemple que sean las autoridades portuarias las que se hagan cargo de los pasivos laborales, precisamente para facilitar a las compañías dar el paso hacia la contratación de personal que no pertenezca a las sociedades de estibadores.

Los operadores portuarios consideran prácticamente inevitable que los estibadores se salgan con la suya en la subrogación de los trabajadores por parte de las empresas

Una vez que los estibadores han demostrado su fortaleza, las empresas tratarán en la negociación colectiva que los sindicatos no sean capaces de introducir aún más medidas que neutralicen el efecto del Decreto.

A estas alturas, el Gobierno parece conformarse con sacar adelante el Decreto, antes de que llegue una segunda sentencia europea, que condenaría a España a una multa de 134.000 euros por día y haría efectiva la sanción de cerca de 22 millones de euros que acumula en la actualidad por no ejecutar la sentencia condenatoria original. Para ello necesita un apoyo parlamentario que está condicionado a que triunfe la negociación colectiva.

Si Bruselas no pone problemas, el Ejecutivo habrá salvado los muebles y evitado males mayores con las huelgas. Pero las aspiraciones de liberalizar el sistema de la estiba quedarán muy lejos de la realidad.


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